Gobierno de España pretende incluir el aborto como derecho constitucional

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado que pretende promover la inclusión del aborto como un derecho constitucional, tras haberse realizado una iniciativa en Madrid para informar sobre las consecuencias de la muerte prenatal en las mujeres.

A través de su cuenta en X, el líder del Ejecutivo formado por una coalición socialcomunista, anunció que reformará el decreto que desarrolla la ley del aborto para “impedir que se proporcione información engañosa o contraria a la ciencia sobre el aborto” y llevará al Congreso de los Diputados “una propuesta para constitucionalizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”. 

Esta iniciativa del Gobierno se produce después de que se aprobara en el Ayuntamiento de Madrid una moción impulsada por la concejal de Vox, Carla Toscano, apoyada por el Partido Popular, que insta a que “el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, a través de las diferentes áreas implicadas, proporcione información, de manera obligatoria, verbal y escrita, permanente y visible, sobre el Síndrome Post Aborto”.

En la moción, Toscano refiere que “el cuadro clínico psicológico y emocional asociado al Síndrome Post Aborto estaba recogido en el manual de referencia de psiquiatría, el DSM III (Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales, por sus siglas en inglés), vigente entre 1980 y 1994. En el DSM IV ya no aparece por presiones políticas e intereses ideológicos”. 

Entre otros efectos del aborto, la moción cita depresión, ansiedad, culpabilidad, alteraciones del sueño, trastornos de la conducta alimentaria, ataques de pánico, consumo de alcohol y drogas, afectación de la conducta sexual, pensamientos suicidas y tentativas de suicidio, hemorragias internas, infecciones y aumento de cánceres en el aparato reproductor femenino. 

La aprobación de esta moción desató en el país una fuerte disputa política y mediática, bajo el argumento de que las consecuencias del aborto en la mujer no están reconocidas científicamente como un síndrome. 

Toscano, por su parte, defendió que la iniciativa aprobada en el consistorio madrileño “busca que las mujeres tengan acceso, porque es su derecho, a toda la información sobre las secuelas que deja algo tan traumático como acabar con la vida de tu hijo -porque eso es el aborto, se pongan como se pongan y lo llamen como lo llamen-”. 

“La izquierda y la izquierda perfumada dicen que no hay estudios científicos sobre el síndrome (o trauma, el nombre es irrelevante) post aborto para no tener que informar a las madres de las secuelas que sufren al abortar”, defendió la concejal provida en otro mensaje, que acompañó de una extensa lista de estudios científicos relativos a las consecuencias del aborto.

Obispos corroboran los efectos nocivos del aborto

También se ha pronunciado sobre esta polémica el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Francisco César García Magán, quien afirmó  en rueda de prensa este jueves que, en cuanto al síndrome post-aborto, “todas las iniciativas que hay en ámbito de Iglesia de apoyo a las mujeres que han abortado confirman que ciertamente eso existe”.

“Personalmente, tengo la experiencia y conozco un caso cercano donde hubo un aborto y esa madre lo pasó muy mal. Yo creo que toda mujer que ha hecho esa experiencia de ser madre de un embarazo tiene una conciencia de que allí hay un alguien. No hay algo, hay un alguien”, añadió.

Por su parte, la Asociación Española de Abogados Cristianos recuerda que “de la mano de una mujer con daños psicologicos después de un aborto voluntario”, logró que el Tribunal Supremo condenase a la asociación ACAI, que agrupa a la mayor parte de los centros de aborto de España “por publicidad engañosa al ocultar dichas secuelas a las mujeres”.

En este sentido, la organización de juristas anuncia que plantea acciones judiciales contra “cuantos nieguen públicamente la existencia de secuelas psicológicas en las mujeres que abortan”.

Dificultad para llevar a cabo una modificación constitucional 

Pese a la intención declarada del presidente del Gobierno, los proyectos de reforma de la Constitución Española no son fáciles de acometer, pues están protegidos por una mayoría cualificada. 

El artículo 167 de la Carta Magna de 1978 establece que los cambios en el texto constitucional “deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras”, Congreso y Senado. 

Esta posibilidad necesitaría de la complicidad del principal partido de la oposición, el Partido Popular, cuya postura sobre el aborto es similar a la del Partido Socialista. Sin embargo, es dudoso que recibiera este apoyo dada la coyuntura de debilidad institucional del Gobierno y los casos de presunta corrupción en el entorno del presidente Sánchez, que afectan a su mujer, su hermano y dos secretarios de Organización del Partido Socialista Obrero Español designados por Sánchez.