En diciembre de 2023 culminó en el Vaticano el llamado “juicio del siglo”, en su primera instancia, un proceso que ha durado más de dos años y que tiene como protagonista al Cardenal Angelo Becciu, acusado de haber malversado fondos económicos de la Santa Sede.

El presidente del Tribunal Vaticano, Giuseppe Pignatone, fue quien dirigió el proceso judicial que ha constado de 86 audiencias, la primera de las cuales tuvo lugar el 27 de julio de 2021.

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Lo que debes saber sobre el juicio del siglo:

Este es un caso judicial sin precedentes, pues desde la creación del Estado Vaticano en 1929, nunca un tribunal de la Santa Sede había abierto un proceso contra un funcionario de alto rango.

Hasta el 30 de abril de 2021, los cardenales sólo podían ser juzgados por el Tribunal de Casación del Vaticano, compuesto por tres cardenales. Con un motu proprio, el Papa Francisco estableció que los tribunales ordinarios también pueden juzgar a los purpurados, previa autorización del Pontífice. El 19 de junio de 2021 el Santo Padre autorizó a la Corte a proceder contra el Cardenal Becciu.

Además del Cardenal Becciu, el proceso incluye a otras nueve personas, entre inversionistas y exfuncionarios de la Secretaría de Estado como Mons. Mauro Carlino y Fabrizio Tirabassi.

El promotor de justicia del Vaticano, Alessandro Diddi, pidió 7 años y 3 meses de cárcel para el purpurado, 10.329 euros de multa y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

¿Quién es el Cardenal Becciu?

El Cardenal Angelo Becciu tiene 76 años de edad. Entre octubre de 2001 y julio de 2009 integró el cuerpo diplomático del Vaticano como nuncio apostólico en Angola, Santo Tomé y Príncipe, y Cuba.

De mayo de 2011 a junio de 2018 se desempeñó como sustituto de la Secretaría de Estado Vaticano. Fue creado cardenal por el Papa Francisco en junio de 2018. En septiembre de ese año fue designado prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.

Sin embargo, debido a las implicancias del proceso, en septiembre de 2020 renunció a sus derechos cardenalicios y al cargo de prefecto tras una reunión que mantuvo con el Papa Francisco.

El 30 de marzo de 2022 se informó que, para efectos del juicio, el Santo Padre había dispensado al purpurado de la obligación del secreto pontificio, la regla de confidencialidad sobre información delicada del gobierno de la Iglesia universal.

La causa que provocó el proceso

Para comprender el juicio es necesario retroceder a octubre de 2019, cuando el periódico británico Financial Times reveló que el Vaticano llevaba a cabo una investigación por posibles irregularidades en una inversión iniciada en 2014 en Londres, la cual habría sido autorizada por Becciu, entonces sustituto de la Secretaría de Estado Vaticano, el segundo cargo más alto de este departamento.

La publicación británica también mencionó el allanamiento que la fiscalía vaticana realizó el 1 de octubre de 2019 a las oficinas de la Secretaría de Estado. Al día siguiente se conoció que cinco funcionarios habían sido suspendidos, entre ellos Mons. Carlino, quien supervisaba la documentación del departamento, y Tomasso Di Ruzza, entonces director de la Autoridad de Inteligencia Financiera del Vaticano.

La inversión que provocó la investigación fue la adquisición de un edificio en Sloane avenue, una zona exclusiva de Londres, por 364 millones de dólares con fondos de la Santa Sede.

La compra, realizada en base a cuotas, se completó en el año 2018. Sin embargo, el 1 de julio de 2022 la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) informó que el inmueble fue vendido a la empresa Bain Capital por unos 223,6 millones de dólares.

La APSA aseguró que las pérdidas sufridas “fueron conferidas a la reserva de la Secretaría de Estado, sin que en modo alguno toque en esta circunstancia el Óbolo de San Pedro ni las donaciones de los fieles”.

Los otros implicados 

Además del Cardenal Becciu y los ya mencionados Mons. Carlino y Di Ruzza, también fueron implicados René Brülhart, abogado y expresidente la Autoridad de Supervisión e Información Financiera del Vaticano; Fabrizio Tirabassi, exfuncionario de la Oficina

Administrativa de la Secretaría de Estado; y Enrico Crasso, corredor financiero que ha administrado inversiones de este departamento vaticano.

