La justicia española da un nuevo varapalo a las exclarisas cismáticas del Monasterio de Belorado al reconocer la validez de la inscripción del nombramiento del Arzobispo de Burgos (España), Mons. Mario Iceta, como Comisario Pontificio y frustrar la conversión de la comunidad eclesiástica en asociación civil por las rebeldes.
La sentencia del Tribunal Supremo, máximo órgano jurisdiccional español, supone un nuevo revés para los intereses del grupo de exclarisas que decidieron abandonar la Iglesia Católica en mayo de 2024.
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El pasado mes de octubre también quedó archivada la causa penal que iniciaron las exreligiosas capitaneadas por la exabadesa Laura García de Viedma en la que acusaban al arzobispo de administración desleal, coacciones y revelación de secretos.
La última decisión del Tribunal Supremo, comunicada esta semana a las partes, inadmite el recurso de casación que las exreligiosas interpusieron contra las sentencias que ratificaban el ejercicio como Comisario Pontificio del prelado, que queda definitivamente respaldado como representante legal y administrador de los monasterios de la comunidad de clarisas.
Esta comunidad aún subsiste para la Iglesia Católica en la persona de la religiosa que salió del convento en desacuerdo con la maniobra cismática y las hermanas mayores que continúan en manos de las rebeldes.
Poco después de publicar la declaración sedevacantista y ponerse bajo la autoridad del “obispo” excomulgado Pablo de Rojas, se conoció que la exabadesa trató de registrar dos asociaciones ante el Ministerio del Interior con los nombres de “Monasterio de Santa Clara de Belorado” y “Monasterio de Santa Clara de Derio”.
Con ello, pretendían transformar las entidades monásticas en asociaciones civiles para impugnar el nombramiento del Comisario Pontificio, pero le fue denegado por el Ministerio. La exabadesa presentó un recurso que también fue rechazado, decisión ahora ratificada por el Tribunal Supremo.
La decisión judicial excluye la posibilidad de transformar las entidades canónicas en civiles, ratifica la inscripción del nombramiento del Comisario Pontificio, niega la pretendida vulneración de los derechos fundamentales de libertad religiosa, asociación e igualdad y condena en costas a las exclarisas a favor de las entidades canónicas y de la Abogacía del Estado.
En un comunicado, el Comisario Pontificio y la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu exponen que “siguen confiando en que, conforme a lo dispuesto en esta resolución del Tribunal Supremo, la Administración de Justicia ponga fin a este doloroso asunto conforme a Derecho, mostrando una vez más su preocupación por las monjas mayores que no incurrieron en cisma”.





