En Colombia hay una reiterada vulneración de los derechos de la familia, denuncian

En Colombia hay una reiterada vulneración de los derechos de la familia, denuncian
Imagen referencial - Crédito: Flickr American Life League (CC-BY-NC-2.0)

El Secretario Adjunto para las Relaciones Iglesia - Estado de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), P. Pedro Mercado Cepeda, rechazó los nuevos intentos de legalizar el mal llamado "matrimonio" gay y lamentó que haya una "vulneración reiterada" de los derechos de la familia en ese país.

El P. Pedro Mercado Cepeda respondió así a la presión del gobierno de Colombia para que la Corte Constitucional admita el matrimonio homosexual.

En un mensaje remitido a la Corte, Guillermo Rivera, alto consejero Presidencial para los Derechos Humanos, aseguró que privando a la comunidad homosexual del matrimonio se le restringe de derechos humanos "tan fundamentales como la libertad, el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía".

Rivera exigió a la Corte que se les permita a las personas homosexuales "formalizar su unión", de tal forma que ante los jueces y notarios "puedan acudir a un contrato análogo al del matrimonio civil vigente en el derecho colombiano, con todos sus efectos, incluida su denominación".

En su respuesta, recogida en una entrevista publicada en el sitio web de la CEC, el P. Mercado Cepeda recordó que "la Corte Constitucional estableció que las parejas del mismo sexo pueden regularizar sus uniones a través de un contrato solemne ante jueces y notarios. Estableció que esas parejas tuvieran los mismos derechos sociales de una pareja unida en matrimonio o en unión permanente. La Corte dijo, incluso, que esas parejas constituían familia, cosa que no comparto".

"Yo no veo dónde está la vulneración a los derechos de las personas homosexuales en aquello que refiere a la regulación de sus uniones. Por el contrario, lo que existe es una vulneración reiterada de los derechos de la familia, cuya naturaleza jurídica ha venido siendo alterada por fuera de los cauces establecidos por la Constitución", criticó.

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El sacerdote colombiano advirtió que el pedido del alto consejero presidencial "no tiene soporte legal ni constitucional".

"La Corte no puede hacer eso que ellos recomiendan. La Corte no puede suplantar al Congreso en sus funciones. No puede legislar".

El P. Mercado expresó su preocupación porque se afecte, "por insinuación de algunos funcionarios del Gobierno, el equilibrio de poderes establecido por la Constitución de 1991. Es un grave precedente".

"La Corte Constitucional no tiene competencia para modificar la Constitución. Debe ser su garante y su fiel intérprete. Tengo la impresión, sin embargo, de que la Corte ha venido extralimitando sus competencias, asumiendo facultades propias de otros poderes como es el caso del Congreso".

El Secretario Adjunto para las Relaciones Iglesia – Estado de la CEC señaló que "en este caso particular, hago un llamado a los magistrados a ser responsables y a ejercer la ecuanimidad y la prudencia".

"Se pueden garantizar los derechos de los homosexuales sin necesidad de alterar la institución jurídica y natural del matrimonio y de la familia que la Constitución define como unión de hombre y mujer", aseguró.

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Respecto a que el funcionario del gobierno citara el caso de la legalización del matrimonio gay en Estados Unidos como modelo, el P. Mercado recordó que "Colombia es un Estado libre y soberano, tiene una Constitución, unas leyes, una realidad social y unos valores éticos y morales propios. La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos -muy discutida por cierto- no debe condicionarnos en modo alguno".

Al respecto del pedido de que se abra las puertas a la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, el sacerdote señaló que "hemos sido lo suficientemente claros en el pasado. La adopción no es un derecho de los adoptantes".

El objetivo de la adopción, explicó, "es garantizar los derechos prevalentes de los menores. La Corte no puede poner en riesgo su bienestar y su sano desarrollo. No puede experimentar con ellos".

"Los derechos de los niños y su bienestar deben primar sobre los eventuales intereses de los adoptantes", finalizó.

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