El Opus Dei ha denunciado que hay una “manipulación de los procedimientos judiciales para generar un caso mediático y de opinión pública” en la demanda que impulsan numerarias auxiliares en Argentina, en el que ahora se busca involucrar a las máximas autoridades de la Obra por presunta trata de personas.

El caso se presentó formalmente ante la justicia en 2024, pero su difusión comenzó años atrás en  los medios de comunicación. Según la demanda, las autoridades del Opus Dei habrían captado a mujeres cuando aún eran menores de edad y las habría sometido a un régimen de semi esclavitud en sus residencias.

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El conflicto comenzó como un reclamo laboral, luego siguió como una demanda de indemnización por daños y perjuicios, hasta llegar a denuncias por presunta explotación laboral. A partir de junio de 2023 existe una investigación judicial a partir deuna denuncia, según la cual un grupo de mujeres habría sido víctima de trata de personas y explotación laboral.

Aunque los medios de comunicación insisten en la cifra de 43 víctimas, el Opus Dei afirma que a la justicia llegó un único caso, ya que el abogado querellante “se negó a facilitar información particular sobre cada caso concreto”. Además, la Obra asegura que no existe “ningún fundamento real por ‘trata de personas”.

La fiscalía argentina pidió que se investigue a los cuatro últimos vicarios regionales del Opus Dei en Argentina, entre ellos al actual vicario auxiliar del Opus Dei y número dos de la organización, Mariano Fazio. Por su parte, el abogado querellante busca que los fiscales soliciten también la declaración del Prelado del Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz. 

Sin embargo, desde la prelatura afirman que el juez a cargo aún no ha imputado delito alguno, no ha resuelto si dará lugar a ese pedido, ni ha decidido a quiénes podría citar.

El Opus Dei emitió un comunicado para aclarar que la investigación judicial se basa en la situación personal de una mujer cuando formó parte de la Obra, y que en ese marco, el abogado querellante “declaró en medios de comunicación que ha solicitado que se convoque a manifestar su posición sobre los hechos al prelado del Opus Dei”. 

La prelatura considera que este pedido no tiene fundamento fáctico ni jurídico sino que forma parte de “una estrategia mediática engañosa y sostenida que, desde el inicio, ha intentado tergiversar los fines de una investigación penal para tratar un reclamo laboral económico”.

“La causa en su conjunto representa un intento de manipular la aplicación de una figura penal (la trata de personas) que no guarda relación con los hechos narrados por la denunciante, y mucho menos con la realidad del Opus Dei”, aseguran. 

También afirman que detrás de la denuncia hay “un objetivo económico”, lo que desnaturaliza “el sentido y la función de esta herramienta judicial”.

El Opus Dei asegura que con el pedido de que se llame a indagatoria a Mons. Ocáriz se intenta “extender artificialmente el objeto de la investigación penal a personas cuya vinculación directa con los supuestos hechos narrados por la denunciante es inexistente”, con el propósito de “amplificar el impacto en la opinión pública y ejercer presión sobre el sistema de justicia”. 

Además señalan que sucedió algo similar “con la solicitud de que llamen a manifestar su posición a Mons. Mariano Fazio, que fue anunciada con un despliegue mediático orquestado”.

El conflicto, añade el comunicado, refleja una “descontextualización completa de la vocación que eligen libremente las numerarias auxiliares del Opus Dei”.

La prelatura lamenta “que se utilicen los mecanismos judiciales para sostener una narrativa prefabricada que busca instalar culpabilidades sin base en los hechos verdaderamente ocurridos” y pide respeto a la presunción de inocencia. 

Por ello, el Opus Dei reitera que rechaza “estas alegaciones” y mantiene su “disposición plena a colaborar con las autoridades judiciales, confiando en que la verdad prevalecerá”.