¿Qué significado tienen las últimas medidas financieras del Papa Francisco?

2 de marzo de 2023 / 02:30 AM

Con un rescripto del pasado 13 de febrero, no publicado en el boletín de la Sala de Prensa de la Santa Sede, el Papa Francisco ha decidido abolir cualquier disposición "que consienta o disponga el disfrute de forma gratuita o en condiciones particularmente favorables" de alojamiento "a los Cardenales, jefes de dicasterio, presidentes, secretarios, subsecretarios, directores y equivalentes".

En la práctica, el Papa Francisco ha abolido la cesión de apartamentos para el uso de oficinas y aquellos con alquileres controlados; pero, por ahora, solo a ejecutivos del Vaticano. Los precios de las viviendas destinadas a los empleados no se verían afectados.

El rescripto fue fotografiado mientras se encontraba clavado en el Vaticano y fue publicado por primera vez por el blog "Messa in Latino". El propio rescripto señala que debía ser expuesto en el Patio de San Dámaso [el patio principal del Palacio Apostólico, en el Vaticano]. Aunque no aparece en el boletín oficial, ha sido publicado en el sitio web oficial de la Santa Sede, Vatican News.

El documento está fechado el 13 de febrero, y recién el 20 de febrero siguiente el Papa Francisco reiteró, con un motu proprio titulado "La ley nativa", que los bienes de la Santa Sede pertenecen a la Santa Sede. La declaración parecía un fin en sí mismo, pero no lo era, porque varias entidades vaticanas tenían completa autonomía para la gestión de edificios y recursos. Ahora, la cuestión añade un elemento: probablemente algunos departamentos se habrán resistido y decidido seguir asignando sus instalaciones como se hacía hasta ese momento. Esto llevó al Santo Padre a establecer, por ley, que la gestión pertenecía únicamente a la institución de la Santa Sede, centralizando aún más el control de las finanzas.

Por un lado, el Papa Francisco continúa su lucha contra los privilegios eclesiásticos. Pero, por otro lado, el Santo Padre golpea a un sistema vaticano que, aunque con sus limitaciones, tenía la ventaja de hacer accesible a todos el trabajo en la Santa Sede.

El rescripto del 13 de febrero

El rescripto del 13 de febrero se dio luego de una audiencia concedida al prefecto de la Secretaría de Asuntos Económicos[KB1] , Caballero Ledo.

La motivación de la decisión es la de "hacer frente a los crecientes compromisos" que la Santa Sede está asumiendo para "el cumplimiento del servicio a la Iglesia Universal y a los necesitados", y, por tanto, la necesidad de "destinar a la misión de la Santa Sede más recursos, también incrementando los ingresos de la gestión del patrimonio inmobiliario".

Los apartamentos ya no se pueden utilizar como oficinas o fuera del precio de mercado. También se establece una "prohibición para todas las entidades de pagar" a las personas mencionadas "la denominada 'contribución de alojamiento'" o "aportaciones similares" para compartir el alquiler o los gastos de vivienda.

Se añade, además, que "las entidades propietarias de los inmuebles deberán aplicar" a los sujetos antes aludidos "los precios normalmente aplicados a quienes no tienen encargos de ningún tipo en la Santa Sede o en el Estado de la Ciudad del Vaticano".

Las excepciones solo pueden ser autorizadas por el Santo Padre, lo que hace que cada decisión sea altamente centralizada.

La elección del Papa Francisco afecta a un sistema del Vaticano que nació precisamente para permitir que todos, empleados y jefes de departamento, trabajen de la manera más digna posible.

Los empleados del Vaticano son unos 5.000, repartidos entre la administración del Estado de la Ciudad del Vaticano y la Santa Sede. Todos reciben un salario, generalmente modesto. En el Vaticano hay diez niveles de remuneración, que van desde los 1.300 euros del primer nivel hasta los 2.400 euros del décimo nivel, los mismos que pueden incrementarse en 250 euros en función de los méritos.

Los Cardenales de la Curia Romana tienen actualmente una remuneración de entre 4.500 y 5.500 euros al mes, monto que incluye los 1.500 euros del "plato cardenalicio" (piatto cardinalizio) que les corresponde a todos los Cardenales del mundo. Un obispo o arzobispo jefe de un dicasterio recibe entre 3.000 y 4.000 euros.

El razonamiento es que estos salarios podrían permitir afrontar un alquiler a precio de mercado. En realidad, los apartamentos vaticanos, especialmente los destinados tradicionalmente a los jefes de dicasterio o Cardenales, son grandes, suntuosos, y, en todo caso, en zonas costosas. En muchos casos, el alquiler total cubriría completamente el salario que reciben.

Para la Santa Sede, sin embargo, lo importante es que todos puedan tener la oportunidad de trabajar en el Vaticano. Por consiguiente, se favorece el sistema de precios controlados, porque el pequeño Estado de la Ciudad del Vaticano no tiene impuestos. Por lo tanto, los empleados tienen un salario neto sin impuestos.

