La legalización de la asistencia médica para morir (MAID por sus siglas en inglés) ha causado en Canadá tasas desproporcionadamente altas de muerte prematura entre los grupos vulnerables, según un informe reciente de Cardus Health.
Cardus Health, una organización que busca promover un sistema social que apoye la muerte natural y ayude a las instituciones a atender a pacientes que se acercan al final de su vida, elaboró un informe de investigación que evalúa el suicidio asistido en Canadá.
El informe In Contrast to Carter: Assisted Dying’s Impact on Canadians with Disabilities (En contraste con Carter: El impacto de la muerte asistida en los canadienses con discapacidad), examina si se cumplen las expectativas de la MAID establecidas en el caso Carter vs. Canadá, presentado ante la Corte Suprema de Columbia Británica.
En 2012, el tribunal concluyó en Carter vs. Canadá que se podía adoptar en el país un programa de muerte médicamente asistida con las debidas garantías, que no creara “un mayor riesgo” ni un impacto “excesivo” en los grupos vulnerables, ni afectara desproporcionadamente su derecho a la vida.
Las salvaguardas establecían que el suicidio asistido por un médico se destinaría principalmente a personas con enfermedades terminales, que los médicos examinarían cuidadosamente las solicitudes de MAID para personas con discapacidad o depresión, y que quienes se sintieran una carga, estuvieran socialmente aislados o padecieran enfermedades neurológicas estarían protegidos mediante un riguroso proceso de revisión.
El informe Cardus concluyó que Canadá no ha cumplido estas expectativas y que “las salvaguardas no se han materializado”. Para ello se basó en datos de Health Canada, la autoridad independiente de Quebec para la supervisión de pacientes terminales, la Oficina del Jefe Médico Forense de Ontario, estudios médicos revisados por pares e informes públicos.