“Creo que la dictadura está violentando el séptimo mandamiento. No robarás. Pero como sabemos, la dictadura roba, confisca las propiedades a la Iglesia porque en el esquema de un régimen como el de Nicaragua, el poder viene de las propiedades, de las armas o el dinero”, afirma Arturo McFields, exembajador nicaragüense ante la OEA que ahora vive en el exilio.
“Por eso está empeñada en robar todo lo que puede para de algún modo querer causarle algún daño a la obra del Señor. Mas no sabe que el poder de la Iglesia no viene de las propiedades o de lo material. Viene de Dios”, subraya el exdiplomático en declaraciones a ACI Prensa el 6 de enero.
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Desde febrero de 2022, la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y “copresidenta” Rosario Murillo ha confiscado al menos 39 propiedades a la Iglesia Católica en Nicaragua, según reveló en noviembre del año pasado un detallado informe del medio Confidencial, publicado también en Mosaico CSI.
Confidencial precisa que el conteo de propiedades puede ser mayor, pero que no ha podido verificarse por el silencio de los afectados, que temen represalias por parte de la dictadura.
“En Nicaragua no se puede protestar porque la dictadura no lo permite y a quienes se atrevan los destierran, encarcelan o asesinan. Lo único que pueden hacer los católicos es orar en sus parroquias (porque tampoco lo pueden hacer en las calles) o en sus casas”, dijo a ACI Prensa Martha Patricia Molina, abogada, investigadora y autora del informe Nicaragua: Una Iglesia perseguida.
“La confiscación de propiedades a la Iglesia Católica es una situación irreversible mientras la dictadura continúe en el poder. El 1 de enero prohibieron la procesión de Jesús Sacramentado, lo que significa que los dictadores continuarán persiguiendo a los católicos”, advirtió Molina.
El modus operandi de la dictadura de Nicaragua
Las confiscaciones de las propiedades se realizan luego de la cancelación de las personerías jurídicas de las congregaciones o fundaciones religiosas, que son acusadas por el régimen de obstaculizar el control de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, cuando es el mismo Ministerio del Interior el que se niega a recibir la documentación que se les exige. No hay salida posible.
Una vez cancelada la personería jurídica, sin derecho a reclamo o apelación, el gobierno ordena el traspaso de los bienes de la Iglesia al Estado.
Las 39 propiedades, precisa Confidencial en su informe, eran de nueve congregaciones religiosas, cuatro diócesis y cinco fundaciones o grupos de laicos.
De las nueve instituciones religiosas confiscadas, la Compañía de Jesús (Jesuitas) es la más afectada. Les quitaron al menos nueve propiedades, incluyendo la prestigiosa Universidad Centroamericana (UCA), con 63 años de historia en Nicaragua. Para hacerlo acusaron al centro de estudios de ser un lugar que promovía el terrorismo, sin pruebas que sostuvieran la acusación.
De todos los religiosos afectados, sólo los jesuitas denunciaron públicamente las confiscaciones. El vocero entonces, el P. José María Tojeira —fallecido en septiembre de 2025— estimó el valor de las propiedades en 60 millones de dólares, mientras que Confidencial hizo un cálculo de 77 millones, precisando que el monto podría ser aún mayor.
El segundo grupo que más confiscaciones sufrió, con cinco centros educativos arrebatados, ha sido la Fundación Fabretto, organización sin fines de lucro que trabajó en Nicaragua durante más de 60 años, inspirada en el legado del misionero salesiano Rafael María Fabretto.
En tercer lugar, con tres propiedades, está la Diócesis de Matagalpa, cuyo obispo es Rolando Álvarez, ahora exiliado en Roma por ser un crítico de la dictadura. Una de ellas fue la curia episcopal, en donde el prelado y un grupo de colaboradores estuvieron asediados por la policía durante dos semanas, hasta que fue arrestado y encarcelado en agosto de 2022.
El valor de las tres propiedades confiscadas supera los siete millones de dólares, según estimaciones de Mosaico CSI.
De las 39 propiedades confiscadas, 12 están ubicadas en Managua, nueve están en el norte del país (Matagalpa y Jinotega); seis en la zona de Las Segovias (Madriz, Estelí y Nueva Segovia); cuatro en el Occidente (León y Chinandega); cuatro en el suroriente (Rivas, Granada y Carazo); dos en Chontales y dos en Río San Juan.
Ortega justificó las confiscaciones en agosto de 2024 en un acto protocolar sandinista, señalando que “lo importante es que esa riqueza mal habida (…) está en estos momentos en manos del Estado a disposición del pueblo, de los pobres, de los campesinos, de la juventud”.
Las propiedades y su nuevo destino bajo la dictadura
El Monasterio de la Orden de Santa Clara (Clarisas) en Chinandega se convirtió en el Centro Universitario “Héroes de Chinandega”, asignado a la Universidad Nacional Agraria (UNA).
El Centro Diocesano Pastoral “La Cartuja” de la Diócesis de Matagalpa fue reacondicionado como “Centro Universitario de Tecnologías Agropecuarias y Tecnologías para la Agroexportación ‘Padre y Comandante Camilo Torres Restrepo”, también asignado a la UNA.
