19 de febrero de 2020 8:56 pm

Investigación revela campaña de desinformación masiva para legalizar aborto en El Salvador

POR DAVID RAMOS | ACI Prensa

Imagen referencial. Crédito: Flickr Inorganica (CC-BY-2.0).
Imagen referencial. Crédito: Flickr Inorganica (CC-BY-2.0).

Un análisis publicado recientemente por la Revista Internacional de Derechos Humanos (RIDH) revela las mentiras y la campaña de desinformación generadas alrededor de los casos “Manuela” y “las 17+”, en un esfuerzo para legalizar el aborto en El Salvador.

El artículo, titulado “El caso Manuela y las 17+ contra El Salvador: un fraude ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la comunidad internacional”, fue escrito por Ligia De Jesús Castaldi, maestra de Leyes por la Universidad de Harvard y profesora de la Ave Maria School of Law de Estados Unidos, y por Sara Larín, fundadora de la plataforma provida salvadoreña Fundación VIDA SV.

En declaraciones a ACI Prensa, Ligia De Jesús Castaldi señaló que “el artículo analiza 25 casos de supuesta penalización de emergencias obstétricas en El Salvador, incluyendo el caso ‘Manuela’, pendiente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que busca la despenalización del aborto voluntario en El Salvador”.

Se analiza la evidencia existente en más de un centenar de documentos judiciales, sentencias y dictámenes de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, que demuestran que todos y cada uno de estos casos se relacionan con el delito de homicidio agravado de un niño o niña recién nacida a manos de su madre, y no de penalización de abortos espontáneos, emergencias obstétricas o abortos provocados”.

“La evidencia demuestra también que en la gran mayoría de los casos, las madres homicidas recibieron la pena mínima de 30 años contemplada para el delito de homicidio agravado, tomando en cuenta su capacidad mental, nivel educativo y otros factores”, indicó.

Con el caso “Manuela” así como con las 17+, organizaciones salvadoreñas e internacionales que promueven la legalización del aborto han buscado presionar a las autoridades de El Salvador para que se abra las puertas a esta práctica.

Entre las organizaciones internacionales que buscan que se legalice el aborto están Amnistía Internacional y el Center For Reproductive Rights (Centro para los Derechos Reproductivos). Como socio local, estas instituciones tienen a la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto en El Salvador.

El aborto en El Salvador está completamente prohibido y la Constitución reconoce “como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”.

Tanto en el caso de “Manuela”, ya fallecida, como en el de las 17+, se trató de mujeres que cometieron infanticidio, es decir que asesinaron a sus niños recién nacidos. La evidencia forense apunta a casos de bebés apedreados, estrangulados e incluso ahogados en heces dentro de una fosa séptica.

De la mano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones abortistas llevaron el caso de “Manuela” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una demanda contra El Salvador.

Ligia De Jesús Castaldi señaló que “las campañas mediáticas en torno a los casos de ‘Manuela’ y las 17+ son una perfecta ilustración de una campaña de desinformación masiva, o ‘fake news’, que ha convencido a la opinión pública que El Salvador comete violaciones de derechos humanos por aplicar su ley penal en casos de delitos contra el niño recién nacido”.

“Los grupos proaborto que han litigado estos casos buscan en primer lugar reformas procesales que inhiban la investigación, persecución penal y condena de los delitos de infanticidio y del aborto, para que queden estos en la impunidad, en nombre de un supuesto derecho de la mujer a abortar”, indicó.

“Por ejemplo, la propuesta de crear restricciones para las denuncias de médicos sobre posibles delitos de aborto provocado o infanticidio a las autoridades demuestra claramente el objetivo de inhibir las denuncias de aborto e infanticidio por parte de médicos y personal de salud, pues ellos suelen ser los primeros en enterarse que ha habido un aborto provocado o un infanticidio, y en estos 25 casos, frecuentemente fueron ellos quienes preguntaron por el paradero del bebé”, señaló.

