La Fundación de Abogados Cristianos ha denunciado más de 2.500 contratos para realizar abortos en la Comunidad de Madrid (España) por estar “en fraude de ley”, por un valor total de 9 millones de euros en la última década.
La entidad de juristas acusa a la administración regional española, gobernada por el Partido Popular desde hace 30 años, de “trocear contratos de cientos de miles de euros para otorgarlos como contratos menores y evitar así el concurso público”.
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Así lo ha hecho constar ante el Tribunal de Cuentas, donde ha interpuesto una denuncia contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por estas supuestas adjudicaciones “a dedo”.
En total, desde 2016, La Comunidad de Madrid, que tiene la responsabilidad de gestionar las competencias en materia sanitaria, repartió más de 9 millones de euros entre siete negocios de aborto instalados en la región a través de los llamados “contratos menores”.
Esta forma legal de acuerdo con las Administraciones Públicas en España está contemplada en la Ley de Contratos del Sector Público y se refiere a los contratos de obra por valor inferior a 40.000 euros y a los contratos de suministros o servicios por valor inferior a 15.000 euros.
Estos contratos no tienen obligación de seguir el procedimiento ordinario de concurso público a priori, si bien han de hacerse públicos a posteriori y no deben tener una duración superior a un año en principio.
Algunas administraciones han recurrido a ellos en el pasado para evitar el procedimiento ordinario y contratar servicios recurrentes con las mismas empresas mediante el sistema de “troceo”, con el que se logra evitar el límite mínimo impuesto por la ley.
Centros de aborto beneficiados
Según la denuncia de Abogados Cristianos, la Comunidad de Madrid otorgó a través de este sistema 2,4 millones de euros al negocio Dator mediante más de 400 contratos. En el caso de los negocios de aborto Isadora, Sergine y El Bosque, la cantidad total por cada uno de ellos ascendió a 1,4 millones de euros, a través de una media de 380 contratos.
Por su parte, la administración autonómica dio entre 700.000 y 800.000 euros de dinero público mediante la tramitación de unos 1.000 contratos menores a los centros de aborto Callao, Pacífico y Retiro.
En un comunicado, la Fundación de Abogados Cristianos subraya que “con esta fórmula, la Comunidad de Madrid lleva años otorgando a dedo contratos millonarios y evitando que se conozcan los detalles”.
Su presidenta, Polonia Castellanos, denuncia además “el uso masivo e ilícito de contratos menores para encubrir contratos millonarios y poder evadir los controles administrativos perceptivos. Una vez más comprobamos cómo el millonario negocio del aborto se cree con impunidad para poder saltarse la legalidad vigente”.
Nacido en 1980, soy un esposo y padre de familia español y periodista con más de 20 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en información sociopolítica y religiosa. He trabajado más de 10 años en defensa de los derechos humanos y tengo acreditaciones en Periodismo y Comunicación Integral. Desde julio de 2022, soy corresponsal de ACI Prensa y EWTN Noticias en España, cubriendo eventos internacionales de la Iglesia Católica.
