El P. Marcos Somarriba huyó de Nicaragua cuando era adolescente durante la revolución sandinista y se le concedió asilo político en Estados Unidos.
Décadas después, como sacerdote católico en Miami, está consternado al ver cómo la dictadura nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo refuerza su control sobre sus compatriotas, y la administración Trump anuncia planes para deportar a miles de sus compatriotas nicaragüenses que han estado en este país durante décadas.
“Mi pueblo, el pueblo nicaragüense, está atónito. No sabe adónde ir, qué hacer, y creo que el régimen no va a estar abierto a esto”, declaró el sacerdote al Register.
“Desaparecen a la gente, meten a la gente en la cárcel, exilian a la gente y no la dejan regresar al país”, añadió.
Tras el devastador huracán que azotó Centroamérica en 1998, dejando a 3.800 personas muertas y a más de medio millón sin hogar, Estados Unidos abrió sus puertas a los residentes de Nicaragua y Honduras, otorgándoles el Estatus de Protección Temporal (TPS). Esta designación los protegió de la deportación y les permitió trabajar, pero no les facilitó el acceso a la ciudadanía.
Ahora, muchos de esos extranjeros que han construido vidas, criado familias y comenzado negocios en Estados Unidos se enfrentan a la deportación bajo la presidencia de Donald Trump, que ha tomado medidas enérgicas contra la inmigración ilegal y ha ampliado la deportación de migrantes.