Además, deberán "capacitar sobre perspectiva de género y diversidad sexual a los y las docentes, profesionales y demás trabajadores y trabajadoras de la salud, a fin de brindar atención, contención y seguimiento adecuados a quienes soliciten realizar una interrupción voluntaria del embarazo, así corno a los funcionarios y funcionarias públicos que actúen en dichos procesos".
La Federación de Asociaciones Educativas de la República Argentina (Faera) denunció que lo anterior "implica la prohibición de confrontar la decisión de quien desee abortar con 'consideraciones personales, religiosas o axiológicas', así como dar intervención a los padres en caso de menores de edad, entre otras situaciones".
"Tales imposiciones ideológicas desconocen absolutamente la libertad de enseñar, así como la libertad religiosa y de conciencia, por lo que resultan manifiestamente inconstitucionales", denunció la federación.
Sobre los educadores, denunció que "se atenta muy gravemente contra sus libertades fundamentales y, en el caso de los establecimientos educativos de gestión privada, contra su derecho inalienable a desarrollar su proyecto educativo de conformidad con el propio ideario, particularmente si éste es confesional".