Análisis: ¿Cuándo es una política de deportación “intrínsecamente mala” y cuándo no? 

Como explicó San Juan Pablo II en su encíclica Veritatis Splendor de 1993, un acto “intrínsecamente malo” es aquel que, por su propia naturaleza, es “incapaz de ser ordenado a Dios” porque está en conflicto con “el bien de la persona hecha a su imagen”.  

El Papa cita Gaudium et Spes, la constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo moderno emitida por el Concilio Vaticano II en 1965, para ofrecer algunos ejemplos de males intrínsecos. 

Aunque el propio concilio no utiliza el término "intrínsecamente malo", hace referencia a la descripción que hace el concilio de las acciones que son "opuestas a la vida misma", que incluyen "asesinato, genocidio, aborto, eutanasia o autodestrucción voluntaria".  

También enumera, entre otras, acciones que "insultan la dignidad humana", como "condiciones de vida infrahumanas, encarcelamiento arbitrario, deportación, esclavitud, prostitución y la venta de mujeres y niños". 

Ni Juan Pablo II ni el concilio profundizan en el significado de "deportación" en este contexto en esos documentos específicos. Si bien en su encíclica Centesimus Annus de 1991 el Santo Padre habló sobre las deportaciones en el contexto de la expulsión forzosa durante la Segunda Guerra Mundial: “Como resultado de esta violenta división de Europa, enormes masas de personas se vieron obligadas a abandonar su patria o fueron deportadas por la fuerza”. 

Joseph Capizzi, decano de la Facultad de Teología y Estudios Religiosos de la Universidad Católica de América, declaró a CNA —agencia en inglés de EWTN— que el contexto parece referirse a deportaciones arbitrarias y sin el debido proceso, como durante la Segunda Guerra Mundial. 

“El contexto era, por supuesto, deportaciones masivas de personas sin el debido proceso y su tratamiento como bienes muebles”, afirmó. “Eso es, por definición, tratar a esos seres humanos como infrahumanos, ofendiendo la condición que Dios les dio al ser creados a su imagen y semejanza”. 

En relación con el mal intrínseco de las “condiciones de vida infrahumanas”, Capizzi afirmó que todas las personas “deben ser tratadas como seres humanos”, independientemente de su estatus legal. Ninguna persona, dijo, puede ser tratada “con crueldad” o “sin el respeto humano básico”. 

El P. Thomas Petri, OP, teólogo moral y expresidente de la Casa Dominicana de Estudios, declaró a CNA que la deportación, como aplicación de la ley migratoria, “en sí misma no puede ser intrínsecamente mala”. 

“Habrá un debate prudencial sobre qué constituye una deportación inmoral y malvada”, afirmó el P. Petri. 

“Incluso si hay desacuerdo sobre quién debe ser deportado, cuando la deportación se lleve a cabo, debe hacerse de una manera que no menoscabe la dignidad de quienes son deportados”, añadió. 

“Incluso cuando la deportación esté justificada, quienes son deportados [deben ser tratados]… humanamente, respetando la dignidad humana, que incluye el derecho natural a la alimentación, las condiciones de vida humanas [y] el acceso a la religión”, afirmó Petri. 

“Cualquier cosa que contradiga o dañe su dignidad humana es ciertamente grave”, concluyó Petri. 

¿Cuándo pueden los gobiernos limitar la inmigración?  

La Iglesia ha alentado constantemente a las naciones a acoger al extranjero, de acuerdo con el mandato de Cristo en Mateo 25:35, y también ha reconocido la necesidad de los gobiernos de proteger el bien común. 

En 1988, la Comisión Pontificia para la Justicia y la Paz publicó un documento titulado La Iglesia y el Racismo, que abordó el tema. 

En el caso de los inmigrantes y refugiados, la comisión afirmó que los gobiernos deben garantizar “el reconocimiento y la garantía de sus derechos humanos fundamentales”. Estas personas podrían ser “víctimas de prejuicios raciales” y correr el riesgo de sufrir “diversas formas de explotación, ya sea económica o de otro tipo”. 

El documento también reconoció que los poderes públicos son “responsables del bien común” y deben “determinar el número de refugiados o inmigrantes que su país puede aceptar”. Los gobiernos deben considerar las “posibilidades de empleo y sus perspectivas de desarrollo, pero también la urgencia de las necesidades de otras personas”. 

Otra preocupación es la necesidad de evitar “un serio desequilibrio social” que podría generarse “cuando una concentración excesiva de personas de otra cultura se percibe como una amenaza directa para la identidad y las costumbres de la comunidad local que las acoge”. 

El Papa Pío XII hizo observaciones similares al dirigirse a funcionarios estadounidenses en 1946, diciendo entonces: “No es sorprendente que el cambio de circunstancias haya provocado cierta restricción a la inmigración extranjera” y “en este asunto no solo deben consultarse los intereses del inmigrante, sino también el bienestar del país”.  

Tales restricciones, dijo, nunca deben olvidar “la caridad cristiana y el sentido de solidaridad humana existente entre todos los hombres, hijos del único y eterno Dios y Padre”. 

El Catecismo de la Iglesia Católica resume la postura de la Iglesia, enseñando que las naciones prósperas tienen la obligación, “en la medida de sus posibilidades, de acoger al extranjero”. El inmigrante tiene la obligación de “respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo recibe, obedecer sus leyes y ayudar a llevar las cargas cívicas”. 

“Las autoridades políticas, en aras del bien común del que son responsables, pueden sujetar el ejercicio del derecho a inmigrar a diversas condiciones jurídicas”, añade, sin promover la deportación masiva como un ideal moral. 

Capizzi afirmó que los gobiernos deben “proteger un bien común real”. En cuanto a la legislación migratoria, explicó que esto significa “a veces permitiendo la entrada de inmigrantes para ayudar, y también limitando la inmigración para permitir su integración en el país anfitrión y proteger la fuerza laboral del país”.  

La aplicación de la ley, dijo, puede ocurrir después de que una persona haya ingresado ilegalmente, pero los casos que requieren deportación deberían inspirar mayor prudencia. 

Petri afirmó que la principal preocupación surge "cuando se trata de personas que llevan 20 años en este país". 

"Existe una diferencia moral entre deportar a delincuentes violentos y deportar, por ejemplo, a un matrimonio que solo intenta ganarse la vida", afirmó. 

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.