La Fundación de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia penal por imprudencia grave y prevaricación administrativa contra la ministra de Sanidad de España, Mónica García, por negar las consecuencias del aborto.
García afirmó recientemente que “el síndrome postaborto no existe” y lo calificó como un “bulo”, motivo por el que la organización de juristas considera que la ministra podría haber incurrido en un delito contra la salud pública por imprudencia grave, así como en un delito de prevaricación administrativa.
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Para Abogados Cristianos, omitir los riesgos del aborto “viola el deber de información veraz en materia sanitaria y expone a las mujeres a decisiones desinformadas que pueden dañar su salud”, según han explicitado en un comunicado remitido a los medios este martes 14 de octubre.
García hizo estas declaraciones en la presentación de un sitio web apoyado por el Gobierno que pone a disposición de las mujeres información favorable al aborto provocado.
Frente a esta iniciativas, las organizaciones provida impulsaron el sitio web quierosermadre.org, en el que se ofrece información de ayuda a la mujer embarazada en riesgo de aborto.
En la denuncia presentada ante la Fiscalía contra la ministra, se citan varios informes cientificos “que confirman las secuelas físicas y psicológicas del aborto en mujeres”, e incluye una sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo, que condena a la asociación de centros de aborto (ACAI) por publicidad engañosa al ocultar las posibles secuelas.
Entre las conclusiones de los estudios aportados, está que “las mujeres que han padecido un aborto experimentaron un riesgo 81% mayor de problemas de salud mental” y que “la tasa de suicidio después de un aborto fue tres veces mayor que la tasa general de suicidio y seis veces mayor que la del nacimiento”.
Asimismo, se alerta de que “las mujeres que abortaron tuvieron un riesgo 2 veces mayor de ingresos hospitalarios por trastornos mentales (depresión, ansiedad, abuso de sustancias) en los 5 años posteriores, especialmente en menores de 25 años”, entre otras consecuencias.
La presidenta de Abogados Cristiano, Polonia Castellanos, consideró que “el aborto es una intervención con numerosos riesgos y secuelas para la mujer. Negar esta realidad y no informar a las mujeres es ilegal, porque pone en grave peligro su salud y supone una coacción inadmisible”.
“Esta desinformación sólo beneficia a los empresarios del aborto, entre los que hay miembros del PSOE, que priorizan sus intereses económicos por encima de los derechos y la integridad de las mujeres”, añadió.




