Organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la incorporación del concepto de “violencia simbólica” a la ley podría abrir la puerta a la criminalización de expresiones de fe y a la persecución de los creyentes por manifestar públicamente sus convicciones.
El pasado 26 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó una reforma para adicionar el concepto de “violencia simbólica” a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dictamen que fue enviado al Senado de la República para su análisis y eventual discusión en la Comisión de Igualdad de Género.
La iniciativa, impulsada por diputadas federales, define la “violencia simbólica” como una “manifestación de la discriminación estructural contra las mujeres”.
Según el texto, esta se puede dar con “la creación, transmisión o reproducción, de manera directa o indirecta, de mensajes, valores, símbolos, imposiciones familiares, educativas, ideológicas, sociales, económicas, políticas, culturales, estéticas o religiosas basadas en estereotipos de género, que refuerzan relaciones desiguales de poder y la subordinación de las mujeres frente a los hombres”.
Falta de claridad en el concepto de liberad religiosa
La inclusión explícita de las “imposiciones religiosas” dentro de esta definición ha generado preocupación entre organizaciones civiles.