Basílica de San Pedro. | Crédito: Eduardo Berdejo (ACI)
Por Eduardo Berdejo
Este fin de semana debería terminar en el Vaticano el llamado “juicio del siglo”, un proceso que ha durado más de dos años y que tiene como protagonista al Cardenal Angelo Becciu, acusado de haber malversado fondos económicos de la Santa Sede.
El presidente del Tribunal Vaticano, Giuseppe Pignatone, ha anunciado que el sábado 16 de diciembre se conocerá la sentencia tras 85 audiencias, la primera de las cuales tuvo lugar el 27 de julio de 2021.
Este es un caso judicial sin precedentes, pues desde la creación del Estado Vaticano en 1929, nunca un tribunal de la Santa Sede había abierto un proceso contra un funcionario de alto rango.
Hasta el 30 de abril de 2021, los cardenales sólo podían ser juzgados por el Tribunal de Casación del Vaticano, compuesto por tres cardenales. Con un motu proprio, el Papa Francisco estableció que los tribunales ordinarios también pueden juzgar a los purpurados, previa autorización del Pontífice. El 19 de junio de 2021 el Santo Padre autorizó a la Corte a proceder contra el Cardenal Becciu.
Además del Cardenal Becciu, el proceso incluye a otras nueve personas, entre inversionistas y exfuncionarios de la Secretaría de Estado como Mons. Mauro Carlino y Fabrizio Tirabassi.
El promotor de justicia del Vaticano, Alessandro Diddi, ha pedido 7 años y 3 meses de cárcel para el purpurado, 10.329 euros de multa y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El Cardenal Angelo Becciu tiene 75 años de edad. Entre octubre de 2001 y julio de 2009 formó parte del cuerpo diplomático del Vaticano al desempeñarse como nuncio apostólico en Angola, Santo Tomé y Príncipe, y Cuba.
De mayo de 2011 a junio de 2018 se desempeñó como sustituto de la Secretaría de Estado Vaticano. Fue creado cardenal por el Papa Francisco en junio de 2018. Era el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos desde el 1 de septiembre de 2018.
Debido a las implicancias del proceso, en septiembre de 2020 renunció a sus derechos cardenalicios y al cargo de prefecto tras una reunión que mantuvo con el Papa Francisco.
El 30 de marzo de 2022 se informó que, para efectos del juicio, el Papa Francisco había dispensado al purpurado de la obligación del secreto pontificio, la regla de confidencialidad sobre información delicada del gobierno de la Iglesia universal.
Para comprender el juicio es necesario retroceder a octubre de 2019, cuando el periódico británico Financial Times reveló que el Vaticano estaba llevando a cabo una investigación por posibles irregularidades en una inversión iniciada en 2014 en Londres, la cual habría sido autorizada por Becciu, entonces sustituto de la Secretaría de Estado Vaticano, el segundo cargo más alto de este departamento.
La publicación británica mencionó el allanamiento que el 1 de octubre de ese año la fiscalía vaticana realizó en las oficinas de la Secretaría de Estado. Al día siguiente se conoció que cinco funcionarios habían sido suspendidos, entre ellos Mons. Carlino, quien supervisaba la documentación del departamento y Tomasso Di Ruzza, entonces director de la Autoridad de Inteligencia Financiera del Vaticano.
La inversión que provocó la investigación fue la adquisición de un edificio en una zona exclusiva de Londres por 364 millones de dólares, con fondos de la Santa Sede. La compra, realizada en base a cuotas, se completó en el año 2018. Sin embargo, el 1 de julio de 2022 la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) informó que el inmueble fue vendido a la empresa Bain Capital por unos 223,6 millones de dólares.
La APSA aseguró que las pérdidas sufridas “fueron conferidas a la reserva de la Secretaría de Estado, sin que en modo alguno toque en esta circunstancia el Óbolo de San Pedro ni las donaciones de los fieles”.
Además del Cardenal Becciu y los ya mencionados Mons. Carlino y Di Ruzza, se encuentran René Brülhart, abogado y expresidente la Autoridad de Supervisión e Información Financiera del Vaticano; Fabrizio Tirabassi, exfuncionario de la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado; y Enrico Crasso, corredor financiero que ha administrado inversiones de este departamento vaticano.
También son juzgados Raffaele Mincione, corredor financiero que habría alentado a la Secretaría de Estado a invertir en la propiedad de Londres; Nicola Squillace, un abogado involucrado en las negociaciones; y Gianluigi Torzi, corredor de inmuebles a quien la Santa Sede solicitó poder salir del fondo de propiedad de Mincione y que conservó para uso propio parte de las acciones de la sociedad con la cual se consumó la compra del inmueble.
Asimismo, figura Cecilia Marogna, una experta en geopolítica que habría recibido fondos vaticanos para lograr la liberación de la religiosa colombiana Cecilia Narváez, quien estaba secuestrada en Mali.
