La Ministra de Igualdad de España, Ana Redondo, generó controversia al sugerir que las normas de la Iglesia Católica sobre la administración de la Sagrada Comunión deben ser interpretadas "a la luz de la Constitución".
En una entrevista en el programa 59 segundos de Televisión Española, Redondo calificó de "claramente y abiertamente inconstitucional" la negativa de un sacerdote a dar la comunión a un alcalde homosexual, argumentando que tal acción podría violar los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.
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Este pronunciamiento surge a raíz de un incidente reciente en la localidad de Torrecaballeros, donde un párroco negó la hostia consagrada al alcalde, quien es abiertamente homosexual y que vive "según el modo matrimonial” con otro hombre, como explicó la Diócesis de Segovia.
La ministra anunció su intención de reunirse con la Conferencia Episcopal Española para dialogar sobre el tema, enfatizando que las reglas eclesiásticas deben ser interpretadas en consonancia con los principios constitucionales.
Redondo insistió en que “ningún sector, ninguna administración y yo creo que tampoco la Iglesia, aunque no haya una ley específica, puede sustraerse a las reglas constitucionales, al principio de igualdad y no discriminación del artículo 14”.
La Constitución Española establece en este artículo que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
La dirigente también argumentó que se podría estar contraviniendo el artículo 16 de la Carta Magna en el sentido de que “no se puede exigir a un ciudadano que decida si tiene libertad religiosa y de conciencia o si tiene libertad en su condición sexual”.
Este precepto constitucional garantiza “la libertad ideológica, religiosa y de culto” y establece que no se puede obligar a nadie a declarar sobre “su ideología, religión o creencias”.
También señala que no existe una religión oficial en España y que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.
La CEE ha confirmado a ACI Prensa que se ha producido la solicitud oficial de un encuentro, si bien no ha precisado quiénes serán los interlocutores ni el día en que tendrá lugar.