Los obispos de los Estados Unidos y Venezuela coinciden en rechazar la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para inmigrantes venezolanos, tomada en días recientes por la administración del presidente Donald Trump.
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó, el 1 de febrero, que eliminará la prórroga que la administración de Joe Biden anunció en enero de este año, y que permitía a los inmigrantes venezolanos acceder al TPS hasta octubre de 2026.
El TPS es un beneficio temporal de inmigración que se concede a los nacionales de un país que reúna los requisitos necesarios. Bajo su amparo, los inmigrantes pueden permanecer legalmente en territorio estadounidense y acceder a permisos de trabajo. La medida fue anunciada originalmente para Venezuela en 2021 y luego extendida en 2022, 2023 y 2025.
A raíz de la decisión del DHS, este beneficio migratorio expirará el 2 de abril de 2025. El gobierno estadounidense estima que alrededor de 350.000 inmigrantes venezolanos eran elegibles para el TPS bajo la última renovación del gobierno de Biden en 2023.
El DHS, encabezado por Kristi Noem, asegura que aunque ciertas condiciones que llevaron a la renovación del TPS para Venezuela en 2023 “pueden continuar”, su consideración es que en el país sudamericano “hay mejoras notables en varias áreas como la economía, la salud pública y la delincuencia que permiten que estos ciudadanos sean devueltos de forma segura a su país de origen”.
Noem considera, después de profundizar en el tema con otras instancias del gobierno, que la eliminación del TPS para inmigrantes venezolanos es necesaria “porque es contrario al interés nacional” permitir que ciudadanos venezolanos se establezcan temporalmente en Estados Unidos.