Los obispos españoles, a favor de indemnizar a víctimas de abuso, incluso sin sentencia

Mons. Francisco César García Magán, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española. Mons. Francisco César García Magán, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española. | Crédito: CEE

Los obispos españoles se muestran proclives a que se indemnice a las víctimas de abusos sexuales, incluso en los casos en los que no haya sentencia contra un victimario, “si hay convicción moral” sobre el caso. 

Así lo ha expresado esta mañana el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Mons. Francisco César García Magán, durante una comparecencia ante los medios de comunicación. 

Al concluir los trabajos de la 123ª Asamblea Plenaria de la CEE, Mons. García Magán ha informado de que se ha aprobado por unanimidad un “proceso de trabajo para el Plan de reparación integral de víctimas de abusos sexuales” presentado por el Servicio de coordinación y asesoramiento de las oficinas para la protección de menores.

Ese plan, que será aprobado “lo antes posible”, pivotará en torno a tres ejes principales: la atención, la prevención y la reparación integral. Respecto del tercero, el portavoz episcopal detalló que incluye cuatro perspectivas: psicológica, social, espiritual y económica. 

Mons. García Magán especificó que la Iglesia Católica es favorable a la reparación en el ámbito económico a todas las víctimas. Cuando haya sentencia judicial, según lo que estipule el juez. 

Si no la hubiera, ya sea por fallecimiento de la persona denunciada, porque haya prescrito la causa o cualquier otro motivo, el portavoz de la CEE ha señalado que se estudiará “caso por caso” y, si se alcanza la “convicción moral”, se procederá a fijar una indemnización. 

Más en España

La determinación de los baremos para fijar las cuantías es materia que deberá abordarse en la elaboración del plan anunciado. Respecto de quién deberá hacer frente a las indemnizaciones, Mons. García Magán ha señalado que “lo tienen que pagar los victimarios, que son los que han hecho el delito y, en su caso, las instituciones implicadas”.

Estas instituciones, ha aclarado el portavoz, podrían ser las diócesis o un instituto de vida consagrada, por ejemplo, pero no la CEE como órgano de coordinación episcopal en España. 

Por otro lado, los obispos afirman que podrían formar parte de un fondo de reparaciones propuesto por el Defensor del Pueblo si fuera destinado a todas las víctimas de abusos. En el caso de que se destinara sólo a los casos que atañen a la Iglesia Católica, se crearía uno de gestión exclusiva. 

Mensaje al Pueblo de Dios

La Asamblea Plenaria de la CEE también ha aprobado la publicación de una carta al Pueblo de Dios centrada en la cuestión sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. 

Antes de su publicación, Mons. García Magán ha adelantado que la carta contiene, además de un anuncio sobre el mencionado Plan de reparación, “una petición de perdón explícita, clara, directa a las víctimas”. 

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Asimismo, se da detalle del trabajo que se ha desarrollado en los últimos años por parte de la CEE y las diócesis en este campo, por ejemplo, a través de la aprobación de protocolos de actuación y las oficinas de atención a las víctimas. 

La carta concluye con “una palabra de esperanza y de consuelo” dirigida a todo el pueblo de Dios, más allá de las víctimas directas, porque estos delitos también son “un atentado contra el Pueblo de Dios” y también provocan “una repercusión en la Iglesia”.

Fiabilidad de los informes

El portavoz episcopal también ha tenido ocasión de referirse al hecho de que un grupo de católicos inventaran una falsa denuncia de abusos que finalmente se incluyó en los informes publicados por el Defensor del Pueblo y el diario El País. 

Mons. García Magán ha declinado pronunciarse, sobre si el caso desvelado por ABC pone en entredicho la fiabilidad de los informes publicados. Tampoco ha querido hacer un juicio sobre las intenciones de los laicos que inventaron la denuncia para comprobar el grado de verificación de los casos. 

El portavoz sí ha pedido “que todo estudio de investigación se haga con el mayor cuidado y rigor” y ha puntualizado que este caso “a la Iglesia le llegó por el informe de un medio de comunicación [El País]. La congregación no pudo encontrar donde había pasado, pero lo puso, para seguirlo por si salían las víctimas”. 

Además, la falsa denuncia está incluido en “un primer avance del informe del bufete Cremades & Calvo-Sotelo” y aparecía como “que no se había podido verificar”.

Precisamente sobre el informe que encargó la CEE a este despacho, Mons. García Magán refirió que el pasado 17 de noviembre la CEE recibió un borrador del informe “sujeto a cambios”, de unas 800 páginas, que “no se corresponde con el índice originalmente aprobado”, subrayó. 

Junto a él, el bufete entregó 3 anexos con un cuadro provisional de denuncias y dos tablas sobre los mecanismos de prevención en las diócesis y las congregaciones religiosas.

ACTUALIZACIÓN: 24 de noviembre de 2023 a las 13:44 GMT+2

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