Encuesta entre empleados del Vaticano descubre desconfianza generalizada hacia los directivos y denuncias de maltrato

En el sistema vaticano no existe la figura del sindicato en el sentido tradicional, ni está permitido el derecho de huelga, al considerarse que todos los empleados participan de la misma misión del Pontífice y de la Iglesia.

La muestra, según la ADLV, fue seleccionada de forma lo más heterogénea posible, abarcando distintos dicasterios y entidades del Vaticano.

Uno de los datos más significativos del sondeo es el desajuste percibido entre los trabajadores y la dirección, representada por jefes de oficina y superiores, en su mayoría cardenales u obispos. El 73,9 % de los encuestados afirma percibir un claro distanciamiento entre la jerarquía y el personal, frente a un 12,8 % que se declara satisfecho.

Además, el 71,6 % considera que los superiores no han sido seleccionados con criterios de transparencia ni mediante un recorrido curricular claro, mientras que el 26 % asegura que no es posible mantener un diálogo libre y sincero con sus responsables directos.La encuesta refleja también una profunda sensación de falta de reconocimiento profesional. El 75,9 % de los participantes considera que los recursos humanos no están adecuadamente ubicados, valorados ni motivados, y el 75,8 % cree que el entorno laboral no premia la iniciativa, el mérito ni la experiencia adquirida con la antigüedad.

Denuncias de comportamientos vejatorios

Más preocupante aún es que más del 56 % de los encuestados denuncia haber sufrido injusticias o comportamientos vejatorios por parte de sus superiores, una realidad que, según la ADLV, debería ser analizada con urgencia, aunque en el ordenamiento vaticano el delito de mobbing o acoso laboral no esté formalmente tipificado.

En esta misma línea, el 73,4 % percibe favoritismos, desigualdades de trato, inseguridad en la protección de los propios derechos —también en relación al sistema de pensiones— y una falta general de atención hacia los empleados. 

Para la ADLV resulta especialmente alarmante que el 73 % denuncie un bloqueo en la progresión profesional, en referencia a los niveles funcionales, así como la suspensión del bieno salarial, un componente de la retribución que se sumaba al salario base y es crucial para calcular la pensión y la liquidación final (TFR) de los trabajadores vaticanos. En 2021, el Papa Francisco decidió anularlo como medida de ahorro ante el déficit de la Santa Sede, lo que redujo significativamente estos beneficios futuros para los empleados. 

La valoración de las reformas laborales impulsadas en la última década es mayoritariamente negativa. El 68 % de los trabajadores considera que no han aportado beneficios concretos, sino más bien restricciones y cierres, mientras que más del 79 % opina que no se invierte lo suficiente en la formación del personal.

Más peso para la ADLV y canales de diálogo estables

Del sondeo emerge una clara demanda de órganos de representación oficialmente reconocidos y con mayor capacidad de intervención. 

En este contexto, la confianza depositada en la ADLV es elevada: más del 71 % de los encuestados afirma que acudiría a esta asociación en caso de conflicto laboral, frente a un 10 % que recurriría al ULSA. 

Además, cerca del 75 % considera que el diálogo directo entre la ADLV y los responsables de los dicasterios es la vía más eficaz para resolver los problemas.

La valoración del Fondo de Asistencia Sanitaria (FAS) es, en general, positiva, especialmente entre los pensionistas: el 48,1 % lo califica como un servicio de calidad, aunque no faltan algunas críticas puntuales.

Una parte del cuestionario estuvo dedicada a posibles sugerencias dirigidas al Papa. La mayoría de los participantes reclama devolver dignidad, voz y una tutela real a los trabajadores, mediante más representación, transparencia, diálogo y respeto a la persona y a sus derechos. Expresiones como “no ser solo números”, “tutelar con dignidad” o “amar al personal como al prójimo” se repiten en las respuestas.

Más allá de las reivindicaciones salariales —revisión de sueldos, mayores ayudas a la familia o primas de productividad equitativas—, el sondeo revela una exigencia de carácter ético, previa incluso a la contractual, como antídoto frente a la desilusión y la desconfianza crecientes.

ACI Prensa se puso en contacto con la Secretaría para la Economía, de la que depende directamente la Oficina de Recursos Humanos de la Santa Sede, pero al momento de la publicación de este artículo no se había recibido respuesta.