El Tribunal de Cuentas investiga una posible financiación pública irregular del primer negocio de aborto de España, Dator, tras una denuncia de la Fundación de Abogados Cristianos relativa a contratos otorgados por la Comunidad de Madrid.
El abortorio Dator, situado en Madrid, fue el primero que obtuvo la acreditación tras la aprobación de la primera ley del aborto aprobada en 1985, que supuso la despenalización de la muerte prenatal en tres supuestos. Desde entonces, más de tres millones de personas han sido abortadas en el país a lo largo de 40 años.
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El Tribunal de Cuentas, órgano encargado de fiscalizar el sector público y juzgar la responsabilidad contable, ha aprobado una diligencia para tomar en consideración la denuncia presentada por una asociación de juristas sobre 24 contratos entre la empresa Partner Line S.A. y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Abogados Cristianos defiende en su denuncia que la administración autonómica “siguió dando contratos a la compañía pese a que ésta se encontraba incursa en causa de prohibición de contratar”.
Partner Line fue declarada en disolución en octubre de 2023, lo que implicó la “suspensión de las facultades de administración y disposición sobre los bienes y derechos de la masa activa”, que recayeron en el administrador concursal, Guillermo Alfonso Sánchez. Poco después, la justicia inhabilitó a Sánchez “para administrar bienes ajenos durante el plazo de 2 años”.
Pese a ello, desde la declaración de disolución, “la Comunidad de Madrid le ha adjudicado un total de 24 contratos menores para realizar abortos, sumando un montante de 156.251,19 euros”, que han sido denunciados.
Así, los contratos realizados serían nulos de pleno derecho y, por ello, la entidad de juristas solicita que, tras la realización del expediente informativo y los trámites procesales oportunos, el Tribunal de Cuentas “dicte resolución por la que ordene el reintegro de la cantidad contratada”.
Decenas de contratos bajo sospecha
Por otro lado, la denuncia de Abogados Cristianos señala que, según la Ley de Contratos del Sector Público, las administraciones públicas no pueden contratar con empresas que hayan solicitado “la declaración de concurso voluntario [de acreedores]”, en determinadas circunstancias.
Partner Line SA, la empresa tras el abortorio Dator hasta hace unos meses, estaba en esta situación desde el año 2015, por lo que desde Abogados Cristianos se considera que podría haberse incurrido en algún ilícito, aunque por el momento no ha denunciado los contratos anteriores a la situación de disolución de la empresa.
El negocio abortista Dator fue vendido a la compañía SOLMEDIN Soluciones Médicas Innovadoras, SL, una empresa constituida a inicios de 2024 cuyo presidente y consejero delegado es Dámaso Pérez, uno de los más importantes empresarios del aborto en España.
Nacido en 1980, soy un esposo y padre de familia español y periodista con más de 20 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en información sociopolítica y religiosa. He trabajado más de 10 años en defensa de los derechos humanos y tengo acreditaciones en Periodismo y Comunicación Integral. Desde julio de 2022, soy corresponsal de ACI Prensa y EWTN Noticias en España, cubriendo eventos internacionales de la Iglesia Católica.
