En conferencia de prensa del 20 de junio, la "Articulación Feminista", que agrupa a las ONGs abortistas Promsex, Demus, Cladem, las autodenominadas Católicas por el Derecho a Decidir, Flora Tristán y Manuela Ramos, confirmó que su objetivo es que sea el Estado y no los padres y/o tutores quienes tengan la responsabilidad de velar por la educación sexual de los menores de edad.
Consultada por la prensa durante el evento si es que las feministas buscan una "responsabilidad compartida entre los padres y el Estado" para la educación sexual de los menores, María Ysabel Cedano, de la ONG Demus, aseguró que ellas quieren que este deber recaiga "definitivamente en primer lugar del Estado".
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A pesar de que Rossina Guerrero, de la ONG abortista Promsex, reconoció que "actualmente existen servicios, existe política pública" para la educación sexual y atención integral de niños y adolescentes, así como que "el ministerio de salud tienen servicios diferenciados para adolescentes", las promotoras del aborto "demandamos más".
En su crítica al dictamen sobre el Código del Niño y del Adolescente, aprobado el 17 de junio por la Comisión de la Mujer del Congreso del Perú, las ONGs abortistas omiten mencionar que este en su artículo 19 indica que el Estado garantiza que la "educación básica" comprenda "una educación sexual integral que favorezca el ejercicio de una sexualidad responsable y saludable".
En la conferencia de prensa las abortistas calificaron como "retrocesos a los derechos de las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes" que se haya retirado del dictamen el supuesto derecho a una salud "sexual y reproductiva", con la que se pretendía insertar el aborto y la entrega de anticonceptivos a menores de 14 años, sin consentimiento de sus padres o tutores.
La "Articulación Feminista" criticó además que el dictamen "reconoce al concebido una primacía de derechos, una protección privilegiada"
Cedano recordó además el interés de las ONGs en que se debata "la iniciativa legislativa para despenalizar el aborto por caso de violación sexual", para la cual las ONGs feministas están recolectando firmas, bajo la campaña "Déjala Decidir".
Para la representante de Demus, al proteger al embrión y al no reconocer los llamados "derechos sexuales y reproductivos" lo que se hace es, en su opinión, negar "absolutamente los derechos a las mujeres, niñas, adolescentes que se enfrentan a esta situación" del aborto.
Consultadas por ACI Prensa sobre por qué se oponen a que se proteja al concebido, Rossina Guerrero dijo que no se oponen, sino que buscan "que las mujeres tengan embarazos deseados, saludables y seguros".
Al insistírsele sobre si lo que está detrás de todo su activismo es la legalización del aborto, Cedano esquivamente dijo que lo que buscan es "que las mujeres dejemos de ser miradas como criminales, nosotros estamos buscando avanzar en que el país se de un debate abierto, de cuáles son las razones por las cuales las mujeres recurrimos al aborto".
"Queremos que se dé un tratamiento al aborto de acuerdo a ley", dijo Cedano, obviando que el aborto en Perú es un delito y asegurando que las ONGs abortistas como la suya "nos ceñimos en estos momentos en lo que dicen las normas constitucionales y los tratados de derechos humanos".
Amenazante, dijo que estos supuestos derechos -que no están amparados ni en la Constitución ni en la legislación peruana, como tampoco en tratados internacionales firmados por Perú- "los hemos ganado, los hemos luchado y tenemos un estándar que no estamos a dispuestas a que se nos quite, a que se nos arrebate".
El 17 de junio, en la sesión en la que se aprobó el dictamen del Código del Niño y del Adolescente, la congresista Aurelia Tan de Inafuko, presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, quien en abril de este año garantizó el respeto a la vida y el rechazo a presiones del lobby abortista, subrayó que "el término 'salud sexual y reproductiva' no tiene referencia en nuestra legislación ni en convenios internacionales vinculantes".