Por orden judicial, la Guardia Civil española ha procedido al traslado de las cinco religiosas clarisas de edad avanzada que no participaron en el cisma de parte de la comunidad de Belorado a otros monasterios de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu.
Estas religiosas, de entre 87 y 101 años, fueron desplazadas desde el Monasterio de Belorado al de Orduña, después de que parte de su comunidad se declarase fuera de la disciplina de la Iglesia Católica y fuera sometida a un procedimiento canónico que terminó con su excomunión.
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La operación se desarrolló en torno a las 11:00 a.m. (hora local), cuando los agentes intervinieron en los monasterios de Belorado y Orduña. En este último, también se ha personado un médico forense, según informa la Oficina del Comisario Pontificio, Mons. Mario Iceta, también Arzobispo de Burgos.
“El cuidado de las hermanas mayores ha sido objeto de constante preocupación para el Comisario Pontificio y la Comisión Gestora. Esta preocupación se agravó tras el temerario traslado de estas monjas mayores desde su residencia habitual en el Monasterio de Belorado al Monasterio de Orduña, que carece de las mínimas instalaciones necesarias para atender adecuadamente a personas mayores y vulnerables”, señala la Oficina del Comisario en un comunicado.
Las religiosas mayores han sido puestas bajo el cuidado de Mons. Iceta como Comisario Pontificio por orden judicial. A lo largo del día “se está procediendo a la evaluación del estado de salud de estas hermanas, como ha establecido la autoridad judicial”, se detalla en el comunicado.
Una vez concluida esta evaluación, se las trasladará “a otros Monasterios pertenecientes a la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, donde serán felizmente acogidas por sus hermanas y recibirán la atención esmerada y fraterna que merecen, respondiendo a todas sus necesidades personales, sanitarias, comunitarias y espirituales”.
Asimismo, se subraya que las religiosas vivirán de nuevo “según la Regla de Santa Clara que ellas siempre han profesado habiéndose negado a participar del cisma”.
Durante el desarrollo de la operación, el portavoz de la comunidad cismática que aún permanece en Belorado remitió a los medios algunos vídeos de una de las ex clarisas que afirma que las mayores han sido llevadas “contra su voluntad” y realiza acusaciones contra Mons. Iceta.
"Usted no tiene moral, usted no tiene conciencia. No sabe ni cómo se llaman las mayores, cómo va a saber ni siquiera lo que necesita cada una. Usted es un cobarde. Actúa siempre tirando la piedra y escondiendo la mano”, dijo.
El conflicto en la comunidad clarisa de Belorado y Orduña estalló el 13 de mayo de 2024, cuando la exabadesa, Laura García de Viedma, hizo público un manifiesto sedevacantista y anunció que se ponían bajo la autoridad de un falso obispo excomulgado.
Tres días después, la hermana Amparo, en desacuerdo con el rumbo marcado, salió del convento denunciando que no le habían dejado contactar con las hermanas mayores y que no quería “pertenecer a esa secta”.
El 29 de mayo, la Santa Sede nombró a Mons. Iceta Comisario Pontificio, quien puso en marcha el procedimiento canónico contra la entonces abadesa y nueve religiosas clarisas que secundaron el manifiesto.
La excomunión se decretó el día 22 de junio de 2024, así como su expulsión de la vida consagrada.
Desde entonces, el Comisario Pontificio ha reiterado que la comunidad clarisa ha subsistido en las personas de las cinco hermanas mayores y otras tres religiosas incardinadas en el Monasterio de Belorado.
Tras la operación de este jueves, sólo quedan en los conventos de Belorado y Orduña las excomulgadas, excepto una, que salió del convento en septiembre de 2024.
Sobre ellas está pendiente de ejecución una orden de desahucio, dado que la justicia reconoce al Comisario Pontificio como única autoridad sobre la propiedad de los monasterios.
El pasado 27 de septiembre, la Guardia Civil intentó sin éxito sacar a las hermanas mayores en el marco de otra operación en la que resultaron detenidas la exabadesa, otra exmonja y un anticuario por un presunto delito de venta ilegal de piezas de arte.




