La Iglesia en Europa pide frenar una iniciativa que promueve el aborto financiado por la UE

La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) ha manifestado “su seria preocupación” por la iniciativa My Voice, My Choice (Mi voz, mi elección), que propone la creación de un mecanismo que promueve el aborto financiado con los impuestos de los ciudadanos europeos.

Ante la votación de la propuesta este miércoles en el Parlamento Europeo, los obispos del viejo continente rechazan la “división ideológica” y abogan por “políticas prudentes que protejan y apoyen verdaderamente a las mujeres, salvaguardando al mismo tiempo la vida humana no nacida”. 

En nombre de la Iglesia Católica en Europa, la COMECE hace un firme llamamiento a los miembros del Parlamento para que ejerzan su responsabilidad a la hora de votar esta iniciativa, que pretende garantizar el acceso al aborto con independencia de los marcos jurídicos nacionales. 

En consecuencia, subrayan que si bien el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) insta a la Unión a mejorar el acceso a una atención sanitaria de calidad, también establece claramente que “la acción de la Unión respetará las responsabilidades de los Estados miembros en cuanto a la definición de su política sanitaria y a la organización y prestación de los servicios sanitarios y de la asistencia médica”.

Según COMECE, esta disposición es especialmente relevante “en ámbitos altamente sensibles como la regulación del aborto”, en los que los Estados miembros han adoptado distintos marcos jurídicos que reflejan opciones éticas, culturales y sociales.

“Un mecanismo de apoyo financiero no debe tener como objetivo ni como efecto socavar la legislación de orden público de los Estados miembros ni las decisiones sanitarias y éticas adoptadas por los Estados miembros en el ejercicio de sus competencias en materia de salud”, se lee en la declaración.

Los obispos expresan asimismo su “profunda preocupación” por los reiterados intentos de eludir las competencias nacionales por razones ideológicas, y defienden que el término colectivo “salud y derechos sexuales y reproductivos” no puede incluir el aborto como un servicio sanitario esencial que deba estar disponible universalmente. 

“Una intervención médica de tal gravedad y con implicaciones éticas tan importantes no puede ni debe normalizarse”, subraya. Asimismo, destacan que ya existen programas sanitarios de la UE que abordan situaciones transfronterizas y que respetan el orden de competencias de la Unión.

Por último, piden a los miembros del Parlamento tener en cuenta las implicaciones de esta iniciativa en el contexto europeo actual, “así como la necesidad de respetar el marco vigente de competencias de la UE en el ámbito del aborto y los programas sanitarios europeos existentes”, respetando uno de los “principios fundamentales de la UE: la subsidiariedad”.