Cronología: Así se han estudiado los abusos sexuales en la Iglesia Católica en España

La cuestión sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica en España ha sido un asunto de relevancia en la actualidad sociorreligiosa a lo largo de los últimos años con una frecuencia desconocida años atrás. 

Antes de 2021

Se trata de una cuestión sobre la que no constan estudios relevantes sino hasta finales del siglo XX, cuando el Ministerio de Asuntos Sociales encargó el informe Los abusos sexuales de menores. Lo que recuerdan los mayores, en el que un 20% de los entrevistados declaró haber sufrido algún tipo de abuso sexual. Dentro de este porcentaje, un 4,17% señalaba a un sacerdote o religioso como autor. 

El Instituto Vasco de Criminología publicó otra investigación, ya iniciado el siglo XXI, según la cual, desde el año 1950 y hasta julio de 2015 “únicamente se han podido identificar veinticinco sentencias condenatorias contra clérigos” en las instancias judiciales españolas. 

En el año 2019, el Papa Francisco pidió a las diócesis del mundo que abrieran oficinas de atención a víctimas de abusos sexuales a través del motu proprio Vos estis lux mundi, cuyo texto reformulado y definitivo se publicó en marzo de 2023 y entró en vigor el 30 de abril de ese año. Como consecuencia, las diócesis españolas pusieron en marcha estos servicios de atención a las víctimas. Hicieron lo propio las órdenes y congregaciones religiosas, de gran presencia en el país.

Enero de 2021

Desde entonces, la aparición de resúmenes estadísticos e informes dentro y fuera de la Iglesia ha sido una constante. Por ejemplo, la Compañía de Jesús reconoció en enero de 2021 abusos contra 81 menores y 37 adultos perpetrados por jesuitas entre 1927 y 2020.

Febrero de 2021

Al mes siguiente, la Fundación ANAR, una organización independiente dedicada a la ayuda a niños y adolescentes en riesgo, publicó el primer Informe sobre abuso sexual en la infancia y la adolescencia según los afectados y su evolución en España (2008-2019), en el que se especifica que la mayoría de abusos se cometen en el ámbito familiar y que los sacerdotes representan sólo el 0,2% de los victimarios. 

Abril de 2021

En el mes de abril de 2021, la Conferencia Episcopal Española (CEE) dió cuenta de que la Congregación para la Doctrina de la Fe tenía contabilizadas desde 2001 un total de 220 denuncias relacionadas con la Iglesia que peregrina en España. Una cifra similar a la ofrecida por el diario El País en el mes de noviembre, en una publicación que recoge 251 casos “tras un proceso de contacto con las víctimas y verificación de los datos hasta donde ha sido posible”. 

Estos datos fueron entregados en diciembre tanto a la CEE como al Papa Francisco. Los obispos españoles señalaron entonces que “sería deseable que las acusaciones que recoge el citado informe tuvieran mayor rigor, ya que su contenido, de carácter muy dispar, hace difícil extraer conclusiones que puedan servir a una posible investigación”.

Enero de 2022

En enero, al día siguiente de celebrar la solemnidad de la Epifanía, los prelados españoles contactaron con el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, según desveló Javier Cremades en una entrevista semanas después. 

A finales de ese mes, se conoció la noticia de que tres grupos parlamentarios (Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y EH Bildu, de ideología comunista, nacionalista y secesionista) propusieron al Congreso de los Diputados crear una comisión parlamentaria para la investigación de los abusos sólo en el ámbito de la Igleisa Católica española.

Cinco días más tarde, la Fiscalía General, liderada por la exministra de Justicia socialista Dolores Delgado, da orden para que sus subordinados le remitan información sobre todos los procedimientos penales abiertos contra miembros de la Iglesia y de otras confesiones religiosas.

Febrero de 2022

En el mes de febrero, siguió su curso la propuesta para una comisión de investigación parlamentaria, pero el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se desmarca, apostando por que la investigación la hiciera el Defensor del Pueblo y de manera externa a las Cortes. 

El día 14, la Universidad Pública de Navarra publica un nuevo informe circunscrito a la Comunidad Foral, que encontró que más de 31 sacerdotes y miembros de la Iglesia, así como 21 profesores, habrían podido abusar de menores en 17 escuelas e instituciones religiosas desde 1948. 

Un día más tarde se da a conocer que la Fiscalía ha encontrado 68 procedimientos activos relacionados con instituciones religiosas.

