El colegio católico Irlandesas Loreto de Sevilla (España) pidió a través de un comunicado el fin actos violentos en su entorno, días después del suicidio de una alumna que habría padecido acoso escolar.
“Estamos profundamente consternados por el fallecimiento de Sandra. El profesorado, sus compañeros y compañeras y toda nuestra comunidad educativa acompañamos a su familia en el dolor profundo por el que están atravesando”, señala el segundo texto publicado por la institución desde que se conociera la trágica muerte de la menor la pasada semana.
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“Nos gustaría pedir cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación”, afirmó el director general del centro, Francisco de Paula Suárez, quien especificó que en el centro trabajan 50 personas y cuenta con 760 alumnos. “Nuestra obligación es protegerlos de comentarios y situaciones que pueden ser altamente perjudiciales para ellos”, añadió.
Suárez reclamó además “que cese cualquier situación violenta como las que se han producido en las inmediaciones de nuestro colegio”, después de que hayan aparecido mensajes con insultos y amenazas pintados en las paredes externas del centro, a cuyos dirigentes tildan de “asesinos”.
“Cualquier acción de este tipo está perjudicando a nuestros niños y niñas, todos ellos menores de edad”, recordó el director, quien expuso que su prioridad “es velar por nuestro alumnado y sus familias en un momento tan delicado”, tarea en la que está enfocado el equipo de Orientación y de Bienestar Emocional.
Por último, el centro reiteró que colabora con la investigación judicial y que, de acuerdo a la recomendación del Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial (GRUME) de Sevilla, evitará ofrecer “cualquier tipo de información sobre el caso”.
El pasado martes 14 de octubre, Sandra, de 14 años, se precipitó al vacío al volver del colegio donde estaría padeciendo acoso escolar desde hace tiempo, según la denuncia de sus padres.
De acuerdo a las informaciones disponibles, la Inspección Educativa, dependiente de la administración pública, habría comprobado que no se activaron los protocolos de actuación obligatorios para estos casos.
El centro podría perder el concierto educativo
El gobierno autonómico de Andalucía ha informado, a través de la agencia Europa Press, de que el colegio podría perder el concierto educativo “si el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave”, al no haberse activado ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas.
La pérdida del concierto educativo supone que el colegio dejaría de recibir financiación pública y se vería abocado a convertirse en privado, aumentando los costes para los padres de los alumnos, o cerrar si el proyecto es inviable de esa forma.
Por su parte, la Fiscalía ha abierto dos expedientes de investigación. Uno se centra en la posible actuación de varios alumnos del centro, todos menores de edad. El otro tiene por objeto determinar las posibles responsabilidades de los responsables del centro.




