Promsex y Demus, dos de las ONGs que demandan al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por prohibir la píldora abortiva del día siguiente (conocida como anticoncepción oral de emergencia, AOE), han recibido cerca de 1,4 millones de dólares en los últimos años para promover este fármaco, según consta en los documentos oficiales de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
En un comunicado publicado en su sitio web el 2 de mayo, Promsex anunció que es acompañada en su proceso legal por su financista, el Center for Reproductive Rights (CRR), la ONG feminista Demus y la organización Paz y Esperanza.
De acuerdo al comunicado, las ONGs tomaron la decisión de recurrir a la CIDH "para librar una batalla legal que busca justicia para una adolescente llamada María, sobreviviente de violación sexual quien, a pesar de haber acudido a un servicio público de salud a buscar atención, no se le suministró la AOE y se le expuso así a un posible embarazo producto de este crimen".