El campus San Ignacio de Loyola de la Universidad Centroamericana (UCA) fue convertido en la “Universidad Nacional Casimiro Soteto Montenegro”.
La Universidad Católica del Trópico Seco de la Diócesis de Estelí fue confiscada y se llama ahora Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda (UNFLEP).
En dos recintos de la Universidad Juan Pablo II en Managua y Juigalpa se instaló la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana.
El Ministerio de Educación está a cargo de la administración de tres colegios confiscados: Colegio Susana López Carazo, confiscado en abril de 2023 a las Hermanas Dominicas de la Anunciata; el Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac, confiscado en mayo de 2023 a las religiosas de la congregación del mismo nombre, en San Sebastián de Yalí, Jinotega; y el Colegio San José, confiscado a las Hermanas Josefinas, en agosto de 2025, en Jinotepe, Carazo.
La dictadura también ocupó ocho residencias religiosas, una de ellas la curia episcopal donde vivía el obispo Rolando Álvarez. En marzo de 2025 inauguró la clínica de Servicios Médicos Especializados S.A. (SERMESA), empresa privada que administra varias clínicas médicas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)
Venganza de la dictadura
Para el P. Edwing Román, vicario parroquial de Santa Agatha, la iglesia de Miami en la que también celebra Misa Mons. Silvio Báez, Obispo Auxiliar de Managua, el informe de Confidencial “está muy bien documentado. Luego vinieron más confiscaciones y expulsiones que quedaron en el silencio por temor a represalias”.
“Esto sucede como venganza de la dictadura a la Iglesia y a algunos obispos y sacerdotes, en particular por nuestra labor humanitaria en la represión que sufre Nicaragua y, sobre todo, en abril 2018 cuando ocurrieron las protestas cívicas en el país”, dijo el sacerdote a ACI Prensa.
Martha Patricia Molina comenta al respecto que entre 2018 y 2025 han sido en total 43 las propiedades confiscadas a la Iglesia, y la dictadura ha perpetrado 1.030 ataques contra los católicos, además de haber prohibido 18.808 procesiones.
En ese sentido, alienta a “denunciar anónimamente las arbitrariedades y persecuciones y asegurarse de criar a los hijos en la fe”, ya que, advierte, “en los colegios ya están adoctrinando a los niños y adolescentes para que sean contrarios a la fe”.
El P. Román explica además que “en este momento [es] muy difícil que las comunidades religiosas apelen a la devolución de sus bienes por la corrupción del sistema judicial, donde la dictadura controla todas las instituciones del estado incluyendo ejército y policía. Los bienes robados ni siquiera han continuado la obra como por ejemplo asilos cerrados y los ancianos a la calle, igualmente comedores infantiles cerrados y a niños negándoles alimento, salud educación y enseñanza cristiana”.
“La dictadura considera a la Iglesia como su enemiga y trata de manipularla internamente para apagar su autoridad. Sin embargo, [la Iglesia] sigue hablando también desde el exilio. No somos políticos ni formamos un partido: predicamos el Evangelio también [debido] a nuestra responsabilidad para iluminar al Pueblo de Dios y a los hombres y mujeres de buena voluntad en este momento histórico. No se debe estar al lado de los opresores”, subraya el sacerdote.
La dictadura podrá robar una escuela o un medio pero no puede robar la fe
Entonces, afirma Arturo McFields, la dictadura de Nicaragua “podrá robar un medio, una escuela, un templo, pero no pueden robar lo más sagrado y lo más grande que tiene el pueblo, que es la fe, que es esa convicción tan grande que el pueblo de Nicaragua tiene siendo una Iglesia perseguida”.
“Yo creo que todo lo que estamos viendo que la dictadura ha venido haciendo va a pasar igual que en años, en décadas anteriores. Robaron, confiscaron, pero al final la historia nos da grandes lecciones. Estamos viendo ahorita en tiempo real cómo los grandes poderosos que se creían dioses o semidioses, hoy están de rodillas y vestidos de trajes de presos”, concluyó.
El P. Román finaliza su declaración con una exhortación: “‘No tengan miedo’, nos dice el Evangelio, frase tomada por San Juan Pablo II desde el inicio de su pontificado como un grito profético para el mundo”.
Soy esposo desde 2008. Con mi esposa tenemos tres hijos aquí y uno que se fue al cielo en 2023, antes de nacer. Desde que me incorporé a ACI Prensa en 2005, he tenido la oportunidad de cubrir diversos eventos de la Iglesia Católica. Entre ellos, las Jornadas Mundiales de la Juventud en Colonia, Madrid y Río de Janeiro y los viajes apostólicos del Papa Benedicto XVI a México y del Papa Francisco a Corea del Sur. He sido enviado al Vaticano para cubrir los sínodos de la Familia, en 2015; de la Amazonía, en 2019 y el de la Sinodalidad, en 2023. Sigo de cerca la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua, que sufre la persecución de la dictadura de Daniel Ortega, así como la actualidad eclesial en la región.
