11 de mayo de 2021 - 1:10 PM

Caso Pavez: Familias preocupadas por derechos que podrían afectarse con fallo de la CIDH

POR GISELLE VARGAS | ACI Prensa

Familias chilenas expusieron sus preocupaciones sobre el juicio que se iniciará este 12 de mayo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre una profesora lesbiana de religión y el Estado de Chile.

Se trata del caso Sandra Pavez, una exmonja que era profesora de religión en el liceo Cardenal Antonio Samoré y que optó por convivir con su pareja mujer y hacer pública su relación homosexual.

En 2007, de acuerdo a la facultad reconocida en el decreto 924 del año 1983 del Ministerio de Educación, el vicario para la Educación de la Diócesis de San Bernardo revocó el certificado de idoneidad de Pavez para impartir las clases de religión, ya que “no destacaba por su testimonio de vida cristiana”.

La demanda de Pavez contra la Iglesia Católica fue rechazada por la Corte Suprema. Entonces en 2008, la exmonja interpuso una denuncia en contra del Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El organismo “le dio la razón afirmando que tiene derecho a hacer clases de religión católica aun contra la objeción de su iglesia y que las comunidades de fe no pueden requerir de los profesores una conducta de vida fiel a sus creencias, ni aun en los colegios privados”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos iniciará el juicio este 12 de mayo.

Preocupación de padres de familia

En diálogo con ACI Prensa, Andrea Valdivieso, madre de familia, manifestó que “nos preocupa que la libertad de enseñanza y religiosa estén siendo amenazadas”.

Este tema “podría poner en tela de juicio” “temas que para nosotros, como padres, tienen la más alta relevancia” ya que hasta el día de hoy, “somos los padres los que tenemos el derecho preferente de educar a nuestros hijos” y “el Estado no decide cómo se educan nuestros hijos” se trata de “una libertad fundamental”.

“No queremos que acá suceda lo mismo que en otros países, en que las escuelas, ya sean públicas o privadas, son obligadas a incluir contenidos altamente ideologizados, que nada tiene que ver con su proyecto educativo”.

“En esos países muchas familias se ven obligadas a hacer homeschooling, sacrificando el desarrollo social de sus hijos, que también es muy importante. Dios quiera que eso no ocurra en Latinoamérica”, afirmó.

Valdivieso explicó que sin importar la creencia de cada familia, “hay valores y principios fundamentales que son importantes y que esperamos, sean respetados”.

“Tiene que ver con lo que creemos nos conducirá a nuestra propia plenitud y felicidad. Y los padres queremos que nuestros hijos sean felices. No sólo que adquieran conocimientos”, aseguró.

En ese sentido, la madre expresó su preocupación porque los niños “enfrentan hoy nuevos peligros, incluso sin salir de sus cuartos” debido a “la tecnología, las redes sociales, el ciberbullying”, entre otros temas.

A modo de ejemplo, se refirió a la medida del Ministerio de Educación, que quitó del currículo académico la enseñanza de la filosofía, entre otras asignaturas, dejando “a nuestros hijos más vulnerables frente a potenciales adoctrinamientos futuros en la universidad o en las mismas redes sociales”.

“Se ha restado importancia a la educación del pensamiento lógico, riguroso, de argumentación impecable. Eso me preocupa mucho”, precisó Valdivieso.

También Carola Álvarez, madre y profesora, expresó que todos los padres “deberíamos defender ese derecho nuestro el derecho a elegir la educación formal y religiosa de nuestros hijos”.

Al igual que los padres de familia, Comunidad y Justicia explicó en un documento que los derechos que se pueden ver “gravemente afectados”, en primer lugar, son la libertad de religión y el derecho de autonomía de las Iglesias.

“La libertad de religión es un derecho fundamental que se manifiesta en la enseñanza, práctica, culto y ritos u observancia de una religión. Es decir, existe una protección a la libertad de profesar o difundir las propias creencias, individual o colectivamente, lo que aplica a todas las religiones”.

Por tanto, lo que le corresponde a cada confesión religiosa es “decidir quién enseñará su doctrina en su nombre”.

En segundo lugar, Comunidad y Justicia agregó que se podría ver vulnerado “el deber y derecho preferente de los padres de educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas, y el derecho a elegir el establecimiento educacional idóneo para ellos”.

En ese caso, “los padres no podrían ejercer sus derechos en forma libre y segura por no tener la certeza de que lo enseñado por los profesores de religión guarde perfecta coherencia y fidelidad con el contenido de la fe y la doctrina, no solo en cuanto al contenido mismo, sino que también manifestado en el testimonio de vida del docente”.

Por lo tanto, “no debería alterarse la atribución y criterios de las autoridades religiosas, reconocidas por decreto 924 para nombrar o remover a los profesores que enseñen su doctrina y fe”, describe el documento.

En tanto, el director de Defensa Jurídica para América Latina y el Caribe de ADF Internacional, Tomás Henríquez, explicó en un comunicado de prensa que “nunca antes se había presentado un caso sobre la libertad de religión o creencia y los derechos que protege directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

“Esperamos que el Tribunal respete el carácter fundamental de la libertad de religión y creencia. Esto incluye la autonomía de las comunidades religiosas para elegir a sus maestros y el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación religiosa de acuerdo con sus convicciones”, sostuvo Henríquez.

Etiquetas: Chile, Libertad religiosa, Religión, Derechos humanos, Educación religiosa, Corte Interamericana, ADF Internacional, Sandra Pavez

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