Respuestas a la crisis económica

No es el primer endurecimiento que ha habido en las finanzas del Vaticano bajo el Papa Francisco. Ya en 2021, el Santo Padre había establecido que, a partir del 1 de abril de ese año, la remuneración pagada por la Santa Sede a los Cardenales se redujera en 10 por ciento, mientras que los ingresos de los demás Superiores disminuían un 8 por ciento. También hubo un recorte adicional del 3 por ciento a los salarios del clero y los religiosos en los diez niveles funcionales y no administrativos. Además, hasta abril de 2023 se han suspendido asimismo los aumentos por antigüedad.

Las disposiciones no se aplicaban solo a las instituciones de la Santa Sede, sino también al Vicariato de Roma, a los Capítulos de las Basílicas Papales del Vaticano, de Letrán y de Santa María la Mayor, a la Fábrica de San Pietro y a la Basílica de San Pablo Extramuros.

En agosto de 2021, el Papa Francisco decidió abolir el "token" (una especie de reembolso/salario) destinado a los miembros del Capítulo de San Pedro, si los miembros del Capítulo ya contaban con un salario o un ingreso.

 Los bienes inmuebles de la Santa Sede

¿Cuántas propiedades posee la Santa Sede? La Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), que ahora tiene a su cargo toda la administración de la Santa Sede, administra 2.400 viviendas y unas 600 oficinas y locales comerciales. Su valor total se estima entre 2 y 3 mil millones de euros.

El setenta por ciento de las casas de la APSA se asignan a empleados de la Santa Sede a un alquiler generalmente un 40 por ciento inferior al del valor del mercado de las viviendas en las mismas áreas. El treinta por ciento restante se arrienda, en cambio, a extraños que lo solicitan a un alquiler mensual un 15 por ciento más bajo que el valor de mercado del apartamento.

El otro organismo vaticano que gestiona bienes inmuebles es el Dicasterio para la Evangelización de los Pueblos, la antigua Propaganda Fide. Según estimaciones, el dicasterio posee unos 500 apartamentos en unos sesenta edificios, gestionados hasta ahora de forma independiente por la administración central de la Santa Sede. Se alquilan a precio de mercado, según un comunicado del dicasterio de 2015. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los costos de renovación de los edificios, cuando los hay, corren a cargo de quienes viven allí, y que la propiedad vuelve luego a la disponibilidad de la Santa Sede.

 ¿Qué tan fuerte es la crisis económica?

Los empleados laicos del Vaticano están organizados en una asociación con un sitio web propio y constantemente actualizado. En uno de sus últimos posts leemos que se revisa al alza el salario base, con un tope máximo del 5 por ciento. Sin embargo, los empleados se han quejado de que el porcentaje no ha considerado el aumento del alquiler.

La APSA había notificado a varios empleados, mediante carta certificada con fecha 15 de diciembre de 2022, que el alquiler se ajustaría a la inflación, que oscila entre el 8 y el 10 por ciento. Por lo tanto, el ajuste salarial no pudo hacer frente al aumento del alquiler. Ahora, el endurecimiento que afecta a los jefes de departamento podría tener el mismo efecto.

¿Habrá un futuro en el que el Secretario de Estado del Vaticano ya no viva en el Palacio Apostólico? ¿Y cuánto debería pagar en el contrato de arrendamiento? ¿O algunas situaciones particulares serán parte de las excepciones?

Son preguntas que quedan abiertas. Sin embargo, notamos la necesidad del Vaticano, ante todo, de acumular capital. Todavía no se ha publicado el presupuesto anual -suele hacerse a finales de julio / principios de agosto-, pero ya se habla de una previsión de un pasivo que va más allá de los 200 millones.

A esto se sumó la crisis del IOR, que también contribuyó a los gastos de la Curia.

Van desde la ganancia de 86,6 millones declarada en 2012 -que cuadriplicó la utilidad del año anterior- a 66,9 millones en el informe de 2013, a 69,3 millones en el de 2014, a 16,1 millones en el informe de 2015, a 33 millones en el de 2016 y a 31,9 millones en el de 2017, para alcanzar los 17,5 millones de euros en 2018. El informe de 2019, por su parte, cuantifica los beneficios en 38 millones, también atribuidos al mercado favorable.

En 2020, el año de la crisis del COVID, el beneficio del IOR había sido ligeramente inferior a 36,4 millones de euros. Pero en el primer año pospandemia, el 2021, todavía no afectado por la guerra de Ucrania, volvió a la tendencia negativa, con un beneficio de tan solo 18,1 millones de euros.

Incluso la colecta de Óbolo de San Pedro no ha sido optimista. Según las cifras publicadas el 16 de junio, este organismo destinó 55,5 millones de euros en 2021 para apoyar las actividades promovidas por la Santa Sede en el desempeño de la misión apostólica del Santo Padre, y 9,8 millones se dedicaron, en cambio, a proyectos de ayuda directa a los necesitados. Como resultado, Óbolo de San Pedro gastó 65,3 millones de euros, cubiertos solo en parte por la financiación, que se situó en 46,9 millones.

Las medidas, por tanto, están orientadas a resolver un pasivo que promete ser muy pesado. Al mismo tiempo, sin embargo, corren el riesgo de poner en crisis el sistema del Vaticano. ¿Quién podrá finalmente dirigir un dicasterio? ¿Quiénes se sustentan en una excelente situación económica (personal o fruto de donaciones), y quiénes contarán con la aprobación del Papa para controlar los gastos? O, al menos, esto podría darse si no hay ajustes a las últimas decisiones.