El senador colombiano Mauricio Giraldo anunció que citarán al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por sus polémicas declaraciones en las que afirmó que la patria potestad de los menores de edad pertenece al Estado.

El ministro dijo estas palabras durante la presentación del plan nacional de vacunación para enfrentar el aumento de fiebre amarilla en Colombia.

“De todo niño, niña, adolescente, menor de 18 años, la patria potestad es del Estado. Si hay alguna negación por parte de algún padre o madre para vacunar al niño, intercede el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)”, expresó Jaramillo.

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Luego dijo: “Ya hay una alcaldía que lo ha hecho muy bien y ha reportado más de 20 casos para que el Instituto Nacional de Salud intervenga para que estos niños sean vacunados. Porque la patria potestad sobre los niños está a nombre del Estado. Entonces ningún padre se puede negar a que sus hijos sean vacunados”.

Esto causó polémica a nivel nacional y recibió el rechazo de sectores a favor de la familia.

Entre ellos, el senador Giraldo, quien rechazó las declaraciones del ministro del gobierno de Gustavo Petro.

“Ministro, no se equivoque: con nuestros hijos no se meta. La patria potestad es de los padres, no del Estado. Lo dice la Constitución, lo establece el Código Civil y lo dicta el sentido común”, afirmó el senador.

Al día siguiente, el Ministerio de Salud sacó un comunicado para decir que las declaraciones del ministro habían sido “sacadas de contexto” y que “no deben interpretar como una manifestación o intención alguna de vulnerar los derechos parentales de los colombianos”.

Esto fue rechazado por el senador, quien indicó que “el ministro no improvisó ni fue malinterpretado, simplemente reafirmó lo que ya había oficializado en la Resolución 309 de 2025, expedida por su propio despacho”.

Mauricio Giraldo señaló que esta resolución “refleja una visión profundamente ideologizada que busca desmontar el rol de los padres en la crianza y protección de sus hijos”. 

“Permite que menores de edad accedan a procedimientos médicos sensibles —como aborto, tratamientos hormonales y cambio de sexo— sin el consentimiento de sus padres, promueve la “identidad de género” en la niñez, ignora la patria potestad, vulnera la libertad religiosa de las familias y habilita que los niños se identifiquen ante el sistema de salud sin intervención de sus padres”. 

Por ello, anunció que interpondrá una acción de nulidad con medida cautelar contra la resolución y que citará al ministro “a un debate de control político en el Senado, para que le rinda cuentas al país por esta grave intromisión en los derechos de los padres y la soberanía de las familias”.