La Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y el Gobierno pactan un nuevo canal de reparación de casos de abuso en el seno de la Iglesia Católica, en el que colaborará la oficina del Defensor del Pueblo.
El acuerdo ha sido firmado este jueves 8 de enero por el presidente de la CEE, Mons. Luis Argüello, el presidente de la CONFER, Jesús Díaz Sariego, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram
Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:
El acuerdo alcanzado por las tres partes tendrá vigencia de un año, prorrogable por otro año más.
El pacto alcanzado para este nuevo sistema de reparación integral será complementario al que desarrolla la Iglesia Católica a través de la Comisión Asesora del Plan PRIVA desde septiembre de 2024 y deberá concretarse mediante un convenio que será ratificado en el plazo de un mes.
A este sistema podrán acogerse aquellas víctimas de casos que hayan prescrito en el ámbito judicial por el paso del tiempo o el fallecimiento de los victimarios y que no quieran acudir al canal ofrecido por la Iglesia Católica en España, que seguirá vigente.

Mons. Luis Argüello, subrayó ante los medios de comunicación que el acuerdo recoge que el Gobierno desarrolle la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia aprobada en 2021, “generando una propuesta análoga a la que ya la Iglesia va realizando” para que las víctimas de abusos en otros ámbitos puedan acceder a la reparación integral.
Además, el presidente de la CEE destacó que el acuerdo recoge la exención fiscal con carácter retroactivo de las indemnizaciones, dado que en ocasiones la Hacienda Pública reclamaba hasta el 30% de lo recibido.
“Otro aspecto que también nos parece valioso y nos satisface del acuerdo firmado es que se reconoce la competencia de la Comisión Asesora del PRIVA”, señaló el prelado.
Por su parte, el presidente de CONFER, Jesús Díaz Sariego, defendió que “el sistema [de la Iglesia] está funcionando muy bien” y destacó el “compromiso moral de la Iglesia” en este ámbito a través de una pregunta: “¿Qué institución en nuestro país asume delitos que ya están prescritos?”.
Cómo funcionará el nuevo sistema
A raíz de este pacto se constituye un sistema mixto Iglesia-Estado. Los casos se recibirán a través de una ventana de tramitación administrativa, que los derivará a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que elaborará una propuesta de reparación, que será evaluada por la Comisión Asesora del Plan Priva.
En caso de que la víctima o la institución eclesial afectada no estuviera de acuerdo con la resolución, se eleva el caso a una segunda instancia en la que habrá representantes del Gobierno, la CEE y CONFER, así como de asociaciones de víctimas de abusos, que deberá alcanzar un acuerdo por unanimidad.
Si no fuera posible, se intentaría “un último intento de consenso”. Si también resultara infructuoso, será la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo quien tomará una resolución.
El presidente de CONFER, preguntado por la posible disparidad de criterios, expuso que la Comisión Asesora del PRIVA fijó sus criterios de valoración de los casos de manera independiente y que en el acuerdo con el Gobierno “se contempla que los criterios tienen que ser los mismos”.
Intervención del Vaticano
Mons. Argüello expresó que ha estado en contacto con el secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, para tratar este asunto, recibiendo desde Roma “la confirmación de la confianza en que lo que hiciéramos conjuntamente sería avalado por ellos y al mismo tiempo, el animarnos a encontrar un acuerdo”.
Por su parte, Félix Bolaños agradeció el papel desempeñado por la Santa Sede quien, a lo largo de dos años de negociación “compleja y ardua” sobre esta cuestión, en los que ha habido “momentos de dificultad máxima”, ha ofrecido “un impulso imprescindible para llegar a este acuerdo”
Más de 2 millones de dólares en indemnizaciones
A través del Plan PRIVA, la Iglesia Católica en España ha recibido 114 peticiones de víctimas, respecto de los cuales las diócesis han enviado 30 informes y las congregaciones religiosas, 80.
Según datos aportados a ACI Prensa por la Comisión Asesora del Plan PRIVA, hay otros 8 informes en estudio y ya se han resuelto 61 expedientes, que han resultado en indemnizaciones económicas por un valor superior a 1,8 millones de euros (2,1 millones de dólares), distribuidos de forma bastante paritaria entre casos diocesanos y religiosos.




