Por Amira Abuzeid
La Conferencia Católica de Obispos de Texas expresó esta semana su solidaridad con los inmigrantes del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en Texas, ante la inminente implementación de una orden judicial federal que afectará su estatus legal.
En una declaración emitida el 4 de noviembre, los obispos de Texas calificaron la inminente implementación del fallo judicial en el caso Texas vs. Estados Unidos como “sin precedentes y perturbadora”. Indicaron que la implementación de la sentencia afectará a “personas respetuosas de la ley”, muchas de las cuales son “algunas de las personas más íntegras” de “nuestras comunidades”.
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En el caso Texas vs. Estados Unidos, Texas demandó al gobierno federal, alegando que el programa DACA fue creado ilegalmente sin autoridad estatutaria, ya que se creó mediante una orden ejecutiva en lugar de una ley aprobada por el Congreso.
En enero, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito confirmó en gran medida la declaración del tribunal de distrito de Estados Unidos que declara ilegal el programa DACA, pero restringió su alcance a Texas, separando la protección contra la deportación de la autorización de trabajo.
Esto significa, en teoría, que la principal protección contra la deportación que ofrece el DACA podría seguir estando disponible en todo el país para los beneficiarios actuales y los nuevos solicitantes, y que los permisos de trabajo podrían mantenerse para la mayoría, excepto en Texas.
El 29 de septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos propuso cómo debería implementarse la orden del tribunal de apelaciones. Según la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. (USCCB por sus siglas en inglés), se espera que la orden del tribunal de distrito se implemente después del 24 de noviembre.
En su declaración, los obispos de Texas culparon a la “falta de voluntad” política para abordar la reforma migratoria a lo largo de los años por el “sistema migratorio terriblemente disfuncional” que ha llevado a la situación actual, que está “fomentando el miedo [y] rompiendo relaciones”.
“La actual angustia que sufre nuestro país con respecto a la inmigración es el resultado de décadas de renuencia por parte de todos a implementar una reforma migratoria razonable y significativa”, escribieron los obispos, “una reforma que respete tanto las necesidades de seguridad nacional como el derecho humano de cada persona a trabajar y formar una familia en paz”.
“Continuaremos trabajando con personas de buena voluntad para fomentar la ayuda compasiva a quienes se encuentran en situaciones desesperadas y una reforma humanitaria de nuestro sistema de inmigración terriblemente deficiente”, escribieron los obispos.
Los obispos de Texas señalaron que “son pastores de agentes del ICE y beneficiarios del DACA” y afirmaron que el fallo del Quinto Circuito “solo exacerbará el miedo y la desconfianza, enfrentará a los miembros de la comunidad entre sí y causará una importante perturbación económica en muchas comunidades”.
En un comunicado a finales de octubre, el Departamento de Migración y Servicios para Refugiados de la USCCB también se refirió a los acontecimientos judiciales federales que se prevé afectarán a los beneficiarios del programa en Texas.
“Cualquier persona elegible para DACA debería considerar las consecuencias de mudarse a Texas o desde Texas”, indica la actualización de la USCCB, señalando que la reubicación podría conllevar la revocación de la autorización de empleo con tan solo 15 días de aviso.
Para los aproximadamente 90.000 beneficiarios de DACA en Texas —la segunda población más grande después de los 145.000 de California— las implicaciones podrían ser graves, según los obispos de Estados Unidos y Texas.
Andrew Arthur, ex juez de inmigración e investigador del Centro de Estudios de Inmigración, declaró en octubre a CNA —agencia en inglés de EWTN News— que la principal conclusión de la actualización de la USCCB es una “advertencia” para los beneficiarios de DACA “que viven en Texas”.
Bajo la inminente orden, si se implementa según las propuestas del gobierno estadounidense, los beneficiarios del DACA que viven en Texas podrían recibir una “suspensión de la deportación” (aplazamiento de la deportación), pero perderían su estatus de “presencia legal”, lo que los descalificaría para obtener permisos de trabajo y beneficios como la matrícula universitaria o la licencia de conducir estatal.
Lanzado en 2012 mediante una orden ejecutiva del presidente Barack Obama, el programa DACA ofrece autorización de trabajo y protección temporal contra la deportación a inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad.
La primera administración Trump intentó poner fin al programa, pero la Corte Suprema de Estados Unidos se lo impidió en 2020. Si bien el presidente Donald Trump ha manifestado su disposición a colaborar con los demócratas en la situación de los beneficiarios del DACA, el programa sigue siendo objeto de litigios, centrándose los últimos acontecimientos en el caso Texas vs. Estados Unidos.
Para ser elegibles para este programa, los solicitantes deben haber llegado antes de los 16 años, haber residido continuamente en el país desde el 15 de junio de 2007 y ser menores de 31 años al 15 de junio de 2012. Según la KFF —anteriormente conocida como Fundación Kaiser Family—, hay aproximadamente 530.000 participantes del DACA en todo el país. KFF estima que hasta 1,1 millones de personas cumplen con los requisitos de elegibilidad de DACA.
“Queremos decir inequívocamente a todos nuestros hermanos y hermanas inmigrantes, y de manera particular a aquellos que llegaron siendo niños: hemos escuchado sus clamores. Estamos con ustedes en estos días difíciles”, escribieron los obispos de Texas.
Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.
Amira Abuzeid es editora senior en Catholic News Agency.