Al inicio del proceso fue implicado Mons. Alberto Perlasca, quien durante cerca de una década fue jefe de la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado, sin embargo, luego pasó a calidad de testigo. Su testimonio ha sido usado para sustentar la acusación.
Si bien el detonante del proceso ha sido la inversión en Londres, el juicio por supuestos malos manejos del dinero de la Santa Sede abarca también otros dos casos.
Uno es la contribución económica de 125.000 euros de la Secretaría de Estado a Cáritas de Ozieri, la diócesis natal de Becciu, para desarrollar un proyecto de la cooperativa SPES, presidida por su hermano. La acusación contra el cardenal es por malversación de fondos.
El otro son los 500.000 euros que la Secretaría de Estado entregó a Marogna para pagar supuestas operaciones de rescate de rehenes, como el caso de la hermana Narváez. El purpurado afirmó que el Papa Francisco sí tenía conocimiento de la operación para liberar a la religiosa colombiana y autorizó el uso del dinero.
Sin embargo, de acuerdo a las facturas de Marogna, con el dinero se compraron artículos de lujo. La mujer afirma que esos objetos sirvieron para conseguir el apoyo de las esposas de personajes africanos influyentes.
Becciu ha defendido su inocencia desde el inicio del proceso judicial y sus abogados han calificado a la acusación de ser “un teorema” para involucrarlo como responsable de la gestión de los fondos de la Secretaría de Estado, que según ellos recaía en la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado.
El abogado Fabio Viglione asegura que hay "contradicciones evidentes de la acusación y del juicio hacia Becciu, medido sobre hechos no documentados", respecto de los cuales "su implicación es totalmente injustificada".
Viglione basa sus argumentos en las dudas que han surgido sobre el testimonio de Mons. Perlasca, debido a las contradicciones en las que ha caído y porque, al parecer, habría aceptado sugerencias externas de Francesca Immacolata Chaouqui, exmiembro de la Comisión Referente para el Estudio de la Estructura Económica y Administrativa de la Santa Sede (COSEA) y que en el 2016 fue condenada a diez meses por colaborar en la filtración de documentos reservados del Vaticano.
Sin embargo, según Vatican News, el promotor de justicia ha afirmado durante la 84ª sesión que el testimonio de Mons. Perlasca no es “la piedra angular de la investigación” y que el exfuncionario no ha dado “ninguna pista” sobre el dinero entregado a Marogna.
El promotor añadió que “si fuera cierto que Becciu fue engañado” por Marogna, “¿por qué no lo denunció? ¿Por qué siguió reuniéndose con ella en 2021? ¿Por qué la acoge en su casa?”
Asimismo, aseguró que “el Papa no autorizó el dinero a Marogna, porque no sabía nada de ella, sino a la empresa británica Inkerman”, encargada de mediar para liberar a la religiosa colombiana.
Sobre el caso de Cáritas Ozieri, Viglione asegura que los fondos no estaban destinados a la cooperativa gestionada por el hermano del purpurado, sino a apoyar la reactivación de una panadería local y para un proyecto llamado Ciudadela de la Caridad.
En cambio, la fiscalía vaticana ha criticado que en este tema la defensa no ha confrontado “los resultados de la investigación de la GdF (Guardia de Finanza) de Oristano” sobre la Diócesis de Ozieri y la cooperativa Spes.
Pocos días antes de la sentencia, se dio lectura a una carta que el secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, dirigió a la Oficina del Promotor de Justicia. La misiva tiene fecha 6 de noviembre, pero fue comunicada a dicha oficina el 11 de diciembre.
De acuerdo a Vatican News, la misiva fue leída durante la 84ª audiencia “en respuesta a una petición de la misma oficina sobre la falta de denuncia por parte de la Secretaría de Estado y de confirmación sobre si había voluntad de proceder”.
En la carta, el Cardenal Parolin explica que “siguiendo una posición ya adoptada por la Secretaría de Estado, confirmo la petición de perseguir y castigar todos los delitos en los que se actúe a instancia de parte y en los que la Secretaría de Estado se considere parte ofendida”.
Mientras la también abogada del Cardenal Becciu, Maria Concetta Marzo, asegura que se ha “demostrado la total inocencia del cardenal respecto de cualquier presunto delito”, la Oficina del Promotor de Justicia ha reiterado su pedido para que el purpurado sea condenado y prohibido de ejercer cualquier cargo público de manera perenne.
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El promotor de justicia del Vaticano, Alessandro Diddi, ha pedido 7 años y 3 meses de cárcel para el Cardenal italiano Angelo Becciu, acusado de corrupción y enjuiciado desde 2021.
El Cardenal Angelo Becciu, que afronta un juicio por corrupción en el Vaticano, grabó en secreto una llamada telefónica con el Papa Francisco.
El Cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, aseguró este 13 de diciembre que “el hecho de ser madre soltera no impide el acceso a la Eucaristía”.
