La plataforma Ginecólogos por la Objeción ha solicitado que se suspenda el registro de objetores al aborto aprobado por el Ministerio de Sanidad en diciembre de 2024 y que entra en vigor ahora al entender que vulnera derechos fundamentales.
Esta plataforma médica está liderada por el ginecólogo Luis Chiva, cirujano oncológico y uno de los mayores especialistas mundiales en cáncer de ovario.
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Ginecólogos por la Objeción “defiende el derecho fundamental a la libertad de conciencia en el ejercicio de esta profesión”, y tiene como misión “garantizar que ningún médico sea señalado, discriminado o coaccionado por actuar conforme a sus convicciones éticas y profesionales”, tal y como se recoge en su sitio web.
Mediante la representación letrada de la Fundación de Abogados Cristianos, han solicitado a la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional medidas cautelarísimas para pedir la suspensión del registro de objetores del aborto.
Según informan los juristas, esta petición se realiza “en el marco de un recurso contencioso-administrativo contra el acto administrativo del Ministerio de Sanidad consistente en la aprobación y puesta en marcha del Registro de Objetores de Conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo, así como contra el Protocolo Específico para la Creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia”.
Los profesionales sanitarios objetores al aborto alegan que la activación del registro vulnera varios derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la protección de datos de carácter personal. Además, consideran que laobligación de dar sus nombres para figurar en una lista de opositores al aborto “vulnera el derecho a la Igualdad ante la Ley y el derecho a la libertad religiosa”.
Para la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, subraya que el registro “convierte en sospechosos a los médicos por motivos ideológicos” y busca “silenciar y estigmatizar a quienes no se pliegan a la ideología oficial, vulnerando la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos”.
En diciembre de 2024, el Ministerio de Sanidad, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, aprobó la creación del registro que afecta a “médicos especialistas en ginecología y obstetricia, anestesiología y reanimación, medicina familiar y comunitaria, enfermeras/os y matronas”.
En la práctica, el “registro de objetores” es en realidad un conjunto de 17 registros autonómicos. En la actualidad, las Comunidades de Madrid, Baleares y Aragón.
El Ministerio defiende que son los objetores los que deben ser registrados y no quienes están dispuestos a colaborar en la muerte provocada durante la etapa de vida prenatal, porque el aborto está incluido en la cartera de servicios que el Sistema Nacional de Salud presta por defecto.
Para el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, este registro de sanitarios contrarios al aborto “implica una intromisión en su libertad de pensamiento y su privacidad, obligando a ciertos profesionales a hacer pública su postura sobre temas que afectan a su conciencia”.




