Por Kate Quiñones
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, promulgó una ley que legaliza el suicidio asistido, una iniciativa a la que los líderes católicos se habían opuesto firmemente.
Pritzker, quien se reunió con el Papa León XIV el 19 de noviembre, citó la “libertad”, la “elección” y la “autonomía” como motivos para firmar la ley, que permite a los médicos recetar fármacos destinados a poner fin a la vida de pacientes con enfermedades terminales que los soliciten. Según la norma, los pacientes deben tener plena capacidad mental y un pronóstico de seis meses o menos de vida.
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El Cardenal Blase Cupich, arzobispo de Chicago, junto con otros obispos de Illinois, había pedido a Pritzker que vetara el proyecto. La Conferencia Católica de Illinois, que representa a los obispos del estado, condenó la ley y la calificó como “un camino peligroso y desgarrador”.
Otras jurisdicciones que cuentan con leyes de suicidio asistido incluyen California, Colorado, Delaware, Hawái, Maine, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia. La ley de Illinois, afirmó Pritzker en un comunicado del 12 de diciembre, “permite que pacientes que enfrentan enfermedades terminales debilitantes puedan tomar una decisión, en consulta con un médico, que les ayude a evitar dolor y sufrimiento innecesarios al final de sus vidas”.
Pritzker dijo haberse sentido “profundamente impactado” por los testimonios de pacientes terminales y de sus familias que apoyaron la iniciativa.
“Me ha conmovido su determinación para defender la libertad y la elección al final de la vida, incluso en medio de un dolor personal profundo”, afirmó.
El gobernador firmó la ley el día de la querida fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, una fecha especialmente significativa para los católicos de América del Norte, y en la que la Virgen es reconocida como patrona del movimiento provida.
Preocupación por los más vulnerables
Los opositores al suicidio asistido sostienen que esta práctica no constituye una “verdadera compasión” y que, en realidad, implica el “abandono” de pacientes que necesitan cuidados.
“Esta ley ignora los fallos reales y profundos en el acceso a una atención médica de calidad que empujan a las personas vulnerables a la desesperación”, señaló la Conferencia Católica de Illinois. “No garantiza que los pacientes reciban servicios adecuados, estén protegidos de presiones indebidas ni estén acompañados por sus seres queridos cuando se quitan la vida”, agregó.
“En lugar de invertir en un verdadero acompañamiento al final de la vida —como cuidados paliativos y de hospicio, manejo del dolor y apoyo centrado en la familia—, nuestro estado ha optado por normalizar el acto de quitarse la vida”, añadió el comunicado.
La conferencia calificó la aprobación de la ley como “alarmante” y afirmó que “al promulgarla, Illinois está avalando la opción de la muerte bajo el pretexto de la compasión”.
Matt Vallière, director del Patients Rights’ Action Fund, declaró que al firmar la ley Pritzker “ha puesto en peligro los derechos y las vidas de los pacientes más vulnerables”.
Esta organización se opone al suicidio asistido y sostiene que discrimina a las personas con diagnósticos terminales.
“Al firmar este proyecto para legalizar el suicidio asistido, ha resquebrajado aún más la frágil protección de los pacientes”, afirmó Vallière en un comunicado difundido a CNA, agencia de noticias en inglés de EWTN News.
“El suicidio asistido empuja a las personas con discapacidad y a otros grupos vulnerables a conversaciones sobre la muerte, en lugar de garantizarles la atención y el apoyo que merecen por parte de sus equipos médicos”, añadió.
Thomas Olp, portavoz de la Thomas More Society —un bufete católico que defiende la vida y la familia—, advirtió que la ley “pone en riesgo a las vidas más vulnerables”.
“Cuando el Estado da a entender que algunas vidas ya no merecen ser vividas, quienes pagan el precio son los más indefensos”, afirmó Olp.
“La ley nunca debería respaldar la idea de que el sufrimiento o la enfermedad hacen que una vida sea descartable”, continuó.
“En lugar de ofrecer verdadera compasión, apoyo y cuidados, esta ley ofrece una prescripción letal. Eso no es misericordia; es abandono”, concluyó.