Castaldi precisó que “el supuesto ‘derecho al secreto profesional’ no incluye una obligación de encubrir delitos de acción pública contra menores de edad; por el contrario, existe una obligación legal de denunciarlos en la ley salvadoreña al igual que en las leyes de todo país que ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño”.

La jurista lamentó que “el sufrimiento de los niños y niñas víctimas de homicidio agravado en cada uno de los 25 casos analizados es indescriptible. Los actos que produjeron la muerte de los niños fueron de una violencia inconcebible: estrangular, golpear al bebé con herramientas, piedras, objetos contusos, causarle fracturas, asfixiarle, apuñalarle, lanzar al bebé en una fosa séptica, meterle en un servicio sanitario o en un tanque de agua y abandonarle”.

Sus cuerpos sin vida fueron tratados sin el mínimo reconocimiento de su dignidad humana, abandonados en lugares indignos, desechados en bolsas de plástico y cajas de cartón y en ocasiones abandonados en prados, a la intemperie, donde fueron parcialmente devorados por animales”, señaló.

“La deliberada omisión de cualquier consideración de los derechos de estas víctimas, niños recién nacidos que pudieran haber sido dados en adopción, por parte de la CIDH y de otros organismos de derechos humanos en estos casos es inexcusable, sobre todo porque contaron con toda la información legal de estos casos”, dijo.

La jurista subrayó además que “la penalización del infanticidio no caracteriza una violación de derechos humanos bajo ningún tratado internacional: los derechos del niño exigen la investigación y persecución de delitos contra la vida de todo menor. El Salvador puede, por lo tanto, legalmente resistir las presiones de la CIDH y de cualquier gobierno extranjero u organismo internacional de derechos humanos que le exija la despenalización del aborto y la tolerancia del infanticidio”.

Para Castaldi, “la campaña por la liberación de las 17+ muestra de manera manifiesta la lógica infanticida de la promoción de un derecho al aborto. El esfuerzo por borrar la distinción entre la muerte del niño o niña por aborto dentro del vientre de la madre y la del recién nacido por infanticidio, exigiendo la impunidad de ambas conductas bajo la misma figura de la despenalización del aborto, muestra la reciente radicalización del movimiento por la creación de un derecho al aborto, que parece haber llegado a extremos antes inconcebibles”.

Por su parte, Sara Larín dijo a ACI Prensa que “han sido varios años de monitoreo los que nos han permitido estudiar todos los elementos que forman parte de un fraude jurídico a nivel nacional e internacional que propone la impunidad del infanticidio con el propósito político de legalizar el aborto en El Salvador”.

“El estudio además de evidenciar a detalle la deliberada falsificación de los hechos en cada uno de los casos defendidos por el Centro de Derechos Reproductivos y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, también revela la estrategia de manipulación mediática que ha servido como maniobra para desinformar a la opinión pública y presionar a funcionarios salvadoreños”.

Larín destacó que “el estudio también registra minuciosamente cómo grupos feministas partidarios del aborto se han colado en cada una de las instituciones de gobierno, con el objetivo de inhibir la persecución de delitos contra la vida del no nacido y del recién nacido, procurando limitar la discreción y autoridad de médicos, jueces, policías y fiscales”.

“Como Fundación VIDA SV agradecemos el excelente trabajo realizado por la prestigiosa abogada Ligia Castaldi, que realizó un profundo análisis técnico de cada uno de los casos y de las consecuencias jurisprudenciales que afectarán no solo a El Salvador, sino a toda la región”.

Esperamos que este estudio sea un aporte para elevar la calidad de debate sobre los temas que actualmente definen la agenda de derechos humanos y un esfuerzo por conmemorar las vidas de los recién nacidos que fueron brutalmente asesinados”, expresó.

Para leer el estudio completo, puede ingresar AQUÍ.

Etiquetas: Aborto, No al Aborto, El Salvador, Defensa de la vida, Aborto en El Salvador

Recibe nuestras noticias por email:

Escriba su nombre y dirección de email para recibir el boletín diario de noticias de ACI Prensa.

Comentarios