También fueron juzgados Raffaele Mincione, corredor financiero que habría alentado a la Secretaría de Estado a invertir en la propiedad de Londres; Nicola Squillace, un abogado

involucrado en las negociaciones; y Gianluigi Torzi, corredor de inmuebles a quien la Santa Sede solicitó poder salir del fondo de propiedad de Mincione y que conservó para uso propio parte de las acciones de la sociedad con la cual se consumó la compra del inmueble.

Asimismo, el Tribunal vaticano juzgó a Cecilia Marogna, una experta en geopolítica que recibió fondos vaticanos supuestamente para lograr la liberación de la religiosa colombiana Cecilia Narváez, quien entre febrero de 2017 y octubre de 2021 estuvo secuestrada en Mali.

Al inicio del proceso fue implicado Mons. Alberto Perlasca, quien durante cerca de una década fue jefe de la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado, sin embargo, luego pasó a calidad de testigo. Su testimonio ha sido usado para sustentar la acusación.

Sospechosa donación a Cáritas y compra de artículos de lujo

Si bien el detonante del proceso ha sido la inversión en Londres, el juicio por supuestos malos manejos del dinero de la Santa Sede abarca también otros dos casos.

Uno es la contribución económica de 125.000 euros de la Secretaría de Estado a Cáritas de Ozieri, la diócesis natal de Becciu, para desarrollar un proyecto de la cooperativa SPES,

presidida por su hermano. La acusación contra el cardenal es por malversación de fondos.

El otro son los 500.000 euros que la Secretaría de Estado entregó a Marogna para pagar supuestas operaciones de rescate de rehenes, entre ellos la hermana Narváez. El purpurado afirmó que el Papa Francisco tenía conocimiento de la operación para liberar a la religiosa colombiana y autorizó el uso del dinero.

Sin embargo, de acuerdo a las facturas de Marogna, con el dinero se compraron artículos de lujo. La mujer afirma que esos objetos sirvieron para conseguir el apoyo de las esposas de personajes africanos influyentes.

El Cardenal Becciu asegura que es inocente

El Cardenal Becciu ha defendido su inocencia desde el inicio del proceso judicial y sus abogados han calificado a la acusación de ser “un teorema” para involucrarlo como

responsable de la gestión de los fondos de la Secretaría de Estado, que según ellos recaía en la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado.

El abogado Fabio Viglione ha asegurado que hay "contradicciones evidentes de la acusación y del juicio hacia Becciu, medido sobre hechos no documentados", respecto de los cuales "su implicación es totalmente injustificada".

Viglione se basa en las dudas que surgieron sobre el testimonio de Mons. Perlasca, debido a las contradicciones en las que ha caído y porque, al parecer, habría aceptado sugerencias externas de Francesca Immacolata Chaouqui, exmiembro de la Comisión Referente para el Estudio de la Estructura Económica y Administrativa de la Santa Sede (COSEA) y que en el 2016 fue condenada a diez meses por colaborar en la filtración de documentos reservados del Vaticano.

Sin embargo, según Vatican News, el promotor de justicia ha afirmado durante la 84ª sesión que el testimonio de Mons. Perlasca no es “la piedra angular de la investigación” y que el exfuncionario no ha dado “ninguna pista” sobre el dinero entregado a Marogna. 

El promotor añadió que “si fuera cierto que Becciu fue engañado” por Marogna, “¿por qué no lo denunció? ¿Por qué siguió reuniéndose con ella en 2021? ¿Por qué la acoge en su casa?”.

Asimismo, aseguró que “el Papa no autorizó el dinero a Marogna, porque no sabía nada de ella, sino a la empresa británica Inkerman”, encargada de mediar para liberar a la religiosa colombiana.

Sobre el caso de Cáritas Ozieri, Viglione asegura que los fondos no estaban destinados a la cooperativa gestionada por el hermano del purpurado, sino a apoyar la reactivación de una panadería local y para un proyecto llamado Ciudadela de la Caridad.

En cambio, la fiscalía vaticana ha criticado que en este tema la defensa no ha confrontado “los resultados de la investigación de la GdF (Guardia de Finanza) de Oristano” sobre la Diócesis de Ozieri y la cooperativa Spes.

