Comienza la audiencia de apelación del Cardenal Becciu en el Vaticano

La audiencia de apelación del Cardenal Angelo Becciu, el ex sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano que fue condenado en diciembre de 2023 por malversación, fraude agravado y abuso de poder, estaba programada para comenzar el lunes.

Escuchada por un tribunal de apelación del Vaticano compuesto por seis jueces, se espera que la apelación reexamine tanto objeciones fácticas como procesales del primer juicio, incluyendo pruebas, transcripciones judiciales y todas las presentaciones de la defensa del cardenal Becciu y de la fiscalía vaticana.

Después del llamado “juicio del siglo”, que duró dos años y medio, el Cardenal Becciu, de 77 años, fue declarado culpable de mala gestión financiera y condenado a cinco años y seis meses de prisión. También se le impuso una multa de 8.000 euros y fue inhabilitado de manera permanente para ejercer cargos públicos.

La apelación del cardenal se escuchará junto con la de otros ocho acusados que también fueron juzgados, encontrados culpables y recibieron una variedad de sentencias. Cinco de esos acusados —Raffaele Mincione, Enrico Crasso, Gianluigi Torzi, Fabrizio Tirabassi y Cecilia Marogna— también recibieron penas de prisión de diversa duración.

Becciu fue el primer cardenal en ser juzgado por un tribunal vaticano y ha permanecido en libertad a la espera del resultado de su apelación. Pese a afirmar inicialmente que era elegible para votar en el cónclave de mayo, decidió retirarse “por el bien de la Iglesia” y por “obediencia” al Papa Francisco.

El tribunal vaticano dijo que la condena del cardenal se basó en “pruebas plenas e irrefutables” de que estaba invirtiendo dinero del Vaticano en una operación inmobiliaria altamente especulativa en Sloane Avenue, Londres, con “total desprecio” por las políticas del Vaticano. Dado el modo en que se estructuró y reestructuró la operación, terminó provocando al Vaticano pérdidas superiores a los 200 millones de dólares. El cardenal italiano era entonces sustituto de la Secretaría de Estado cuando esta empezó a negociar la operación inmobiliaria en 2014, utilizando fondos propios de la secretaría.

El cardenal también fue declarado culpable de realizar al menos 125.000 euros en pagos no autorizados a la organización benéfica de su hermano en Cerdeña, así como de desviar más de 500.000 euros de fondos vaticanos a la experta en geopolítica Cecilia Marogna, quien, en lugar de utilizarlos para inteligencia y una misión humanitaria para liberar a una religiosa secuestrada en Malí, fue acusada de gastar los fondos en artículos de lujo y viajes.

El Cardenal Becciu ha defendido constantemente su inocencia, sosteniendo que actuó con la aprobación o autoridad papal. Ha insistido en que las donaciones se destinaron a fines humanitarios o eclesiásticos, y en que hubo irregularidades procesales durante la investigación y el juicio.

El purpurado ha subrayado que su cargo como sustituto (número dos en la Secretaría de Estado) exigía actuar con la confianza papal y que este rol le otorgaba amplia discreción para misiones diplomáticas y humanitarias, como los esfuerzos de rescate para liberar a la religiosa secuestrada.

El cardenal ha insistido en que el dinero enviado a la organización benéfica sarda fue solicitado por el obispo local para proyectos sociales, permaneció en las arcas diocesanas y no se destinó a beneficio personal o familiar. Respecto a Marogna, Becciu ha afirmado que todos los pagos fueron destinados a servicios diplomáticos y de seguridad legítimos, no a fines inapropiados o privados.

En defensa del cardenal, sus abogados han argumentado que la fiscalía se benefició de decretos papales no revelados que permitieron escuchas secretas y detenciones sin orden judicial, y que los testigos fueron preparados por la policía vaticana, lo que socavó las garantías de un juicio justo.

El Cardenal Becciu también ha alegado nuevas pruebas de manipulación externa y colusión con los fiscales vaticanos, reiterando su afirmación de haber sido “víctima de una conspiración” construida sobre falsedades y presión mediática, afirmaciones que han sido enérgicamente negadas.

También ha dicho que se le presumió culpable injustamente desde el inicio y que pruebas clave exculpatorias fueron ignoradas o pasadas por alto en el juicio, acusaciones que el tribunal vaticano desestimó. Su defensa planea impugnar tanto las conclusiones fácticas como los procedimientos legales en su apelación.

El pasado octubre, el Vaticano publicó sus razones para condenar al Cardenal Angelo Becciu, indicando que estuvo involucrado en el uso ilícito de fondos de la Santa Sede a pesar de no tener un “propósito lucrativo” y subrayando que el juicio fue justo.

Comentando la sentencia de 800 páginas en un editorial en L’Osservatore Romano, Andrea Tornielli, director editorial de Vatican Media, reafirmó la valoración del juicio como justo. Añadió que el resultado mostró la necesidad de que los prelados y quienes gestionan las finanzas vaticanas rindan cuentas por sus acciones.

Aunque Tornielli no nombró al Cardenal Becciu, éste criticó el editorial por su “tono vagamente moralista” y nuevamente defendió su inocencia. Reconoció que las sumas relativas a la operación inmobiliaria de Londres eran “enormes”, pero insistió en que no carecían de precedentes y que tenían “la aprobación del superior de ese momento”, es decir, el responsable de la oficina administrativa vaticana, Mons. Alberto Perlasca, quien, como testigo principal del juicio, evitó la acusación.

Al igual que en el juicio, el Cardenal Becciu fue acusado de intentar desplazar la responsabilidad hacia otros, incluido el Papa Francisco, de quien dijo que conocía todo sobre la operación de Londres, aunque el grado de implicación del Papa nunca ha sido del todo esclarecido.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.