Con la intención de prevenir problemáticas sociales en un futuro y garantizar el correcto desarrollo de menores de edad en México, especialistas coincidieron en la necesidad de incorporar una perspectiva de familia en las decisiones públicas, el análisis social y la elaboración de políticas.
En este contexto, el Centro de Estudios de Familia, Bioética y Sociedad (CEFABIOS) presentó el 22 de enero su Reporte sobre la familia en México 2025, que en su cuarta edición tuvo como eje central a los Niños y adolescentes en la frontera del futuro.
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Durante la presentación, el P. José Guillermo Gutiérrez Fernández, director del Centro de Estudios de Familia, Bioética y Sociedad (CEFABIOS) de la Universidad Pontificia de México, explicó que el reporte ofrece herramientas clave para diseñar proyectos, articular esfuerzos y vincular a distintos actores sociales, con el objetivo de construir soluciones de justicia social a corto, mediano y largo plazo.
El sacerdote advirtió que si no se reconoce los retos cotidianos que enfrentan los niños y adolescentes, y no se garantiza condiciones adecuadas para su desarrollo, “se corre el riesgo de llegar después tarde a querer enmendar los errores, comprometiendo la felicidad y bienestar de cada persona que un día fue niño”.
En entrevista con ACI Prensa, el P. Gutiérrez alertó que una de las consecuencias de esta omisión es el incremento de la violencia, que vuelve especialmente vulnerables a los menores “de caer en redes de ‘mala vida’, de ser víctimas de violencia. De hacerse parte, inclusive, de bandas criminales o de cárteles”.
Por ello, hizo un llamado a fortalecer a la familia como el entorno primario de desarrollo, desde una corresponsabilidad que involucre a la sociedad, al Estado y también a la Iglesia Católica.
El aborto: la solución fácil
Uno de los temas abordados en el estudio es el derecho a la vida, analizado por la Lic. Isis Pérez, quien examina el marco legislativo relacionado con el embarazo. En entrevista con ACI Prensa, explicó cómo ha cambiado la percepción del aborto desde el inicio de su despenalización en 2007 en la Ciudad de México.
Indicó que este proceso ha derivado en la eliminación de mecanismos que antes permitían identificar por qué una mujer aborta, lo que ha generado un cambio cultural en el que se deja de cuestionar el origen del problema, en lugar de ofrecer alternativas reales.
Según dijo, estos mecanismos “se han ido quitando en aras de supuestamente contrapesar derechos de la intimidad, de la secrecía”, sin embargo, señaló que los “candados servían para proteger precisamente a la mujer”.
Señaló que esta situación ha impactado especialmente a las nuevas generaciones, que dejan de preguntarse “qué le está orillando a la mujer a decidir esto”, y se limitan a aceptar el aborto.
Derecho a la familia: una obligación del Estado
Otro de los ejes del reporte es el incremento de los divorcios y su impacto en el derecho de los niños a crecer en una familia estable. La doctora Ana Ramírez Valencia, en entrevista con ACI Prensa, recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar la protección de la familia.
Por ello, afirmó que es posible y necesario exigir “mayores herramientas, recursos y políticas para proteger a las familias, para poder acompañarlos en todos los conflictos que llegan a surgir”, como podría ser la creación de mecanismos accesibles de apoyo, como salas de escucha y atención psicológica gratuita.
Según explicó, los hijos de familias separadas son más propensos a enfrentar consecuencias como “la ansiedad, depresión, conductas conflictivas”, además de dificultades escolares, sociales y relacionales, que influyen en la creación de más familias en un futuro.
“Cuando hablamos de los efectos, no solo hablamos de los efectos inmediatos, de cuando se están separando los papás y en lo que se organizan. Estamos hablando de temas a largo plazo”, advirtió la experta.
Además, el reporte analiza de manera prioritaria el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la familia y el derecho a una vida libre de violencia. No obstante, se informó que el trabajo continuará durante 2026, ya que el estudio se dividirá en dos entregas con enfoque en derechos humanos.



