Por Tyler Arnold
Una coalición de denominaciones protestantes presentó el 28 de julio una demanda para impugnar la política del gobierno de Donald Trump que facilita a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el arresto de sospechosos en iglesias y otros lugares sensibles.
En enero, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) anuló las directrices del gobierno anterior que impedían a los agentes del ICE realizar arrestos migratorios en iglesias y otros lugares sensibles, a menos que contaran con la aprobación de un supervisor o existiera una necesidad urgente de tomar medidas coercitivas, como una amenaza inminente.
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La demanda interpuesta por la coalición protestante argumenta que el cambio de política viola el derecho al libre ejercicio de la religión consagrado en la Primera Enmienda y dos leyes federales: la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa y la Ley de Procedimiento Administrativo.
Entre las iglesias demandantes están varios sínodos de la Iglesia Evangélica Luterana en América, además de iglesias cuáqueras, bautistas e iglesias comunitarias. La organización sin fines de lucro Democracy Forward actúa como codefensor en la demanda.
“Las redadas en iglesias y espacios sagrados violan décadas de normas, tanto de administraciones demócratas como republicanas, protecciones constitucionales fundamentales y la decencia humana fundamental”, declaró en un comunicado Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward.
“Las comunidades religiosas no deberían tener que elegir entre sus compromisos espirituales y la seguridad de sus feligreses”, declaró Perryman. “Para Democracy Forward es un honor acompañar a estos líderes religiosos en los tribunales. No nos rendiremos hasta que esta política ilegal y peligrosa sea derogada”.
Bajo las normas actuales, los lugares anteriormente considerados “sensibles”, como iglesias, otros lugares de culto, escuelas, hospitales, albergues y parques infantiles, no reciben las protecciones especiales que tenían bajo la administración anterior.
Sin embargo, un memorando del DHS en aquel momento instruyó a los agentes del ICE a mantener la discreción y a “equilibrar diversos intereses”, incluyendo el grado de aplicación de las medidas de control en cada uno de esos lugares. Les pide a los agentes que apliquen “una buena dosis de sentido común”.
La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, refutó la narrativa de la demanda en una declaración proporcionada a CNA —agencia en inglés de EWTN News—, afirmando que cualquier aplicación de la ley en lugares de culto sería "extremadamente inusual".
"Nuestros oficiales actúan con discreción", declaró. "Los oficiales necesitarían la aprobación de un supervisor secundario antes de poder tomar cualquier medida en lugares como una iglesia o una escuela".
La demanda sostiene que no basta con que la discreción “esté guiada únicamente por el 'sentido común'" y afirma que la política "no requiere ningún proceso interno antes de que los agentes puedan aplicar la ley en estos lugares" ni "que existan circunstancias apremiantes antes de que los agentes entren".
Efectos del cambio de política del DHS
La demanda alega que el cambio de política provoca que las personas "tengan un temor razonable de asistir a lugares de culto" y que algunas iglesias representadas en la demanda "han visto desplomarse tanto la asistencia como las donaciones". Afirma que esto cuestiona el libre ejercicio de la religión y que la nueva política no es la forma menos restrictiva de promover el interés del gobierno en la aplicación de la ley migratoria.
“Las congregaciones cuya fe las impulsa a celebrar sus cultos con las puertas y los brazos abiertos se han visto obligadas repentinamente a cerrar esas puertas y a capacitar a su personal para responder a las redadas migratorias”, argumenta la demanda.
“En muchos lugares de fe en Estados Unidos, la alegría abierta y la restauración espiritual del culto comunitario han sido reemplazadas por el aislamiento, el encubrimiento y el miedo”, añade.
Las diócesis católicas también han planteado preocupaciones similares. Por ejemplo, la Diócesis de San Bernardino, en California, emitió una dispensa de la Misa dominical para quienes teman ser deportados. El Arzobispo de Los Ángeles, Mons. José Gomez, afirmó que la gente está faltando a la Eucaristía a causa de estos temores.
La demanda afirma que el cambio de política del gobierno también ha “provocado un creciente número de acciones de control migratorio en o cerca de estas áreas anteriormente protegidas”.
Aunque no hay denuncias de redadas selectivas en iglesias, la demanda cita ejemplos de arrestos por motivos de inmigración en o cerca de propiedades eclesiásticas.
El documento hace referencia a dos arrestos en la Diócesis de San Bernardino: uno en el que hombres fueron perseguidos hasta el estacionamiento de una iglesia y otro en el que un hombre estaba realizando trabajos de jardinería. También menciona dos arrestos cerca de iglesias en Los Ángeles y otro cerca de una iglesia en Oregón.
“La presente amenaza de vigilancia, interrogatorio o arresto en sus lugares de culto significa, entre otras cosas, menos feligreses participando en el culto comunitario; una menor capacidad para ofrecer o participar en ministerios religiosos; y una interferencia con su capacidad para cumplir con sus mandatos religiosos, incluyendo su obligación de recibir a todos los asistentes al culto y no poner a nadie en peligro”, afirma la demanda.
McLaughlin, sin embargo, refutó estas afirmaciones, afirmando que el cambio de política “permite a nuestras fuerzas del orden hacer su trabajo”.
“Estamos protegiendo nuestras escuelas [y] lugares de culto al evitar que delincuentes extranjeros y pandilleros se aprovechen de estos lugares y se refugien allí, ya que estos delincuentes sabían que las fuerzas del orden no podían entrar bajo la administración Biden”, declaró.
Otros grupos religiosos han presentado demandas similares contra el DHS a raíz del cambio de política.
Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.
Tyler Arnold es reportero del National Catholic Register. Anteriormente trabajó en The Center Square y ha publicado en diversos medios, incluidos The Associated Press, National Review, The American Conservative y The Federalist.
