Por Tyler Arnold
El Arzobispo de Los Ángeles, California (Estados Unidos), Mons. José H. Gómez, elogió una legislación migratoria que proporcionaría protecciones para personas sin estatus migratorio legal.
El proyecto de ley (HR 4393), que no establecería un camino directo hacia la ciudadanía, daría a las personas que carecen de estatus legal la oportunidad de obtenerlo mediante trabajo y el pago de sanciones económicas si no tienen antecedentes penales. Se aplicaría a personas que ingresaron a Estados Unidos antes de 2021.
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En un artículo de opinión para Angelus News, medio de la arquidiócesis, Gómez dijo que el proyecto de ley —que su promotora llama Ley de Dignidad— podría mejorarse en muchos aspectos, pero lo calificó como “un punto de partida genuino y de buena fe,” y añadió: “Necesitamos empezar en algún lugar. Y necesitamos empezar ahora”.
La representante María Elvira Salazar, republicana por Florida, presentó la medida el verano pasado con el copatrocinio de la representante Verónica Escobar, demócrata por Texas. No se han programado audiencias sobre la propuesta.
El proyecto de ley aumentaría las barreras físicas y el despliegue de tecnología para asegurar la frontera, incrementaría las sanciones por cruces fronterizos ilegales y fraude en solicitudes de asilo, y exigiría el uso de e-verify para todos los empleadores. También reformaría el proceso de visas y asilo.
El proyecto crearía el “Programa Dignidad,” que ofrecería un estatus legal temporal de siete años a personas que ingresaron ilegalmente al país pero que han estado presentes durante cinco años o más. La persona que ingrese al programa tendría que pagar 7.000 dólares en restitución y no recibiría ningún beneficio o derecho gubernamental.
Aunque la legislación no crearía un camino hacia la ciudadanía, la participación en el programa podría renovarse cada siete años si se paga la restitución y se mantiene buena conducta. Los dreamers y beneficiarios de DACA tendrían un camino hacia la residencia legal permanente, pero no hacia la ciudadanía.
“No es perfecto, tiene fallas, pero es realista respecto al panorama político y debería ser el comienzo de una conversación”, dijo Gómez.
Gómez atribuyó la crisis migratoria a que los legisladores no han logrado un acuerdo sobre la reforma migratoria durante décadas. Reconoció el “deber del gobierno federal de hacer cumplir las leyes migratorias”, pero criticó los esfuerzos masivos de deportación del presidente estadounidense Donald Trump, diciendo que “debe haber una mejor manera que esta”.
“Un lugar para empezar es que nuestros líderes en Washington limiten las deportaciones a criminales violentos o a quienes sean culpables de otros delitos graves”, dijo el arzobispo. “No sirve al interés nacional deportar a hombres y mujeres indocumentados que están contribuyendo al bien de nuestra sociedad; sólo deja a los niños sin sus padres”.
Gómez dijo que los estadounidenses deben recordar que “somos una nación bajo Dios, y estamos juntos en esto”.
“Dios nos creó a su imagen y debemos tratar a los demás como creemos”, dijo. “Aunque estemos en bandos opuestos, debemos hablar y escucharnos con respeto y con el corazón abierto a comprendernos mutuamente y a trabajar juntos por el bien común”.
El proyecto de ley también ha recibido comentarios positivos de al menos otros dos obispos.
El Obispo de El Paso, Texas, Mons. Mark J. Seitz, ex presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, dijo en julio de 2025 que “bajo nuestro sistema actual, familias en toda nuestra nación viven con miedo” y elogió las reformas buscadas en el proyecto.
“Propuestas bipartidistas como la Ley de Dignidad son un paso hacia cumplir el llamado hecho por nuestro Santo Padre para ofrecer un mejor camino a seguir, uno que comienza y termina con el respeto a la dignidad dada por Dios a cada persona”, dijo Seitz en ese momento.
El Arzobispo de Denver, Mons. Samuel Aquila, también promovió la legislación en noviembre de 2025, diciendo en un artículo de opinión para Denver Catholic que la legislación “cuidará a los inmigrantes que han venido a este país”.
“Puede que no hayan venido con documentos, pero han vivido aquí pacíficamente durante 10, 20, 30 años. Muchos de nosotros los conocemos, y necesitan un camino hacia la ciudadanía”, dijo.
Los obispos católicos en Estados Unidos se han pronunciado abiertamente sobre la política migratoria, especialmente desde que Trump comenzó su segundo mandato hace poco más de un año. En noviembre de 2025, la conferencia de obispos emitió un mensaje oponiéndose a “la deportación masiva indiscriminada de personas”.
Artículo publicado originalmente por EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.
Tyler Arnold es reportero del National Catholic Register. Anteriormente trabajó en The Center Square y ha publicado en diversos medios, incluidos The Associated Press, National Review, The American Conservative y The Federalist.
