El próximo 12 de septiembre la Cámara de los Lores debatirá por segunda vez el proyecto de ley de suicidio asistido, cuya aprobación tendría varias consecuencias que involucrarían a las casas de ancianos y hospicios administrados por la Iglesia Católica en Inglaterra y Gales.
La advertencia la lanzó Mons. John Sherrington, Arzobispo de Liverpool y representante del Episcopado católico de Inglaterra y Gales para los asuntos de vida.
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“Reiteramos nuestra firme oposición al proyecto, tanto en principio como en la práctica. A pesar de ser descrito por sus promotores como el más seguro de su tipo, el proyecto de ley sigue siendo inviable. Pone en riesgo la seguridad de nuestras instituciones sanitarias, profesionales y pacientes”, expresó en una declaración publicada el 1 de septiembre.
El prelado se refirió en primer lugar al futuro de las residencias y hospicios que se nieguen a ofrecer el suicidio asistido por ir contra su misión fundamental y sus principios éticos. “El Cardenal Nichols y yo señalamos anteriormente que ‘es muy probable que el derecho al suicidio asistido otorgado a las personas se convierta en una obligación para las residencias y hospicios de facilitarlo’”, señaló.
En ese sentido, lamentó que la Cámara de los Comunes haya rechazado en su momento una enmienda al proyecto para que los empleadores pudieran “impedir que sus empleados faciliten el suicidio asistido”. “Como resultado, existe un peligro real de que algunas residencias y hospicios se vean obligados a limitar significativamente o incluso retirar por completo sus servicios”, indicó.
En segundo lugar, el Arzobispo de Liverpool escribió que el Proyecto de ley sobre adultos con enfermedades terminales (final de la vida) socava el deber de los profesionales sanitarios de cuidar a los enfermos, al permitir que les ayuden a terminar con sus vidas, “lo que altera fundamentalmente la relación entre el profesional médico y el paciente”.
“Además, como ha declarado la Asociación Médica Católica (CMA), la cláusula de conciencia del proyecto de ley no es adecuada, a pesar de las garantías de sus promotores. Muchos médicos no podrán, en la práctica, renunciar a cooperar con el procedimiento, debido a su deber de dirigir a los pacientes a la información y a un lugar donde puedan tener una conversación preliminar”, indicó.
Finalmente, alertó que se pone “en riesgo la vida de los pacientes vulnerables debido a las insuficientes garantías contra la coerción”. El arzobispo indicó que hay evidencia de que “los pacientes a menudo se sienten presionados a optar por el suicidio asistido porque sienten que son una carga para quienes los cuidan”.
El prelado puso como ejemplo a Canadá, donde el suicidio asistido fue legalizado primero para un grupo limitado, pero luego se incluyó “a personas con enfermedades no terminales y, pronto, a quienes carecen de capacidad mental. Además, la introducción del suicidio asistido no reduce el número total de suicidios”.
“Se debe priorizar la prestación de cuidados paliativos, que, si bien son excelentes donde se ofrecen, su alcance es desigual en todo el país. La legalización del suicidio asistido inevitablemente socavará aún más los recursos destinados a los cuidados paliativos. Donde no existe dicha prestación, las personas inevitablemente se sentirán presionadas a terminar con sus vidas”, denunció.
Mons. Sherrington exhortó a los católicos a seguir rezando para que este proyecto no sea aprobado, pero a la vez los instó a ponerse “en contacto con los miembros de la Cámara de los Lores y, en particular, a que compartan su experiencia personal o profesional sobre este importante asunto”.




