El Ministerio de Igualdad del Gobierno de España ha abierto un expediente para investigar a varias diócesis españolas que han sido denunciadas por impartir supuestas “terapias de conversión” a personas con tendencias homosexuales.

La ministra Ana Redondo se reunió este martes con el presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, Saúl Castro, quien le ha trasladado los detalles de la denuncia que registraron hace unos días contra las archidiócesis de Madrid, Barcelona y Valencia, y las diócesis de Málaga, Getafe, Alcalá de Henares y Sigüenza-Guadalajara. 

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La denuncia tiene su origen en la celebración de unos ciclos de conferencias del apostolado Transformados, cuya directora, Marta Sanz, ha explicado en un comunicado que su actividad se limita a ofrecer “testimonios de personas cuyas vidas se han transformado por completo tras un encuentro con Cristo”.

Señala que la narración de estas experiencias de cambio de vida tiene elementos comunes: “anhelaban una relación con Jesús” y le pidieron “salir de una situación que no deseaban”; decidieron “vivir en castidad ayudados por la Gracia de Dios” y experimentaron “un cambio de corazón y mente gracias a los Sacramentos”.

Marta Sanz también indica en su comunicado que “este apostolado no ofrece terapias sino sólo a Cristo y la doctrina de la Santa Iglesia Católica en todos sus aspectos”.

La Ley 4/2023 para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, conocida como Ley Trans, prohíbe en su artículo 17 “la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal”.

La norma fue aprobada contra el criterio de importantes instancias consultivas como el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, en especial en lo referido a la desprotección de los menores. 

También expresaron su opinión desfavorable organizaciones científicas como la Asociación Española de Bioética y Ética Médica que, entre otras cuestiones, rechazó el carácter de urgencia que se otorgó a su tramitación, señaló su carácter intervencionista, denunció la exclusión de la opinión de los profesionales sanitarios y la imposición de presiones ideológicas. 

Las sanciones a las que se pueden ver sometidas las diócesis puede ir desde los 2000 a los 150.000 euros, además de conllevar la prohibición de recibir ayudas públicas.

Obispo denuncia un “constructo ideológico” marxista

El Obispo de Orihuela-Alicante, Mons. José Ignacio Munilla, ha expresado a través de las redes sociales que “lo que llaman ‘terapia de conversión’, en realidad, no existe. Es tan solo un ‘constructo ideológico’ del marxismo para impedir a la Iglesia acompañar pastoralmente a las personas con inclinaciones homosexuales, ayudándoles a vivir la virtud de la castidad”.

El prelado también denuncia que “resulta irónico que quienes defienden la libertad para cambiarse de sexo -hormonas y cirugías incluidas-, prohíban a los homosexuales solicitar libremente lo que ellos califican como ‘terapia de conversión’”.

Para Mons. Munilla “es una demostración palmaria de que no creen en la libertad, de la que tanto alardeaban; además de ser una prueba más de la falta de libertad religiosa que estamos padeciendo”.