La Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos sexuales (PRIVA) de la Conferencia Episcopal Española (CEE) cumple un año de trabajos en los que ha resuelto 39 de los 40 informes completos recibidos, de un total de 89 casos.

La creación de este grupo de trabajo fue aprobada en la Asamblea Plenaria extraordinaria de la CEE celebrada en julio de 2024 centrada en abordar la cuestión sobre los casos de abuso sexual en el seno de la Iglesia Católica. 

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En aquella reunión se aprobó el Plan PRIVA, basado en cinco ejes: la víctima en el centro de la reflexión y la acción de la Iglesia; la búsqueda de la verdad y de la justicia; acción coordinada en lo que se refiere al tratamiento de los abusos sexuales; asumir los cauces de reparación; y evitar toda revictimización.

La Comisión Asesora de este plan, que se puso en marcha en septiembre de 2024, está formada por voluntarios: cuatro expertos del ámbito médico forense, especializados en atención a víctimas, cuatro del ámbito jurídico, un representante de la CEE y otro de la Conferencia de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER).

Según ha revelado la revista Ecclesia, propiedad de la CEE, en los últimos 12 meses se han recibido 89 peticiones de reparación integral, de las cuales 32 se refieren a casos sucedidos en la jurisdicción diocesana y 57 corresponden a congregaciones religiosas. 

En los 39 casos resueltos, se han propuesto, además de las compensaciones por daño moral, una retribución económica “para compensar gastos terapéuticos pasados y futuros” con cantidades que oscilan entre los 3.000  y los 100.000 euros. 

Las resoluciones de la Comisión Asesora también incluyen recomendaciones a la institución eclesiástica correspondiente “para acompañar, reparar y sanar a la víctima, así como para implementar procesos de prevención y formación”.

Estas resoluciones se refieren a casos en los que la justicia penal, civil o canónica no pueda actuar, bien sea por la prescripción del delito, la muerte del presunto victimario o porque sea jurídicamente inimputable. 

En cuanto a las víctimas, se centran en aquellas especialmente vulnerables, como los menores o personas con discapacidad. 

Las resoluciones se están probando en un plazo medio de entre dos y tres meses en la mayoría de los casos. 

La Comisión Asesora, además de atender el mayor número de solicitudes de reparación posibles, ha desarrollado en estos meses un régimen interno de actuación, la baremación de compensaciones económicas y los procedimientos de solicitud de reparación.