Por Daniel Payne
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha cancelado dos contratos multimillonarios de reasentamiento de refugiados con la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés), una medida que ocurre mientras los propios obispos están demandando a la administración de Donald Trump por una importante congelación de fondos.
Dos cartas de “aviso de terminación” del 26 de febrero del Contralor del Departamento de Estado, Joseph Kouba, informaron al Secretario General Asociado de la USCCB, Anthony Granado, que dos acuerdos del año fiscal 2025 para el reasentamiento de refugiados, incluido un programa conocido como “Enduring Welcome” (Bienvenida Duradera), fueron “terminados de inmediato” porque “ya no efectúan las prioridades de la agencia”.
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Se ordenó a la USCCB “detener todo trabajo” en los programas “y no incurrir en nuevos costos” y “cancelar tantas obligaciones pendientes como sea posible”.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos describe el programa Enduring Welcome como “el programa de reasentamiento a largo plazo del gobierno estadounidense”, que reasienta a los aliados afganos y sus familias en Estados Unidos.
Los registros de 2024 muestran que los programas cancelados incluían dos subvenciones separadas por un total de aproximadamente 27 millones de dólares para el reasentamiento de refugiados. Las subvenciones debían cubrir un período de octubre de 2024 a septiembre de 2025.
El presidente de la USCCB, el arzobispo Timothy Broglio, dijo en una carta de diciembre de 2024 a los miembros del Congreso que los obispos estadounidenses han “expresado constantemente su apoyo a las personas que arriesgaron sus vidas y las vidas de sus familiares para ayudar a la misión estadounidense y al personal estadounidense en Afganistán”, incluso a través de Enduring Welcome.
El Departamento de Estado publicó la carta como parte de una presentación judicial relacionada con la demanda de la USCCB contra la agencia, presentada el mes pasado por lo que los obispos dijeron que era la suspensión ilegal de la financiación de los programas de refugiados en los Estados Unidos.
La administración Trump ordenó la suspensión de la financiación como parte de una serie de órdenes ejecutivas que emitió el presidente Donald Trump al asumir el cargo. Decenas de estados, grupos y organizaciones sin fines de lucro han demandado a la administración Trump por los recortes de financiación, argumentando que el gobierno excedió su autoridad al cancelar subvenciones y premios humanitarios.
En su demanda del mes pasado, la USCCB señaló que ha trabajado con la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de Estados Unidos durante “casi medio siglo” y que la oficina había comprometido “alrededor de 65 millones de dólares en fondos federales” para la USCCB y sus afiliados para servicios a refugiados en el año fiscal 2025.
En los últimos años, la USCCB ha recibido más de 100 millones de dólares anuales del gobierno federal para apoyar servicios de migración y refugiados.
Los obispos estadounidenses habían presentado su demanda en un tribunal de distrito de Estados Unidos, pero en su presentación la semana pasada el Departamento de Estado dijo que con la cancelación oficial del contrato, el asunto es ahora una “disputa contractual” que debe ser abordada por el Tribunal de Reclamaciones Federales.
La autoridad del tribunal de distrito sobre el caso ahora está “claramente ausente”, afirmó el departamento, ya que “los acuerdos de las partes ya no están en vigor”.
La USCCB no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el martes por la mañana. Sin embargo, en una presentación del lunes, los obispos argumentaron que la demanda “debe permanecer en el tribunal de distrito” porque el Tribunal de Reclamaciones Federales “no puede proporcionar la reparación más importante para la USCCB”.
La terminación del contrato, dijeron los obispos en la presentación del lunes, estaba “causando un daño irreparable a la USCCB, frustrando la misión de la conferencia de ayudar a los refugiados asignados a ella”.
“No hay duda de que sin los fondos que el gobierno prometió cuando asignó refugiados a la USCCB, la USCCB no podrá seguir brindando alimentos esenciales, alojamiento y capacitación a los miles de refugiados recientemente llegados bajo su cuidado”, dijeron los obispos.
“Cada día que pasa con la terminación ilegal en vigor es otro día en el que la USCCB no puede cumplir su misión de seguir el modelo de Jesucristo y servir a estos prójimos pobres y vulnerables”, argumentaron.
Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.
Daniel Payne es editor senior de Catholic News Agency. Anteriormente trabajó en College Fix y Just the News. Vive en Virginia con su familia.