La Secretaría de Estado del Vaticano pidió castigar todos los delitos

Pocos días antes de la sentencia, se leyó una carta que el secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, dirigió a la Oficina del Promotor de Justicia. La misiva tiene fecha 6 de noviembre, pero fue comunicada a dicha oficina el 11 de diciembre.

De acuerdo a Vatican News, la misiva fue leída durante la 84ª audiencia “en respuesta a una petición de la misma oficina sobre la falta de denuncia por parte de la Secretaría de Estado y de confirmación sobre si había voluntad de proceder”.

En la carta, el Cardenal Parolin explica que “siguiendo una posición ya adoptada por la Secretaría de Estado, confirmo la petición de perseguir y castigar todos los delitos en los

que se actúe a instancia de parte y en los que la Secretaría de Estado se considere parte ofendida”.

Mientras la también abogada del Cardenal Becciu, Maria Concetta Marzo, asegura que se ha “demostrado la total inocencia del cardenal respecto de cualquier presunto delito”, la Oficina del Promotor de Justicia señaló que el purpurado debía ser condenado y prohibido de ejercer cualquier cargo público de manera perenne.

El Tribunal condena al Cardenal Becciu

El 16 de diciembre de 2023 el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano condenó al Cardenal Becciu a cinco años por uso indebido de dinero de la Santa Sede. Además, lo inhabilitó de forma perpetua para ejercer cargos públicos y deberá pagar una multa de 8.000 euros.

El Tribunal lo halló responsable de la compra irregular del edificio en Sloane Avenue de Londres, pues esta se llevó a cabo “a instancias del purpurado”.

También lo encontró culpable de malversación al transferir 125.000 euros de la Secretaría de Estado a Cáritas de Ozieri, a través de una cooperativa presidida por su hermano Antonio Becciu.

Asimismo, lo condenó por la entrega de 570.000 euros del departamento vaticano a Cecilia Marogna, los cuales no fueron usados para el rescate de rehenes, como habían argumentado.

El Cardenal Becciu ha expresado su voluntad de apelar

En diciembre de 2023 el exsustituto de la Secretaría de Estado anunció que apelará el fallo de primera instancia, sin embargo, aún no puede hacerlo porque el Tribunal no ha publicado la sentencia completa, con las motivaciones del fallo.

Una vez que esta haya sido publicada, el cardenal tendrá tres días para apelar. Sin embargo, es probable que la sentencia completa no se conozca antes que concluya el verano europeo, es decir septiembre u octubre.

También apelarán la sentencia el promotor de justicia del Vaticano, Alessandro Diddi, la Autoridad de Supervisión e Información Financiera, y el Instituto para las Obras de Religión (IOR).

Por el contrario, la Secretaría de Estado y la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica señalaron que no apelarán al obtener una satisfacción parcial con la compensación establecida por el tribunal.

¿Cómo es el proceso de apelación?

Aceptada la solicitud de apelación, el tribunal encargado establecerá las audiencias. Sin embargo, este será un proceso “documental”, por así decirlo, pues no habrá muchos testimonios y no se escucharán aquellos que ya fueron presentados.

Además, no habrá debates, sino que se revisarán los documentos y se evaluará si hubo vicios en la primera instancia.

¿Dónde se encuentra el Cardenal Becciu?

Actualmente el Cardenal Angelo Becciu se encuentra en su residencia dentro del Vaticano. No ha sido llevado a prisión ni sometido a un arresto domiciliario pues la sentencia no puede ser ejecutada hasta que no sea definitiva.

Sin embargo, dentro del Vaticano no existe una prisión propiamente dicha, sino tres celdas en la sede del Gendarmería Vaticana que no pueden ser utilizadas para penas largas. En caso de una condena extensa —y para la cual se ha descartado la detención domiciliaria—, la persona es transferida a una cárcel italiana, siguiendo las pautas del concordato entre la Santa Sede y el Estado italiano.

Este artículo ha sido actualizado el 18 de julio de 2024 para añadir la información sobre la condena en primera instancia y acerca del proceso de apelación anunciado por el Cardenal Angelo Becciu.