Los países del Nivel 3 no cumplen con los estándares mínimos de la legislación de Estados Unidos y "no están haciendo esfuerzos significativos para hacerlo". Estos países pueden enfrentar algunas restricciones de financiamiento en la asistencia extranjera según lo determine el presidente de los Estados Unidos.
Hay 24 gobiernos clasificados en el Nivel 3: Afganistán, Argelia, Bielorrusia, Birmania, Camboya, Chad, China, Cuba, Curazao, Yibuti, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Guinea-Bissau, Irán, Corea del Norte, Macao, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Rusia, Sint Maarten, Sudán del Sur, Siria, Turkmenistán y Venezuela.
Libia, Somalia y Yemen figuran en una categoría especial. El gobierno de Libia carece de control efectivo sobre grandes extensiones de territorio, y su sistema judicial no funciona plenamente desde el derrocamiento de Muamar Gadafi en 2014. La guerra civil y la crisis humanitaria en Yemen obstaculizan los esfuerzos para obtener información precisa sobre el tráfico allí, mientras que Somalia continúa enfrentando conflictos civiles y crisis humanitarias.
El tráfico patrocinado por el Estado es un problema en algunos países. El informe del Departamento de Estado culpa a 11 gobiernos con una "política o patrón" documentado de trata de personas, trata de programas financiados por el gobierno, trabajo forzado en sectores gubernamentales, esclavitud sexual en campamentos gubernamentales o el empleo o reclutamiento de niños soldados. Estos gobiernos son Afganistán, Birmania, China, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Rusia, Sudán del Sur, Siria y Turkmenistán.