La Comisión Europea ha decidido retirar la financiación a la Federación de Asociaciones Familiares Católicas en Europa (FAFCE), organización fundada en 1997 con el fin de promover y defender a la familia, basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, ante las instituciones europeas.
La decisión llega en un momento en que la Unión Europea ha dado recientemente luz verde a iniciativas que impulsan el llamado turismo de aborto financiado por los europeos y la imposición del reconocimiento de las uniones homosexuales en todos los Estados miembro.
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En contraste, la financiación se niega a esta federación católica, con sede en Bruselas, que agrupa a 33 asociaciones de 20 países europeos y que actualmente está activa ante las instituciones de la UE, el Consejo de Europa y la ONU.
A finales de noviembre, la UE congeló sin ofrecer explicación los fondos destinados a los proyectos presentados por la FAFCE, pese a que varios de ellos estaban orientados a la protección de menores frente a la pornografía o a la seguridad digital, ámbitos que la propia Unión considera prioritarios.
El presidente de la FAFCE, Vincenzo Bassi, afirmó que el rechazo de la Unión Europea se fundamenta en supuestas deficiencias vinculadas al enfoque de género y a los criterios de igualdad que promueve la propia UE.
En declaraciones a ACI Prensa, Bassi afirmó que son objeto de una discriminación sistemática, ya que parece que “la experiencia familiar no es compatible con los valores de la Unión Europea”.
Este rechazo, reafirma Bassi, “no se debe a cuestiones técnicas, sino a un prejuicio ideológico explícito”, debido a que la Unión Europea no concibe a la familia “como un actor social relevante”.
Además, alerta sobre un proceso más amplio de imposición ideológica y desplazamiento competencial en temas como el aborto, la familia y la identidad. El objetivo de la UE, precisa, es “transformar decisiones políticas en decisiones jurídicas para imponerlas a los Estados miembros”.
Según explica, a través del llamado soft law —resoluciones no vinculantes que generan consenso jurídico— la UE invade competencias que los tratados reservan exclusivamente a los Estados, especialmente en materias como la familia o el aborto. Esto permitiría, por ejemplo, presionar a países con legislaciones más restrictivas, alegando violaciones del “Estado de derecho”.
Bassi dijo que esta deriva supone un abandono del espíritu original de los padres fundadores de Europa, quienes “concebían la integración europea desde la cohesión social y el fortalecimiento de las familias”.
En cambio, el italiano denuncia que hoy predomina un “modelo burocrático” que “quiere enseñar a mi abuela cómo cocinar la pasta”, en lugar de proporcionar los medios para vivir mejor.
Pese a la gravedad de la situación financiera, ya que —asegura— “sin la comunidad católica corremos el riesgo de no poder continuar”, Bassi se declara optimista. Considera que el invierno demográfico europeo y las contradicciones internas están creando un espacio propicio “para un debate serio sobre la familia”. Su objetivo, señala, no es enfrentar a la Unión, sino proponer una alternativa auténticamente “popular”, fiel a las raíces y vocación de Europa.
Especializada en información religiosa en España desde 2015, ha sido corresponsal senior de ACI Prensa y EWTN Noticias en el Vaticano y actualmente es corresponsal de Europa con base en España.
