Por Julieta Villar
Ante el inminente decreto del Gobierno argentino para reducir la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) expresaron su apoyo a este organismo, al que consideran “clave para el desarrollo científico, productivo y social de los territorios indígenas”.
El INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) es el organismo público dedicado a la investigación, innovación y extensión en el sector agropecuario en Argentina, que desde hace siete décadas brinda apoyo técnico y científico a productores rurales de todo el país. Promueve el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y el arraigo territorial.
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Según indica el diario La Nación, el decreto gubernamental—que aún no ha sido publicado— prevé que el INTA pase de ser un organismo autárquico a uno “desconcentrado” que responda a la Secretaría de Agricultura.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, busca modificar el funcionamiento “sobredimensionado, con 932 cargos jerárquicos” de la entidad, y corregir graves deficiencias administrativas detectadas en auditorías recientes, y que adjudican a una “descentralización histórica” que derivó en una estructura difícil de supervisar.
Dentro de esta medida, el Gobierno busca la disolución del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci), creado en 2022; y la derogación de la Ley 27.118 de creación del Régimen de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, por considerar que generó un esquema burocrático excesivo e ineficaz; entre otras reformas.
Puente entre el Estado y los pueblos indígenas
Ante esto, desde la Pastoral Aborigen destacaron que “el INTA cumple un rol fundamental en la generación y transferencia de conocimientos para el sector agropecuario, agroindustrial y rural, con presencia territorial concreta y trabajo articulado con productores, instituciones públicas, comunidades, cooperativas, gobiernos locales y múltiples organizaciones del entramado social y productivo de nuestro país”.
Muchas veces, señalan, “son el único puente entre las demandas y necesidades de los Pueblos Indígenas y los Estados tanto nacional, provinciales como municipales”.
A través de sus dependencias y con el trabajo de sus técnicos y profesionales, “recorren e impulsan el desarrollo de tecnologías adaptadas a cada región”, valoraron.
Además, destacaron que su tarea “se lleva adelante con diálogo y respeto de los derechos de los distintos pueblos con quienes trabajan”.
Una herramienta para el ejercicio de los derechos
El trabajo que desarrolla el INTA en los Territorios Indígenas, precisaron, “encuentra fundamento en los derechos consagrados en el Convenio 169 de la OIT [Organización Internacional del Trabajo], en la Constitución Nacional (art. 75 inc. 17) y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.
Dichas normas “reconocen el derecho de los Pueblos Originarios a participar activamente en la definición de políticas públicas que los afectan, a conservar sus formas de vida tradicionales, y a gozar de protección sobre sus territorios, bienes naturales y saberes ancestrales”.
En ese marco, “la labor del INTA, cuando se realiza con enfoque intercultural y participación comunitaria, es una herramienta concreta para el ejercicio efectivo de estos derechos”.
Por eso consideraron que “su fortalecimiento institucional permite consolidar procesos de autonomía y autodeterminación en los Pueblos Indígenas, favoreciendo prácticas productivas sustentables que respetan su cosmovisión y su vínculo con la tierra”, debido a que “las acciones técnicas que promueve, si se sustentan en la consulta libre, previa e informada, pueden contribuir a reparar históricas desigualdades estructurales, fortaleciendo la identidad cultural, la soberanía alimentaria y el desarrollo integral de las Comunidades”.
Por todo lo expresado, reafirmaron su apoyo “al INTA, a su personal técnico y profesional, a su trayectoria y su aporte a la vida de las Comunidades Indígenas y a la sociedad en general”.
Soy periodista, licenciada en comunicación por la Universidad Nacional de La Matanza en Argentina. Tengo experiencia laboral en organizaciones no gubernamentales. Desde 2016 me dedico al periodismo católico, primero en la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) y, desde 2022, como corresponsal de ACI Prensa para Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia.