El martes 22 de febrero, los obispos españoles dan a conocer la contratación del despacho Cremades & Calvo-Sotelo para la elaboración de una “auditoría independiente de naturaleza legal sobre la actuación y modo de proceder de la Iglesia en España en relación con los casos de abusos sexuales producidos”. El plazo de entrega inicial se estableció en un año. Un grupo de trabajo internacional formado por 28 personas comenzó sus averiguaciones.

Esa misma semana, el PSOE  y el Partido Nacionalista Vasco formalizan una propuesta en el Congreso (Boletín Oficial de las Cortes, pág. 17) para “encomendar al Defensor del Pueblo la creación de una Comisión independiente con el encargo de elaborar un Informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos”.

Marzo de 2022

La propuesta del PSOE y el PNV fue refrendada el 10 de marzo.

Según el informe Para dar Luz de la Conferencia Episcopal Española, esta encomienda presentaba algunos problemas sobre su legalidad y su ajuste constitucional por ser discriminatorio al hacerse en exclusiva sobre los abusos en el seno de la Iglesia. También se señala que el Defensor del Pueblo ha rechazado de forma reiterada cualquier queja que no estuviera relacionada con las Administraciones Públicas, por lo que asumir este encargo no era coherente.

El día 11, la CEE reconoce haber recibido 506 denuncias a través de las 202 oficinas diocesanas de atención a víctimas de abusos, cuyos responsables son convocados a una reunión a finales de marzo. 

Abril de 2022

Pocos días después, ya en el mes de abril, los cardenales Juan José Omella, Arzobispo de Barcelona y presidente de la CEE, y Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid y vicepresidente de la CEE; junto al entonces Obispo Auxiliar de Valladolid y secretario general de la CEE, Mons. Luis Argüello; fueron recibidos por el Papa Francisco. En su encuentro, se explicaron los pasos dados en el camino de acogida a las víctimas de abusos, prevención, formación y puesta en práctica de las indicaciones del Vaticano”.

Junio de 2022

En el mes de junio, el diario El País publica un nuevo informe con 278 testimonios que acusan a 244 sacerdotes, religiosos y seglares de instituciones eclesiásticas. La mayoría de los señalados lo son por primera vez y algo más de 40 serían miembros de la Iglesia ya citados en el informe anterior. 

Julio de 2022

Al mes siguiente, el Defensor del Pueblo crea una Unidad de atención a las víctimas y también es presentada la Política Marco de Protección y actuación en casos de abusos sexuales a menores y adultos de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), en la que se exige que los abusadores sexuales se reconozcan traidores a la Iglesia en España.

 

Septiembre de 2022

En septiembre, iniciado el nuevo curso, al concluir el mes de vacaciones por antonomasia en España, el Defensor del Pueblo anuncia que ha recibido 201 denuncias de presuntos casos de abuso.

Noviembre de 2022

En lo que resta de 2022, los obispos aprobaron durante su 120ª Asamblea Plenaria en noviembre un borrador del protocolo marco en caso de abusos y unas líneas guía para la actuación destinadas a todas las diócesis. 

Diciembre de 2022

Ya en diciembre, el diario El País publicó su tercer dosier con 79 testimonios que señalaban a 70 sacerdotes, religiosos y seglares vinculados con la Iglesia. Medio centenar de estos nombres son citados por primera vez.

Febrero de 2023

En el mes de febrero, el Defensor del Pueblo pide por carta a las diócesis que entreguen toda la información disponible antes del 31 de marzo. Por otro lado, los obispos rechazan acusaciones del Fiscal General, Álvaro García, de “falta de colaboración”.

Marzo de 2023

En marzo, cumplido un año de su anuncio, se esperaba la presentación del informe encargado a Cremades & Calvo-Sotelo. Sin embargo, la entrega se postergó hasta el mes de junio, según explicaciones ofrecidas meses después por la CEE. 

A finales de mes, el Cardenal Omella entrega al Defensor del Pueblo seis volúmenes con datos sobre casos de abusos. Se trata de la primera versión de lo que con posterioridad será presentado como el informe Para dar luz.

Abril de 2023

Dos semanas después, en abril, el presidente de la CEE lamentó que el foco contra los abusos sólo sea sobre la Iglesia Católica en su discurso inaugural de la 121ª Asamblea Plenaria, que aprobó la Instrucción sobre abusos sexuales que sería publicada en mayo. 

