Expertos advirtieron una serie de peligros tras la publicación del decreto legislativo 1323 –con rango de ley–, publicado por el gobierno peruano el 6 de enero. La disposición del gobierno modifica el Código Penal para incluir como agravante para los delitos la "intolerancia o discriminación", por, entre otros motivos, la "orientación sexual" y la "identidad de género".
En septiembre de 2016, el Congreso de Perú otorgó facultades legislativas por 90 días al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, "en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento, y reorganización de Petroperú". El plazo para que el Poder Ejecutivo emita decretos legislativos finalizó el 6 de enero de 2017.
En la modificación al artículo 323 del Código Penal, el decreto legislativo del 6 de enero establece "pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de tres años" o "prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas" para estos casos.