“Totalitarismo ideológico” del gobierno promueve aborto en El Salvador, alertan

“Totalitarismo ideológico” del gobierno promueve aborto en El Salvador, alertan
Imagen referencial. Foto: Pixabay / Dominio público.

Sara Larín, portavoz del movimiento VIDA SV, criticó al Ministerio de Salud por promover la legalización del aborto que vulnera el derecho a la vida desde la concepción, "un principio consagrado en la Constitución".

"Una vez más el totalitarismo ideológico se inventa una crisis para impactar la opinión pública y de esa forma justificar la imposición de una ley injusta como lo es el aborto", señaló Larín, en un comunicado remitido a ACI Prensa.

El aborto está completamente prohibido en El Salvador. La Constitución de El Salvador, en su artículo 1, reconoce "como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción".

En su artículo 2, la Carta Magna del país centroamericano asegura que "toda persona tiene el derecho a la vida".

El 21 de febrero, Violeta Menjívar, Ministra de Salud de El Salvador, pidió a la Asamblea Legislativa considerar el proyecto de ley presentado en octubre de 2016 por la diputada Lorena Peña.

En octubre del año pasado, Peña explicó que su propuesta legislativa busca "que no sea punible la interrupción del embarazo cuando corre riesgo la vida de la madre, es decir, cuando puede morir, así como cuando este es producto de la trata de personas, niñas violadas, y cuando es inviable la vida del feto".

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Para Violeta Menjívar, "el aborto es éticamente justificable cuando es para salvar la vida de la mujer".

La Ministra de Salud justificó su apoyo a la legalización del aborto en los casos de embarazos ectópicos, cuando el óvulo fecundado se desarrolla fuera del útero, causando riesgos graves para la vida de la madre.

Según la cuenta de Twitter del Ministerio de Salud, Menjívar criticó que El Salvador sea "el único país del mundo donde no se puede hacer absolutamente nada por un embarazo ectópico, eso es inhumano".

En su comunicado, la portavoz de VIDA SV precisó que "la ley del aborto no tiene ninguna relación causal con el embarazo ectópico que diariamente se trata en los hospitales".

Larín subrayó además que "actualmente no hay ninguna mujer o médico en la cárcel por haber intervenido en uno de estos casos, tampoco han estado cerca de presentarse a juicio".

"Ahora los grandes avances de la ciencia, ofrecen a los médicos los elementos necesarios para tratar cualquier enfermedad que la mujer padezca durante el embarazo, siempre con el objetivo de salvar ambas vidas", dijo.

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"En el caso particular del embarazo ectópico el bebé siempre muere como un efecto no directamente causado ni querido por el médico. Este procedimiento para tratar un embarazo ectópico no ha sido considerado un aborto provocado con alevosía".

La portavoz de VIDA SV destacó que "existe una diferencia abismal entre no poder evitar una muerte y matar deliberadamente, aunque sea con un buen fin".

"La clave de la discusión es cuestionar los intereses de la Ministra de Salud para solicitar que una ley que penaliza abortos se modifique con la excusa de un caso clínico particular que no tiene ningún tipo relación con dicha ley".

Para Larín, las declaraciones de la ministra "violan el derecho a la salud y bienestar de las mujeres que sufren un embarazo con dificultad" y "contravienen un principio consagrado en la Constitución que es el respeto a los derechos fundamentales del concebido que está por nacer".

Además, criticó, "amenazan el actuar de la labor médica y de todo el sistema de salud pública de nuestro país".

La portavoz de VIDA SV recordó que una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) reveló que "el 96.5% de los salvadoreños piensa que la ley no debe permitir el aborto".

"Es decir, nadie querrá financiar con sus impuestos abortos practicados en la red de salud pública, tampoco querrán que el gobierno tenga el poder de obligar a médicos y enfermeras a practicar abortos", dijo.

Larín señaló luego que "la decisión o no de despenalizar el crimen del aborto no está en las manos o en la solicitud de una funcionaria, mucho menos estará a cargo de la opinión popular. Para resolver este asunto nos debemos abocar a nuestro Estado de Derecho, a la ley, en este caso a la Ley Suprema, que garantiza la protección de la vida del concebido que está por nacer".

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