4 de diciembre de 2025 Donar
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Jurista denuncia "irregularidades significativas" en el proceso canónico del caso Gaztelueta

Foto referencial./ Crédito: Mustafa Turhan / Unsplash.

El catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Palomino, cuestionó en un informe el caso Gaztelueta por “irregularidades significativas” en el proceso canónico y una “aparente supeditación de principios jurídicos a consideraciones de oportunidad”. 

El Caso Gaztelueta, conocido también como Caso Cuatrecasas, se centra en la denuncia contra el profesor José María Martínez, del Colegio Gaztelueta, vinculado al Opus Dei, por presuntos abusos sexuales contra el alumno Juan Cuatrecasas entre los años 2008 y 2010. 

El caso Gaztelueta concluyó con una doble resolución: por un lado, el Tribunal Supremo de España rebajó en 2020 la condena de Martínez Sanz de 11 a 2 años de prisión por abusos sexuales al alumno, al considerar insuficientes las pruebas de los episodios más graves, aunque mantuvo la culpabilidad por tocamientos y comportamientos inapropiados ocurridos entre 2008 y 2010 cuando la víctima tenía 12-13 años. 

Por otro lado, tras la intervención personal del Papa Francisco en 2022, que ordenó reabrir el caso canónico, el Vaticano emitió en marzo de 2025 una sentencia que ordenó expulsar al profesor del Opus Dei, confirmando los abusos pero sin establecer responsabilidades institucionales ni compensaciones para la familia.

Los familiares del alumno calificaron la resolución como "infamia" y "revictimizante" al considerar que no abordó el supuesto encubrimiento por parte de la organización. 

Por su parte, el profesor, que mantiene su inocencia, solicitó voluntariamente su salida del Opus Dei pese a considerar "injusta" la decisión vaticana.

“Un proceso disciplinario ad hoc

El estudio de Palomino, titulado El Decreto penal en el caso “Cuatrecasas-Martínez”. Guía de perplejos, fue incluido en el último número de la revista especializada Stato, Chiese e pluralismo confesionale [Estado, Iglesia y pluralismo confesional], publicada por el Departamento de Ciencias Jurídicas Cesare Beccaria de la Universidad de Milán.

El trabajo realizado por el jurista español analiza el Decreto penal canónico firmado por el recientemente nombrado Obispo de Málaga, Mons. José Antonio Satué, con el que el Vaticano dio por cerrado el caso, después de que el Papa Francisco lo reabriera tras una primera investigación canónica que no consideró probadas las acusaciones.

A lo largo de una treintena de páginas, Palomino argumenta “que el procedimiento no fue un verdadero proceso penal, sino un proceso disciplinario ad hoc”, y resalta lo que considera “varias irregularidades significativas” en el campo jurídico. 

Además, cuestiona “si la plena potestad papal puede anular principios jurídicos fundamentales y derechos humanos”, y concluye que el Decreto penal canónico “parece ser una respuesta a presiones externas y al impacto mediático, más que un proceso que se adhiera a las garantías del debido proceso”. 

Cinco conclusiones del informe

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El catedrático Rafael Palomino identifica cinco problemas graves en el manejo de este caso canónico que, según su análisis, revelan "complejidades y desviaciones significativas respecto de los principios fundamentales del Derecho penal y procesal, tanto canónico como secular".

El primer problema que señala es la irregularidad del proceso mismo. Palomino explica que "no se sustanció un verdadero proceso penal canónico" ni "se configuró un procedimiento administrativo penal en sentido estricto", sino que se optó por una vía improvisada que "se asemeja más a un procedimiento disciplinario interno de una institución eclesial". Esta desviación llevó "al uso repentino, a mitad del proceso, de los Estatutos del Opus Dei, para alcanzar un fin que excedía su propósito original".

En segundo lugar, el experto considera problemática la aplicación del canon 1398 §2, que permite sancionar a fieles laicos por delitos contra el sexto mandamiento con menores. Esta interpretación, según Palomino, "choca con el principio de interpretación estricta de las leyes penales" establecido en el canon 18.

El tercer aspecto que critica es la naturaleza de la sanción impuesta. Como explica el catedrático, "la expulsión de la Prelatura del Opus Dei no se corresponde con las penas previstas" en el Código de Derecho Canónico, transformando "una medida disciplinaria interna [del Opus Dei] en una pena expiatoria" canónica y quebrantando así "el principio de legalidad penal".

La cuarta irregularidad identificada es la aplicación retroactiva de la ley. Los hechos datan de 2008-2010, mientras que "la modificación del canon 1398, que incluye a los laicos como posibles sujetos activos de este delito específico, entró en vigor el 8 de diciembre de 2021", evidenciando "una vulneración del principio de irretroactividad de la ley penal".

En este sentido, añade que “la justificación de estas desviaciones procesales y sustantivas en la potestad suprema, plena inmediata y universal del Romano Pontifice (can. 331), plantea interrogantes sobre los límites de dicha potestad, especialmente cuando entran en colisión con derechos fundamentales de los fieles, como el derecho a un juicio justo y a la legalidad de las penas”. 

Finalmente, Palomino critica las deficiencias en el manejo de las pruebas, incluyendo "la inadmisión de pruebas documentales relevantes" y la "interpretación sesgada de testimonios que no corroboraban la tesis acusatoria". Estas irregularidades, concluye, "siembran dudas sobre la objetividad con la que se valoró la prueba" y sugieren una posible dependencia excesiva de las conclusiones civiles españolas sin una valoración autónoma en sede canónica.

El profesor concluye que todas estas irregularidades "comprometen seriamente las garantías del justiciable y la propia noción de justicia en el ámbito eclesiástico".

En conclusión, Rafael Palomino estima que el Decreto penal elaborado por Mons. Satué “parece ser más una respuesta a contingencias externas y a la búsqueda de una solución expedita ante un caso de alta repercusión mediática, que el resultado de un proceso llevado a cabo con todas las garantías” e identifica problemas que “dificultan la consecución de la justicia y minan la credibilidad del sistema”.

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