Un grupo de trabajo vinculado a las Naciones Unidas ha exhortado a los gobiernos a limitar la objeción de conciencia al aborto entre el personal médico y los hospitales, incluidos los religiosos.
El Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, integrado por cinco académicas y activistas feministas de diferentes países, fue creado por el Consejo de Derechos Humanos en 2010 para promover “las buenas prácticas relacionadas con la eliminación de leyes que discriminan a las mujeres”.
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En un reciente informe, esta entidad de la ONU indica que los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar que todos los hospitales realicen abortos, según informó la organización C-Fam, Centro para la Familia y Derechos Humanos.
Además, califican la objeción de conciencia institucional de “inadmisible” y la consideran una “violación de los derechos humanos”.
Afirman que la objeción de conciencia debe estar “estrictamente” definida y limitarse exclusivamente a personas físicas. En este sentido, el grupo insta a los estados a “prevenir y reformar leyes que amplíen en exceso la objeción de conciencia y que permitan que creencias personales sexistas y patriarcales determinen la prestación de atención sanitaria”.
También exigen que los hospitales dispongan de personal dispuesto a realizar abortos, incluidos los enfermeros y personal auxiliar. Esto fomentaría la discriminación hacia los profesionales que adoptan posturas provida.
Proponen que en caso de “urgencia” los médicos no pueden oponerse a realizar abortos y, si lo hacen, deben redirigir a la paciente hacia otro especialista que sí este dispuesto, aunque esto suponga ir en contra de su conciencia.
El grupo de trabajo también solicita la creación de sistemas de supervisión de la objeción de conciencia e instan a que las mujeres a las que se les niega un aborto puedan interponer acciones judiciales contra el gobierno o los servicios médicos responsables, argumentando que esta negativa es “inaceptable según el derecho internacional”.
Finalmente, reiteran que estas medidas deben ponerse en marcha para “garantizar el derecho al aborto seguro y legal, combatir estereotipos de género y asegurar la autonomía de las mujeres”. Insisten además en la necesidad de despenalizar el aborto en todas las circunstancias para que los médicos puedan realizarlo sin temor a las represalias legales.