Impacto cultural
La Conferencia Católica de Illinois también expresó su preocupación por las consecuencias culturales de legalizar una forma de suicidio.
“Este mensaje será recibido por los grupos vulnerables no como un consuelo para quienes están muriendo, sino como una alternativa socialmente aceptable a seguir viviendo”, advirtió la conferencia.
“De hecho, los estudios muestran que en los lugares donde se ha legalizado el suicidio asistido, ha aumentado el número total de suicidios”, añadió el comunicado. “¿Cómo podemos pedir a adolescentes y jóvenes —sabiendo que el suicidio es la segunda causa de muerte en ese grupo— que no elijan la muerte, mientras nuestras propias leyes presentan el suicidio como una ‘opción médica’?”, señaló la conferencia.
“Podemos financiar líneas de prevención del suicidio, ampliar programas de prevención y capacitar a las comunidades, pero todos esos esfuerzos quedan vacíos si, al mismo tiempo, transmitimos que algunas vidas son demasiado costosas o demasiado pesadas como para ser salvadas”, continuó el texto.
“¿Podemos confiar en que jóvenes en situación de angustia y otras personas vulnerables comprendan la diferencia entre su dolor y el de quienes están muriendo?”, añadió.
Objeciones de conciencia
Olp, cuyo bufete también defiende los derechos de conciencia, señaló que la nueva ley “erosiona los derechos fundamentales de conciencia de los profesionales de la salud y de las instituciones médicas religiosas”.
La norma exige que los médicos que se oponen moralmente al suicidio asistido remitan a los pacientes a otro profesional que sí esté dispuesto a proporcionar los fármacos letales.
“El Estado está obligando a los médicos a convertirse en participantes activos y cooperadores en el suicidio de un paciente, aunque su fe, su ética o el Juramento Hipocrático se lo prohíban”, afirmó Olp.
“Se trata de una coerción inadmisible, sin rodeos. Ningún médico debería ser forzado por el gobierno a participar, directa o indirectamente, en un proceso que termina deliberadamente con una vida humana”, añadió.
“Defenderemos el derecho de todos los profesionales sanitarios a ejercer la medicina de acuerdo con su conciencia y su juramento, y combatiremos cualquier intento del Estado de obligar a instituciones de salud religiosas a violar sus creencias”, aseguró.
Vallière recordó que la Asociación Médica Estadounidense (AMA) continúa oponiéndose al suicidio asistido por ser incompatible con la misión del médico.
“El Código de Ética Médica de la AMA sigue afirmando que ‘el suicidio asistido por un médico es fundamentalmente incompatible con el papel del médico como sanador, sería difícil o imposible de controlar y supondría graves riesgos sociales’”, señaló.
Lo que viene
La ley entrará en vigor en septiembre de 2026.
“Esta legislación se implementará de manera cuidadosa para que los médicos puedan acompañar a los pacientes en decisiones profundamente personales con autoridad, autonomía y empatía”, afirmó Pritzker.
Los opositores aseguraron que continuarán defendiendo la vida humana.
“El gobernador Pritzker y los legisladores que apoyaron esta ley tuvieron la oportunidad de construir un futuro en el que cada persona, especialmente los enfermos y vulnerables, sea cuidada con dignidad, amor y apoyo, o de abrir la puerta a un sistema en el que la muerte se convierte en una alternativa aceptable”, señaló la Conferencia Católica de Illinois.
“Ahora que la SB 1950 es ley, debemos afirmar con mayor fuerza que la verdadera compasión consiste en ayudar a las personas a vivir, no en ayudarlas a morir”, concluyó el comunicado.
“Instamos a los habitantes de Illinois, a las personas de fe, a los profesionales médicos comprometidos y a todos los que valoran la vida humana a unirse a nosotros para defender a los más vulnerables y proteger las libertades fundamentales”, concluyó Olp.
Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.
Kate Quiñones es redactora de Catholic News Agency y miembro de College Fix. Cuenta con publicaciones en el Wall Street Journal, el Denver Catholic Register y CatholicVote. Se graduó de Hillsdale College. Vive en Colorado con su esposo.
