El Gobierno de Israel anunció que, a partir de este jueves 1 enero de 2026, impide operar en Gaza y Cisjordania a más de 30 ONG, entre ellas Cáritas Jerusalén, al no renovarles los permisos exigidos por un nuevo y controvertido sistema de registro impulsado por motivos de seguridad.
El anuncio fue realizado este martes por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, un día antes de que expirara el plazo fijado para completar el nuevo registro obligatorio.
Las autoridades israelíes sostienen que la medida responde a la necesidad de impedir “la explotación de los marcos humanitarios con fines terroristas” y de garantizar “los estándares de seguridad y transparencia requeridos”.
Según el Ministerio, liderado por Amijai Chikli, alrededor de un 15 % de las organizaciones afectadas no entregaron a las autoridades israelíes “información completa y verificable sobre sus trabajadores”, uno de los aspectos más sensibles del nuevo sistema, que exigía datos detallados del personal —incluidos empleados palestinos—, de las fuentes de financiación y de las estructuras operativas.
Entre los requisitos más controvertidos del registro figuraba la obligación de que las organizaciones y sus empleados reconocieran a Israel como Estado judío y democrático, así como el compromiso de no promover acciones legales contra militares israelíes ante tribunales internacionales.