Junio de 2023

El mes de junio trajo la publicación del cuarto y hasta ahora último informe de El País que en esta ocasión apunta a un total de 1.014 casos y 2.104 víctimas. 

En total, el País ha entregado a los obispos españoles y el Vaticano “704 testimonios de personas que acusan a un total de 545 sacerdotes, religiosos y seglares de instituciones eclesiásticas y afectan a 717 víctimas”, según recoge el informe de la CEE Para dar Luz, cuya primera versión fue publicada el día 2. En él se recogían 927 denuncias de presuntos abusos sexuales contra menores de 18 años o personas vulnerables que se habrían dado desde mediados de los años 40 del siglo XX hasta 2022.

Septiembre de 2023

Por otro lado, y pese a lo previsto, no hay noticias públicas del informe de Cremades & Calvo-Sotelo en estas fechas. No sería hasta finales de septiembre de 2023, cuando representantes de la firma legal comparecieron ante la Comisión Permanente de la CEE. 

El portavoz episcopal, Mons. Francisco César García Magán, afirmó que los abogados “prevén entregar el trabajo definitivo en dos semanas más o menos” y añadió: “A los Obispos no nos gusta el retraso y el despacho asegura que no se debe a nosotros, sino que hay una complejidad, una profundidad del trabajo”.

En otro orden de cosas, en esas fechas, además, se conoce que la Fiscalía estudia acusar a los obispos que hayan encubierto abusos.

Octubre de 2023

Entrado el mes de octubre, los obispos marcan un plazo de 10 días al despacho de abogados para que entreguen su informe, pero Cremades & Calvo-Sotelo se apuran en rechazarlo de plano.

Ya a finales, el día 27, el Defensor del Pueblo publica su Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Una respuesta necesaria. Se trata de un texto de más de 770 páginas que contiene 373 testimonios que se refieren a 487 víctimas. Ese mismo día, los obispos convocan una Asamblea Plenaria Extraordinaria para abordar la cuestión sobre los abusos, para tres días después. 

Uno de los detonantes de esta reacción episcopal fue sin duda las extrapolaciones que algunos medios realizaron de los resultados de una encuesta (realizada a 8.000 personas) contenida en el documento, que señalaba que “el abuso sexual infantil cometido en un ámbito religioso es un problema que ha afectado en España a un 1,13% de las personas adultas”. 

Este porcentaje trasladado a la población total, supondría que en España habría más de 400.000 personas adultas que habrían sido víctimas de abuso en el ámbito religioso en sentido amplio, lo que implica que los victimarios serían también profesores o catequistas, entre otros, en parroquias, colegios o campamentos. 

Por otro lado, el estudio aseguraba que “el porcentaje de personas adultas que fueron víctimas de abusos cometidos por un sacerdote o religioso católico es inferior, un 0,6%, cifra similar a la encontrada en estudios realizados en otros países”. Este porcentaje equivaldría a unas 200.000 personas adultas. 

El Cardenal Omella fue contundente al día siguiente al rechazar a través de X (antes Twitter) esas extrapolaciones, postura que el lunes 30 fue refrendada al término de la reunión extraordinaria. 

Noviembre de 2023

Estas críticas fueron subrayadas de nuevo 20 días más tarde, durante la apertura de la 123ª Asamblea Plenaria Ordinaria. Mientras estaban reunidos los obispos, el diario ABC desveló un falso caso que cuestiona la fiabilidad de los informes de El País y del Defensor del Pueblo, que lo incluyeron como comprobado. 

Diciembre de 2023

El año 2023 ha concluido con el envío a los obispos, casi dos años después del encargo, del informe de la firma legal Cremades & Calvo-Sotelo que primero lo remitió en formato digital el 16 de diciembre. Cuatro días más tarde, el abogado Javier Cremades se reunió con el Cardenal Omella para hacer la entrega oficial en formato físico. Ese mismo día 20, los obispos publican el informe.

Por último, el día 21, jueves, la CEE publicó una actualización del informe Para dar luz incorporando datos del documento elaborado por Cremades & Calvo-Sotelo, que es criticado por ser “básicamente una recopilación de casos parecidos en estudios previos, sin realizar un estudio en profundidad de los mismos y comete errores de concepto como el de considerar como denuncias distintas las realizadas en las diócesis y las del Dicasterio que tienen su origen en las anteriores”.