Según el gobierno de Nicolás Maduro, este 25 de diciembre fueron liberadas al menos 99 personas que estaban detenidas en Venezuela por motivos políticos e ideológicos.
El régimen chavista señaló, en un comunicado este jueves, que los ciudadanos excarcelados habían sido detenidos en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, debido a su participación “en hechos de violencia e incitación al odio”.
Entre los liberados se encuentra Marggie Orozco, una médico de 65 años, quien había sido sentenciada a 30 años de prisión, la máxima pena contemplada en la legislación venezolana, por haber enviado mensajes en un grupo de WhatsApp criticando al gobierno de Maduro, en medio de la convulsa situación desatada luego de las elecciones presidenciales, que fueron catalogadas por diversos analistas —dentro y fuera del país— como fraudulentas.
Estas medidas cautelares, continúa el comunicado, forman parte de las gestiones de Nicolás Maduro dirigidas a “garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos” de todos los venezolanos. Sin embargo, organizaciones como Foro Penal reportan más de 900 presos políticos aún encarcelados.
El 17 de diciembre, organizaciones de derechos humanos denunciaron el primer caso de un adolescente sentenciado por terrorismo tras su detención en el contexto postelectoral de 2024.
La Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA) aseguró que “este caso representa un punto de inflexión extremadamente grave en el uso del sistema penal venezolano contra adolescentes, al consolidar la aplicación de uno de los tipos penales más severos del ordenamiento jurídico”.