La Iglesia Católica en México convoca este 23 de noviembre a una amplia jornada nacional por la paz, con actividades que irán desde caminatas y conversatorios hasta encuentros familiares, convivencias juveniles y jornadas de oración parroquiales y ecuménicas.
A través del Diálogo Nacional por la Paz, iniciativa que articula los esfuerzos de la Iglesia para enfrentar la violencia en el país, se aseguró, en un comunicado este 18 de noviembre, que hoy es posible percibir “un despertar de la ciudadanía cansada de las extorsiones y la inseguridad que domina grandes regiones del territorio nacional”.
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La organización invita a aprovechar este ánimo social para “caminar y conversar sobre las acciones que necesitamos emprender para recuperar la paz del país”, especialmente durante el próximo domingo.
En su mensaje, los organizadores de la iniciativa destacaron que México necesita una paz que reconozca “las violencias estructurales que nos inundan y la inseguridad que impera en el territorio, alimentada por la impunidad, la corrupción y la complicidad”, pero también una “paz que abrace el disenso y la corresponsabilidad, que promueva la escucha y la diversidad garantizadas por un estado de derecho”.
“Una paz que reestablezca las condiciones para que vivir en México y alzar la voz, no sea cosa de valientes y para que un futuro deseable y viable sea posible para los jóvenes”, señalaron.
Acciones ciudadanas y del gobierno para promover la paz
El Diálogo Nacional por la Paz invitó a sumarse a las 14 acciones dirigidas a la sociedad civil, disponibles en su sitio web. Entre ellas se encuentran propuestas como “impulsar el apoyo hacia las víctimas de la violencia” o “promover procesos de salud mental en las familias y comunidades para atender las secuelas de las violencias”.
La iniciativa también subraya la importancia de “fortalecer la cultura de la hospitalidad con los migrantes, refugiados y desplazados”, así como de “impulsar programas de prevención y atención de las adicciones”.
De igual forma, señala la necesidad de “reconocer, dignificar y recuperar el liderazgo de las policías municipales y comunitarias”, además de “impulsar instituciones, procedimientos y acciones que garanticen la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades locales”.
En cuanto al gobierno, se recuerdan las siete acciones recomendadas. Entre ellas se incluye promover una estrategia “que fortalezca la seguridad y bienestar de las adolescencias en sus riesgos asociados con adicciones, crimen organizado y economías ilícitas, incluyendo su participación activa, así como la de la sociedad civil y los distintos órdenes de gobierno”.
Asimismo, se plantea la necesidad de “impulsar una gobernanza democrática que proteja a los gobiernos municipales de las economías criminales y tengan las condiciones para desarrollar programas a favor de la seguridad, la justicia y la paz con amplia participación de la sociedad civil”.
El documento también insiste en atender la crisis de derechos humanos del país en cuatro temas prioritarios: la realidad de los desaparecidos, la violencia contra las mujeres, la violencia contra las personas en movilidad y la autonomía de los pueblos indígenas.




